miércoles, 30 de noviembre de 2016

Desamordazando / Ramón Cotarelo *

La infausta X Legislatura con mayoría absoluta del PP entre 2011 y 2015 consagró una involución democrática en el país de tales dimensiones que muchos empezaron a hablar de la "ruptura de los consensos básicos de la transición". Arrullados por los años de bonanza y la legislación esclarecida y generosa del primer gobierno de Zapatero y su problemática continuación en el segundo, los españoles se despertaron de repente ante un intento de retrotraerlos al franquismo. 
 
El mandato de Rajoy, con sus 186 diputados le permitió ignorar de hecho al Parlamento y gobernar por decreto ley con un autoritarismo que no solo se evidenciaba en las formas sinbo también en los contenidos. Los cuatro años en cuestión abundaron en normas arbitrarias, reaccionarias y nacionalcatólicas, pero cuatro de ellas tenían una importancia especial porque respondían al sentimiento más profundo de la derecha tradicional española, hoy maridada con una corriente neoliberal de procedencia anglosajona. 
 
Los cuatro puntos eran: la reforma laboral (que permitiera aumentar la tasa de explotación de los trabajadores activos o en el paro); la reforma educativa (que aumentara los privilegios de la enseñanza concertada y diera a la Iglesia de nuevo el poder en el sistema educativo); la reforma del aborto (que devolviera a las mujeres a la situación de subalternidad en la sociedad patriarcal); y el orden público (que estableciera un régimen de "seguridad ciudadana" represivo). 
 
Se añade a esto la actitud de hostilidad cerrada hacia Cataluña y el carácter estructural y generalizado de la corrupción y ya tenemos un régimen que cabe calificar tranquilamente de neofranquista. El que el PSOE ha permitido seguir en el poder merced a su abstención.

Pero hasta el granito escurialense que compone la mentalidad de la derecha española acusa el paso del tiempo. No fue necesario que el PP perdiera su mayoría absoluta en 2015 y 2016 para que alguno de sus ataques a las libertades y derechos de los ciudadanos se estrellaran contra la realidad. Tal el proyecto de Ley que el ex-ministro de Justicia, Ruiz Gallardón perpetró en contra de los derechos de la mujeres so pretexto de "emanciparlas" prácticamente prohibiendo la interrupción voluntaria del embarazo. 
 
Era tan retrógado, tan misógino, tan clerical el proyecto que hasta los compañeros de Gallardón se lo boicotearon y lo echaron para atrás. Así, de paso, nos quitamos de encima a quien, por otro lado, estaba dispuesto a poner la administración de justicia fuera del alcance de los justiciables que no fueran millonarios.

La situación actual del gobierno en minoría parlamentaria ya ha tocado los otros puntales del régimen involucionista de 2011: la reforma laboral, la educación y la seguridad ciudadana. Sobre la reforma laboral tenemos dos opiniones de dos empresarios radicalmente opuestas. Una, un catalán del gremio de hostelería que pide que se derogue y otra del dueño de las pipas "Facundo" que pide que se quede como está. El tal Facundo, según parece, está o ha estado en deuda con la Hacienda Pública. Juzguen ustedes quién tiene más autoridad moral al pronunciarse.

Las barbaridades de la LOMCE están siendo ya atendidas en una comisión tripartita del PP, el PSOE y C's. Las reválidas han quedado sin efecto. En realidad, toda la LOMCE ha quedado en el basurero de la historia y la legislatura apenas ha empezado. El gobierno ha hecho algún amago de defenderla, pero sin auténtica convicción.

Ahora le toca el turno a la desgraciada Ley Mordaza que probablemente sea la más simbólica de esta derecha neofranquista. La cúpula del ministerio del Interior, que la alumbró, especialmente el ministro Fernández Díaz, no solamente no era competente para el cargo sino que su conducta, su incapacidad para distinguir entre sus deberes públicos y sus alucinaciones privadas, lo hacía más idóneo para pasar una consulta psiquiátrica. Es una norma que muestra un espíritu cerrado, autoritario, arbitrario, reacio a la misma idea de derechos y libertades públicas y un desprecio por la dignidad del ciudadano. 
 
Otorga todo tipo de facultades discrecionales a los policías y despoja de sus derechos y libertades a lo ciudadanos, a los que apenas deja margen de recurso y a los que multa por comportamientos prohibidos con cantidades inverosímiles. Ese espíritu es el que compartían por aquellos años el ministro en cuestión y la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, hoy presidenta de la Comunidad. La gestión de esta en orden público estaba a tono con lo dispuesto luego en la ley: la policía podía hostigar a los ciudadanos pacíficos en la calle, se reprimía a voleo, poniendo multas a los viandantes a ojo de los agentes a los que no se podía ni fotografiar.

En fin esa norma abusiva, dictatorial (y eso que ha sido muy dulcificada al pasar por el Parlamento) es la que se pretende ahora derogar con el muy encomiable fin de devolver a las personas que vamos por la calle la condición de ciudadanos titulares de derechos, entre ellos, el de no ser hostigados a capricho por los agentes de la autoridad. Hay quien dice que no se puede derogar por completo porque se generarían vacíos legales. No tiene por qué. Si se deroga la Ley Mordaza puede volver a entrar en vigor la anterior Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana que esta mordaza había sustituido. En todo caso, tampoco es imprescindible derogar. Bastará con que la comisión la reforme a fondo y elimine de ella todos los ataques a la seguridad jurídica de los ciudadanos, todas las posibles arbitrariedades de la policía y los poderes públicos y todo ataque a los derechos y libertades públicas de los ciudadanos.

