jueves, 13 de octubre de 2016

Las Marchas de la Dignidad llaman a los murcianos a manifestarse contra el TTIP

MURCIA.- Las Marchas de la Dignidad de la Región, que agrupan a más de 40 organizaciones y entidades sociales, convocaron una concentración este sábado, 15 de octubre, a las 11.30 horas en la Glorieta de Murcia para protestar contra los tratados de comercio que la UE negocia con Estados Unidos y con Canadá, al entender que supondrían implantar en los países europeos prácticas "peligrosas" de los países del otro lado del Atlántico que "ahondarían en la privatización de sectores, eliminarían derechos de los ciudadanos y pondrían en riesgo la salud".

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) con Estados Unidos, el acuerdo de libre comercio con Canadá (CETA) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA) afectarán a "toda la economía de la Región de Murcia, porque va a cambiar en función de lo que digan las multinacionales", pero también influirá en sectores como la agricultura, ganadería, la pesca, el sector servicios, los sectores públicos y el sector medioambiental, "ya degradado", según advirtió el portavoz de las Marchas de la Dignidad, Ginés Fernández.
Por todo ello, Fernández animó a todos los ciudadanos a dar "el do de pecho" el 15 de octubre para decirles a los gobernantes regionales, estatales y europeos "que no queremos tratados que quiten derechos; que estamos en contra de las políticas de la UE y de la austeridad y que queremos vivir con dignidad", tal y como declaró en una rueda de prensa ofrecida junto al representante de USO, Pepe Sáez, y de Greenpeace Murcia, Félix Pina.
Esta protesta se enmarca en la Semana internacional de la lucha contra la pobreza, el TTIP, el TISA y el CETA, que tiene convocadas más de 50 movilizaciones en capitales y grandes ciudades de toda España el 15 de octubre.
En concreto, la movilización va dirigida "contra unos tratados que se están negociando por unas élites económicas y políticas que se han puesto del lado del capital y grandes multinacionales, en contra de las instituciones españolas y europeas, a espaldas del pueblo y de la mayoría social de los ciudadanos del conjunto de los países a los que van a afectar los tratados".
En concreto, señaló que los sectores afectados pertenecen, fundamentalmente, al ámbito público, como la Sanidad, en la que "se primará la privatización". En la Educación, se "culminará la privatización de lo poco que quede y se regulará a la baja las condiciones que ahora mismo tienen esos sectores", según Fernández, quien lamentó que se verán "eliminados o mermados" los derechos de los ciudadanos que hoy conocemos, "conseguidos con décadas y siglos de lucha".
Se trata, según Fernández, de ahondar en la línea emprendida por la UE y las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial de "ir eliminando derechos con la excusa de la llamada austeridad, que no es otra cosa que eliminar permanentemente derechos para que el gran capital siga acumulando riqueza en detrimento de una distribución de la riqueza".
Por su parte, el representante de Greenpeace Murcia en las Marchas de la Dignidad, Félix Pina, advirtió de que muchas de las leyes que tienen actualmente los países de la UE "se van a ver como barreras técnicas para el comercio", y citó como ejemplo la regulación de la extracción de combustibles fósiles o el 'fracking', que "son legales en Estados Unidos".
Pina también explicó que estos tratados podrían suponer la utilización en la UE de nuevos productos químicos "peligrosos" tanto en la limpieza como en la cosmética que son legales en Estados Unidos.
En el caso de la Región de Murcia, señaló que se vería especialmente afectada por la entrada de nuevos pesticidas, plaguicidas y cultivos transgénicos, porque la legislación a este respecto en los Estados Unidos "es menos estricta que en la UE". Esto supondría "la incorporación de nuevos tóxicos a nuestros platos y un perjuicio a nuestra salud".
Al aprobar el TTIP, CETA y TISA, "se pondrían en marcha nuevos tribunales independientes en los que las empresas, en el caso que sus inversiones se vean perjudicadas por la ley de un gobierno europeo, podrían demandar al país respectivo y reclamar las indemnizaciones correspondientes".
Por su parte, Sáez advirtió que la administración de Justicia ordinaria "no va a mandar nada, ya que se va a constituir un comité arbitral en el que van a estar representados los que firman estos tratados, y son los que van a decidir".
Sáez señaló que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene ocho convenios fundamentales, cuatro de ellos prioritarios, y 117 de carácter técnico.
En este sentido, la UE tiene los ocho convenios fundamentales suscritos, mientras que los Estados Unidos solo tiene dos de ellos firmados y no está adherido, por ejemplo, al convenio sobre libertad sindical y protección de derecho de sindicación, el convenio sobre igualdad y remuneración, el convenio sobre la discriminación en el empleo y la ocupación.
Además, según lo que se filtró a la opinión pública de los tratados, los Estados Unidos "podrían incluso desplazar trabajadores temporalmente a los países europeos".
De los 177 convenios técnicos, Estados Unidos "solo tiene recogidos 11, lo que crea una divergencia laboral que mucho nos tememos que, al final, conducirá a su no aplicación", advirtió. Entre ellos, por ejemplo, se encuentran convenios sobre la edad mínima en la agricultura o sobre colocación de la gente del mar, que fueron ratificados hace tiempo por los países de la UE.
"Las multinacionales para las que este tipo de legislación no sea aplicable, al final van a ejecutar la regulación que ellos tienen suscrita", según Sáez, quien lamentó que esta situación "va a provocar un desequilibrio en las relaciones laborales y en perjuicio de los más necesitados, que son los trabajadores".

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