Allá va la nación andaluza a competir
con las otras naciones españolas pero algo renegadas. Al impulso se ha
sumado Teresa Rodríguez, la líder de Podemos, avisando de que Andalucía
es de algún modo una nación. Como si no supiera en dónde está o
en qué consiste. Y le interesa encontrarla pronto porque, para cuando lo
haga, Díaz está ya en Bruselas, a hacerse ver en la Humanidad del himno
de Blas Infante, el de "tierra y libertad".
El País,
convertido en gaceta oficial de la campaña de Díaz por la SG, hace lo
que puede por darle imagen Y para ello nada mejor que mostrarla
sumergida en un mar de cámaras y micrófonos, como si fuera Clinton. No
solo informa sobre el presente de su pupila sino también sobre el
futuro, pues anuncia una viaje nada menos que a la UE que, como tal,
carece de toda localización precisa por ser un ente de razón que habita
en lugares tan distantes como Helsinki o Atenas. El problema de El País
es que a la candidata a la SG no la votan los electores ni sus
lectores, sino los militantes. Entre estos, Díaz tiene malísima prensa
por el golpe de mano que lideró para deponer a Sánchez. Y eso no se
arregla yendo a Bruselas, si es a Bruselas a donde va.
En
todo caso, parece perfilarse, de momento, un duelo a dos por la SG. El
otro, Sánchez, que se estrena el sábado, casi como si fuera un rally,
el comienzo de una cruzada. Todavía puede añadirse alguien más a la
contienda (y no es descartable la posibilidad de Pérez-Tapias, quien ya
compitió contra Sánchez en otra ocasión) y hacerla más reñida.
La
candidatura de Sánchez parece tener el apoyo de las bases que no están
con su adversaria. Pero solo lo parece. Ahora hay que materializar ese
apoyo de algún modo, hacerlo visible durante cuatro o cinco o seis
meses, hasta la convocatoria de las primarias. Es decir, Sánchez
necesita nombres, símbolos, una identidad, un logo. No puede ser
solamente "el hombre que devolverá el PSOE a los militantes".
Porque,
sobre no decir nada, no es lo que los militantes quieren; quieren elegir
un SG del que no tengan que avergonzarse. Además de la identidad el
llamado "proyecto" de Sánchez necesita un programa. Sucinto y claro:
regeneración del Estado, fin de la corrupción y profundización
democrática. Reforma constitucional que afecte a la Corona (con
inclusión de un referéndum) y al status de la iglesia católica.
Constitución económica en la que se establezca un sistema de protección
de las nuevas capas de trabajadores en una etapa de intensificación de
la explotación capitalista. En cuanto a Cataluña, apertura de una
negociación para un referéndum pactado de autodeterminación de los
catalanes.
Un programa de izquierda moderada, reformista, típicamente socialdemócrata.
La inútil represión
Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado "L'ésser i el voler ser",
en el que sostengo que el diálogo aparentemente ofrecido por el
gobierno central a la Generalitat es falso pues ni siquiera tiene el
gesto de paralizar los procedimientos penales que él mismo pone en
marcha. El artículo glosa el caso del juez Vidal, a quien el Supremo
confirmó ayer su pena de tres años de suspensión de empleo y sueldo. En
él se sostiene que afrontar la cuestión catalana como un problema de
orden público con medios exclusivamente represivos no servirá para nada
al nacionalismo español y, al contrario, avivará el independentismo
catalán.
No
había terminado de escribir el artículo y ya se conocían los siguientes
pasos en este peculiar diálogo en dos dimensiones absolutamente
distintas, como en diferentes galaxias. El juez Vidal, trocado en
senador Vidal, intervino en la sesión de ayer en presencia del gobierno y
pronunció un alegato impecablemente razonado, con lógica judicial, de
la absoluta falta de legitimidad del gobierno y el Estado españoles en
materia de independencia de la justicia. Un alegato demoledor, avalado
por el hecho de que quien lo pronunciaba es víctima directa de lo que
denuncia. Merece la pena ver el vídeo del juez Vidal y las caras y los gestos de Rajoy y Sáenz de Santamaría.
Pero
no se quedó ahí la cosa. Ayer, el Congreso votó en votación secreta
conceder el suplicatorio para que el Tribunal Supremo proceda contra el
diputado Homs por presunta desobediencia, creo. Si no he leído mal vino
Puigdemont a Madrid a apoyar a Homs. Eso es mucho. El gobierno y toda la
clase política debieran pensar a dónde conducen el país por la senda
del sostenella y no enmendalla. Porque ahora viene otra andanada
mediática: Forcadell citada a declarar en el procedimiento que también
se le sigue y del que puede resultar una inhabilitación. La única
respuesta que tiene el Estado a la demanda de un referéndum sostenida
por más del 70% de los catalanes es procesar a sus representantes,
democráticamente elegidos por cumplir el mandato de sus electores. Y eso
no tiene salida. Solo la unilateral.
