MURCIA.-"Si efectivamente las cuotas acabaron al 99% en manos de
minoristas debería investigase si la inversión constituyó una maniobra
de ocultación a la CNMV de la realidad de la operación", expone el
escrito, que de este modo contradice el criterio de la juez Lamela.
En autos anteriores, la titular del juzgado central de
Instrucción nº 3 rechazó dicha prueba testifical, solicitada por
varias acusaciones particulares, al estimarla poco relevante para el
devenir de la causa.
El pasado junio, la magistrada volvía sobreseer esta pieza
separada del caso CAM al estimar que los estados financieros de la
emisión y suscripción de las cuotas eran los de diciembre de 2007, no
aquellos de 2010 y 2011, sobre los que recaen las sospechas.
Ahora la sala estima los argumentos de los afectados,
quienes alegaron que, pese a todo, cuando se tramitó dicha operación en
el primer semestre de 2008, los directivos de la extinta caja, hoy
integrada en Banco Sabadell, ya "incurrieron en prácticas atípicas y en
conductas no adecuadas" que perjudicaron al inversor, como se desprende
del peritaje del Banco de España presente en el sumario.
De igual modo, niega que se trate de una "investigación
prospectiva" máxime cuando algunos de los testigos, entre ellos un
exconsejero y otros exempleados de la CAM, desvelaron posibles indicios
de una actuación delictiva en la comercialización entre minoristas y
jubilados de las cuotas.
El escrito también afea la conducta del Ministerio Fiscal,
que señaló una supuesta falta de parcialidad por parte de uno de los
integrantes de la sección tercera de la sala de lo Penal, a quien no se
identifica.
En este sentido, el tribunal, compuesto por los jueces
Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Ana María Rubio, rechaza dicha
consideración por "extemporánea" ya que el fiscal "no hizo manifestación
alguna" cuando conoció su composición.
Según informaron fuentes de Adicae, la asociación espera que
la decisión suponga un "punto de inflexión" en la investigación y la
depuración de responsabilidades por la "venta masiva de productos
tóxicos", una maniobra que atribuye al "expolio cometido por los
directivos sobre estas entidades".
La Audiencia Nacional levantó por segunda vez el archivo del
caso por las cuotas participativas de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM) que afectaron a unos 55.000 ahorradores y ordenó a la
juez de instrucción Carmen Lamela reabrir las diligencias de
investigación.
En un auto fechado el pasado 11 de octubre, el tribunal
considera "imprescindible" la práctica de nuevas pruebas, como la
propuesta por la asociación de consumidores Adicae que consiste en la
declaración de afectados y comerciales de la entidad para aclarar los
pormenores de la información ofrecida al cliente.
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