MADRID.- Hasta no hace mucho, los expertos auguraban que el inicio de una nueva
ronda de fusiones bancarias no se iniciaría hasta que se hubiera creado
un nuevo Gobierno. Con Rajoy de nuevo al frente del Ejecutivo, las
prisas pasan a un segundo plano y todos esperan a que haya datos al
cierre del actual ejercicio antes de dar cualquier paso. Tanto la
renovación interna del Popular como la decisión que el FROB adopte sobre
Bankia y BMN serán determinantes ante cualquier movimiento, se dice hoy en www.capitalmadrid.com
Durante las recientes presentaciones de los resultados del
tercer trimestre (el menos atractivo, en teoría, por su condición
de estacionalidad veraniega), dos asuntos se han cruzado ante el
futuro a medio plazo del sector financiero español. Por un lado, el
futuro conjunto o por separado de las dos entidades
nacionalizadas, Bankia y BMN, así como la remodelación interna
del Popular.
La mayoría de los directivos de los bancos han
protestado ante la posibilidad de que el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) opte por la integración de BMN en Bankia. La
petición generalizada es que se opte por una libertad de
mercado sobre el futuro de las dos entidades aún
nacionalizadas.
Precisamente, BMN aún no ha dado a conocer
sus resultados del tercer trimestre, algo que se espera con cierta
ansiedad en algunos círculos para poder evaluar su interés por el
grupo que se creó bajo el liderazgo de la Caja Murcia presidida por
Carlos Egea. No obstante, cualquier decisión se adoptaría con las
cuentas a finales del actual ejercicio, según algunas fuentes
consultadas.
El juez obliga al BdE a explicar
si conocía la situación de la CAM
Por otra parte, el famosísimo "lo peor de lo peor" con que el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO) calificó a la CAM (Caja
de Ahorros del Mediterráneo) va a traer cola. La cuestión es si MAFO
descubrió esa situación cuando la intervino en julio de 2011 o si
la conocía con antelación en el ejercicio de su labor supervisora. Ahora
tendrá que aportar unos documentos en el juicio, que comenzará el 17 de enero, en los que supuestamente se refleja si estaba al corriente antes de que fuera inevitable su rescate y, por tanto, avaló unas cuentas presuntamente falseadas para no reflejar su insolvencia, dice hoy www.elconfidencial.com
El auto dictado este martes por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acepta una de las peticiones de uno de los acusados, Teófilo Segorb,
consistente en pedir al BdE que "remita a este tribunal la totalidad de
las actas del comité de integración del SIP y actas del consejo", para
lo que le da un plazo de un mes. El SIP (sistema institucional de
protección) se refiere a un proyecto de integración que se llamó
provisionalmente Banco Base y que incluía a la CAM y lo que hoy es Liberbank (Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura).
La línea de defensa seguida por Segorb, exdirector de planificación y
control de la CAM, pretende demostrar que el Banco de España era
consciente de esta situación —de hecho, fue lo que le llevó a promover
la fusión— y, por tanto, estaba al tanto de que las cuentas de la
entidad no reflejaban su situación real en ese momento. Es decir, el mismo argumento de algunos de los acusados por las tarjetas 'black':
lo que hicieron estaba avalado por las autoridades —en su caso, el BdE y
Hacienda— y, por tanto, no podían ser conscientes de que fuera un
delito y la responsabilidad debe recaer sobre tales órganos.
Ahora, el supervisor bancario va a tener que retratarse de nuevo en el
caso de la CAM, y esta vez en un juicio. Según fuentes jurídicas, "se
trata de una defensa bastante endeble, pero es lógico que la utilicen los acusados una vez llegados al juicio, porque no quedan muchas más opciones".
Aparte de Segorb, se sentarán en el banquillo en enero el expresidente de la CAM, Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol y los exdirectivos Francisco José Martínez García, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa.
Se enfrentan a penas de hasta siete años de prisión
por delito societario de falsedad en las cuentas anuales, estafa de
inversores, estafa agravada, apropiación indebida agravada,
administración desleal y falsedad en documento mercantil, supuestamente
cometidos en la "presunta alteración de las cuentas anuales" de 2010 y
2011 con intención de no reflejar la imagen fiel de la entidad, en los
"posibles perjuicios causados a los inversores" como consecuencia de
esas cuentas presuntamente falseadas, y en "las presuntas
irregularidades en materia de prejubilaciones", incentivos y bonus
extraordinarios que estos directivos se autoconcedieron.
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