El ser y el querer ser
El
Tribunal Supremo mantiene la sanción al juez Vidal de tres años de
suspensión de la carrera judicial por haber contribuido a la redacción
de un proyecto de Constitución para la República Catalana. No se han
considerado sus razones de que la sanción no tiene fundamento jurídico
sino ideológico y de que, en todo caso, la posible falta ya había
prescrito cuando se le sancionó. Por supuesto, lo esencial es la primera
razón, si motivaciones jurídicas o ideológico/políticas.
Para
decidir habría que saber qué carácter reviste ese proyecto de
Constitución, si es un panfleto, un comunicado, un llamamiento a la
movilización. Teniendo en cuenta que es una Constitución de la República
Catalana, es decir, un futurible, hasta podría tratarse de una utopía.
Las utopías no han gustado nunca al poder. A modo de aviso, el fundador
del género, Tomás Moro, murió decapitado.
Hasta
aquí no se llegará en la presente ocasión, pero es conveniente saber
hasta dónde se llegará. Por supuesto que en la sanción al juez Vidal hay
una gran carga ideológica. Pero es una ideología básica del Estado
español, que lo ve como única nación y a la mayoría de los jueces no le
parece ideología sino el fundamento mismo de legitimidad de su
actuación. Lo mismo le sucede, aparentemente, al juez Vidal, tan movido
por su idea de la legitimidad de la nación catalana como sus colegas
sancionadores por la española.
Es
un conflicto de legitimidad que se está dirimiendo en un terreno de
legalidad, mucho más estrecho. En este, cada una de las partes no puede
sino hacer lo que hace. El juez Vidal propugnar la independencia de
Cataluña; los tribunales españoles sancionarlo por ello. Los dos saben
que es un proceso de acción-reacción que se autoalimenta hasta conducir a
situaciones (más) indeseables. Pero no pueden evitarlo, como en las
tragedias griegas.
Actualmente
el juez Vidal es senador. Desde el Senado, en representación de ERC,
seguirá argumentando en pro de la independencia de la República
Catalana. Es más, al encontrarse “suspenso” de la carrera judicial,
podrá intervenir también en la vida pública catalana, incluso reanudar
sus tareas redactoras del proyecto. Habrá quien sostenga que, estando
“suspenso”, sigue en la carrera judicial y, por lo tanto, podría
solicitarse ya su expulsión completa. Pero eso sería una arbitrariedad
ya que el senador podría argumentar que está redactando un proyecto de
Constitución de la República Catalana para presentarlo a la
consideración de las Cortes españolas, por si tuvieran a bien aprobarlo.
Entra dentro de lo filosóficamente imaginable que el Estado que es,
deje lugar para el Estado que quiere ser.
Es
obvio que la política meramente represiva no va a bastar para aquietar
el impulso independentista. Al contrario, va a avivarlo. La experiencia,
el sentido común, el realismo, así lo muestran. El independentismo se
ha ganado el ser tratado como una cuestión político-constitucional que
está pidiendo negociación bilateral urgente. El considerarlo, cual ha
hecho hasta ahora el gobierno central, como un mero problema de orden
público, solo da como resultado aumentar la movilización independentista
fabricándole un panteón de héroes y mártires, Vidal, Mas, Forcadell,
etc, tienen una enorme proyección simbólica, son referentes que
focalizan una voluntad colectiva.
Parece
atisbarse un nuevo talante en el gobierno del PP, un mayor empeño por
entenderse con Cataluña y la Generalitat lo ha acogido con gran
celeridad por iniciativa del vicepresidente. Justamente ahí parece
haberse introducido un equívoco, si es un equívoco y no una manipulación
infantil cuando se insinúa que los independentistas cambiarían la hoja
de ruta y el referéndum por unas conversaciones del nivel que fueran con
el Estado.
La
negociación posible que el gobierno apunta y la Generalitat acepta
tendrá que empezar con la cuestión del referéndum ¿Con qué, si no? La
feroz oposición de principio del PP del “carácter innegociable de la
soberanía nacional” se elimina a base de negociar un referéndum catalán y
someterlo a la aprobación de las Cortes españolas, que son las
depositarias de dicha soberanía. Si el gobierno se presentara ante el
Parlamento con un proyecto de referéndum negociado, con una pregunta
binaria clara, “sí” o “no”, las mayorías necesarias también negociadas y
negociado asimismo el plazo de carencia hasta el siguiente referéndum,
¿por qué no iba a aceptarse si es la única forma democrática y
civilizada de encauzar este conflicto?
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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