MURCIA.- En la noche del lunes 14 de noviembre se produjo un nuevo
amotinamiento con fuga en el CIE de Murcia, la tercera en poco más de un
mes. "El pasado
día 7 de octubre tras la primera fuga, presentamos una queja formal ante
el Juzgado de control jurisdiccional del CIE de Murcia, el pasado 3 de
noviembre, interpusimos una petición a la Oficina del Defensor del
Pueblo tras el segundo incidente, en ambas hemos pedido el cierre de
estas instalaciones pues cada día que pase abierto supone más
sufrimiento y una amenaza para la seguridad de todos los internos y de
cuentas prestan su servicio en ese centro".
Desde Convivir Sin
Racismo seguimos denunciado las considerables deficiencias organizativas
y el incumplimiento de las medidas previstas en el Reglamento de
Funcionamiento y Régimen Interior de los CIEs y criticamos que pese al
carácter no penitenciario de estos centros, se siga apostando por
endurecer las condiciones del internamiento, atribuyendo funciones a
funcionarios policiales, ajenas a su cometido, preparación y formación
profesional en lugar de apostar por resolver los problemas frecuentes en
relación a la falta de transparencia y al derecho de información, tanto
de los internos, como de los letrados y las ONGs que les asisten; se
producen dificultades para el acceso al expediente personal del interno;
a que se facilite información sobre los diferentes procedimientos
administrativos y/o judiciales en que se ven inmersos; a la comunicación
y visitas sin trabas e impedimentos con sus familiares, amigos y
organizaciones sociales; a que sea informado en su propia lengua de los
derechos y obligaciones que tienen, así como sobre las normas básicas de
conducta en el CIE, a tener acceso a ropa limpia o a medios para poder
garantizar un aseo adecuado, a la atención médica adecuada, a una
alimentación suficiente".
Hoy reclamamos tanto a la Jueza
de Control del CIE de Murcia como al Defensor del Pueblo de España, que
intervengan de forma urgente en este centro de internamiento, que acaben
con las duras condiciones y con el clima de tensión constante que se
vive, que indaguen en las razones por las que de manera reiteradas se
producen estas situaciones y prevengan de posibles actuaciones lesivas
de derechos. Pues como ocurre en cualquier establecimiento público donde
se custodia a personas privadas de libertad, el ejercicio de los
derechos requiere de su reconocimiento, respeto y amparo primero por
parte de quienes prestan servicio en el lugar en cuestión, sea un
servicio policial o no y también por las instituciones públicas que
deben velar por su cumplimiento para que el derecho no se detenga en la
puerta de los CIEs.
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