Los otros dos asuntos fuera de programa, la cuestión catalana por un lado y la de la corrupción por otro, siguen su curso y no está claro que el Parlamento español vaya a hacer algo al respecto. La cuestión catalana depende casi exclusivamente de la iniciativa política del independentismo. La de la corrupción, de la acción judicial. En los dos casos, el gobierno tiene poco que hacer.

Las tornas han cambiado mucho entre la X y la XII legislaturas. Lo que esta augura es una derrota tras otra del gobierno en todos los asuntos excepto, probablemente, en la cuestión catalana en la que la oposición presumiblemente votará con el ejecutivo. Y no está claro que con su estilo soberbio y arrogante, Rajoy sea capaz de aguantar mucho la labor de deconstrucción de un parlamento con mayoría absoluta de la oposición. Acabará convencido de que, si no convoca elecciones, no podrá gobernar.

Pero la convocatoria de elecciones es arma de dos filos. La presunción de que, de convocarse, favorecerían al PP no se basa en nada y, en consecuencia, se tratará de estirar algo el tiempo, hasta tener más seguridad. Ese interés dilatorio es el que comparte el gobierno del PP con la junta golpista del PSOE que, saltándose una vez más su deber a la torera, ha aplazado la reunión del Comité Federal prevista para diciembre a enero de 2017. Es difícil hacer oposición a un gobierno con el que se tienen tantos intereses comunes.

Pero el mayor de todo y el que permite suponer que, aunque el cuerpo le pida otra cosa, Rajoy no convocará elecciones, vuelve a ser Cataluña. El nacionalismo español no puede permitirse el lujo de andar sin gobierno en 2017, mientras la hoja de ruta del independentismo va avanzando.
 
Sí o sí

Los líderes de JxS reducen la disyuntiva clásica del “sí o no” a la fatalidad del único “sí”. Cada uno en su estilo. Tardà habló en sede parlamentaria de “referéndum sí o sí” y con posterioridad, el expresidente Mas ha hablado de “negociación sí o sí”. En los dos casos habla la convicción de que las cosas serán así, quiera o no el gobierno español.

Mas suele poner una nota de cautela y prudencia. Recuerda la necesidad de allegar más apoyos a la independencia y ahora, al parecer, trata de tranquilizar al empresariado, aun reconociendo probable algún sobresalto en 2017. Habrá quien vea en esto una diferencia notable, aunque conocida, de contundencia política y señale el temor a un replanteamiento, incluso un retroceso en el proceso independentista a cambio de alguna etérea negociación. Sin embargo es obligado recordar que la fuerza de ese proceso radica en su unidad y transversalidad, aspectos imprescindibles en las circunstancias actuales. Es decir, interclasista. No es muy acertado aplicar al proceso independentista un esquema de lucha de clases en sentido amplio. 
 
Tener fijada la fecha del RUI da solidez al proceso, pero no obliga a considerar exento todo el tiempo que media hasta su posible realización. Ese es el tiempo de las negociaciones “sí o sí”. No sería justificable rechazarlas sin más. Ya el solo hecho de que el Estado acepte negociar es un triunfo.

Luego se plantea el contenido y el resultado de las negociaciones., empezando por la necesidad de que el Estado suspenda la aplicación de sus medidas represivas hoy en marcha. No es creíble una negociación durante la cual el Estado sigue reprimiendo la actividad de las instituciones catalanas. A su vez, también el Estado planteará la simetría en la abstención, exigiendo que las instituciones catalanas suspendan su actividad durante la negociación. Esa es una muestra de la complejidad de los problemas que afectan a las negociaciones.

Mientras se inicia la negociación “sí o sí” van dándose pasos que condicionan las actitudes. Los comunes proponen constuituir una comisión parlamentaria para tratar de la “cuestión catalana”.No parece, desde luego, mucho, dada la composición del Parlamento español. Como iniciativa no molesta y apunta en una dirección correcta de convocar un órgano en el que puedan realizarse las negociaciones del “sí o sí”. Lo que sucede es que no puede ser de rango de Comisión parlamentaria. Tendría que apuntar más al tipo de Convención del máximo nivel parlamentario y convocada específicamente para la negociación.

El movimiento, por otro lado, básicamente la ANC, está articulando la “Asamblea de cargos electos” (AECAT) para que asuma los “poderes catalanes” en el caso de que el gobierno central suspendiera la autonomía de Cataluña. Parece bastante más eficaz que la Comisión parlamentaria sobre Cataluña. La AECAT es el germen de una institución que vendrá a substituir a las instituciones ordinarias catalanas caso de suspensión de la autonomía.

Pero, para que el gobierno suspenda la autonomía de Cataluña, en el caso de que pudiera hacerlo, que no está claro, las instituciones catalanas habrán dado algún motivo para ello, habrán adoptado alguna medida que justifique la suspensión a ojos del gobiern. El acto más evidente de este tipo es una DUI. Por esa declaración, el Parlamento catalán declararía a Cataluña fuera del ámbito de aplicación de las leyes españolas y, por supuesto, tendría que dar traslado de ello a la Corte Internacional de Justicia. En el interior, sin embargo, la suspensión de la autonomía carecería de efecto y el Estado tendría que echar mano de alguna figura de los estados de excepción.

Justamente es ante esa perspectiva muy verosímil cuando cobra todo su alcance la admonición de Mas: negociación “sí o sí”. Nadie está interesado en crearse más problemas de los que ya tiene. En el paquete de la negociación deberá entrar el otro enunciado de referéndum “sí o sí”.

Que el 75 por ciento de los catalanes sea partidario de un referéndum es una prueba empírica de que el referéndum es la solución al problema. Si la participación en él llegara al 75 por ciento, o lo sobrepasara, daría amplia legitimidad al resultado, fuere este el que fuere.
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED 

No hay comentarios: