MURCIA.- La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación
'SEQUÍA', una investigación dirigida a esclarecer la sustracción de agua
en la comarca del Noroeste, que se ha saldado con la investigación de
cuatro personas a las que se les ha instruido diligencias como presuntos
autores de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente
captación ilegal de aguas terrestres y subterráneas, tras destapar unas
instalaciones ilícitas que derivaban agua del cauce del río Quípar y del
Arroyo del Chaparral.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la
Benemérita, tras detectar la instalación de una bomba sumergida en el
cauce del río Quípar, término municipal de Cehegín, instalada para
extraer agua, inició la investigación con la finalidad de verificar el
lícito uso de la bomba hallada.
Las primeras pesquisas se desarrollaron en torno a la
infraestructura, instalada para la extracción de los recursos del río,
con el objetivo de descubrir todo su recorrido e identificar a sus
responsables. Además se contactó con la Guardería Fluvial para verificar
la existencia de autorizaciones que permitan la instalación y uso de
dispositivos como el hallado, verificando la carencia de cualquier tipo
de autorización de uso de bombas extractoras de agua en la zona.
Además, la Guardería Fluvial informó a la Guardia Civil de una
segunda bomba extractora de agua instalada en el nacimiento natural del
barranco de Arroyo del Chaparral, en una zona próxima a la encontrada
inicialmente y que también carecía de la preceptiva autorización, por lo
que se continuó con la operación con el objetivo de esclarecer los
hechos e identificar a sus responsables.
La bomba e infraestructura instalada para elevar agua del cauce del
río Quípar abastecía en exclusiva una plantación de melocotoneros de una
familia del municipio. La investigación ha permitido también averiguar
que la segunda bomba extractora, hallada en el nacimiento de Arroyo del
Chaparral, abastecía una heredad de agua, de la cual sería presidente
una de las personas relacionadas con la colocación y uso de la primera
bomba extractora.
Tras obtener todos los indicios necesarios, los guardias civiles han
localizado, investigado e instruido diligencias a cuatro personas como
presuntos autores de delito contra los recursos naturales y el medio
ambiente captación ilegal de aguas terrestres y subterráneas, por el uso
continuado de dos bombas extractoras de agua que captaban aguas
terrestres y subterráneas, una actividad que podría causar daños
sustanciales a las aguas, animales y plantas de la zona.
El Seprona también ha contado con la colaboración de la Consejería de
Agua, Agricultura y Medio Ambiente Servio de Sanidad Vegetal de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), para la valoración de
los daños causados en la cuenca pública, que elaboró unos informes
técnicos en los que se ponía de manifiesto que la captación ilegal
detectada en el cauce del río Quípar rondaría, al menos, los 20.000
metros cúbicos de agua.
En el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), el
Real Decreto 356/2015, prorrogado por el Real Decreto 335/2016, declara
la declaración de sequía con un grave déficit de recursos en la cuenca
del Segura.
Debido a situaciones como la actual, con escasas precipitaciones en
los últimos años, no es extraño que prolifere la instalación de
mecanismos extractores de agua de cauces públicos, acrecentando el mal
estado de ríos y nacimientos naturales que, sin un control adecuado,
pueden llegar a causar graves prejuicios en la naturaleza.
El delito contra los recursos naturales y el medio ambiente captación
ilegal de aguas terrestres y subterráneas se encuentra recogido en el
vigente Código Penal que lo define como el que, contraviniendo las leyes
u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio
ambiente, realice directa o indirectamente captaciones de aguas que, por
sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños
sustanciales en la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o
animales o plantas, y es castigado con penas de prisión de dos a cinco
años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para
profesión u oficio por tiempo de uno a tres años, si las conductas
anteriores pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas
naturales.
Los investigados 3 hombres y una mujer, españoles, con edades
comprendidas entre los 40 y los 52 años, y vecinos de Bullas y Cehegín y
las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado
de Instrucción nº 3 de Caravaca de la Cruz.
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