miércoles, 19 de octubre de 2016

El Grupo Popular pide al fiscal que investigue las permutas de siete policías locales de Cartagena

CARTAGENA.- El grupo municipal del Partido Popular ha pedido a la Fiscalía que investigue si son legales las permutas que el Gobierno de López y Castejón ha utilizado para incorporar a siete agentes a la plantilla de la Policía Local de Cartagena sin realizar ningún concurso ni proceso selectivo previo.

El Grupo Popular ha informado al fiscal que el Gobierno ha aumentado este año la plantilla de la Policía en siete agentes fingiendo que esos nuevos funcionarios sustituían a otros tantos policías que, en realidad, no abandonaron su puesto. Con este sistema, el Gobierno incrementó el personal sin convocar un proceso de selección, burló el limite legal de reposición y pudo decidir arbitrariamente quién es nuevo policía en Cartagena.
Para conseguirlo se habría elaborado una trama de solicitudes y autorizaciones, realizadas sin informes jurídicos, con los que se intentó simular que se había producido un intercambio de policías con otros ayuntamientos españoles.
"Creemos que el Gobierno ha tomado otra vez un atajo ilegal para saltarse las normas. Se ha jugado con la buena fe de muchos funcionarios y se han quitado siete oportunidades de ser policía en Cartagena a muchos jóvenes que esperan la ocasión para competir en unas oposiciones".
"La ley concede a los funcionarios la posibilidad de intercambiar sus puestos con otros funcionarios que desempeñen en propiedad una plaza igual en otro ayuntamiento. Los funcionarios se cambian el puesto y los ayuntamientos no gastan más porque mantienen la misma plantilla. Pero en Cartagena no ha habido intercambio y tenemos siete funcionarios más, pagamos siete policías más y ninguno de ellos ha entrado por oposición".
Francisco Espejo ha explicado que el gobierno anterior recibió peticiones para que se hiciera estas permutas utilizando para intercambiar plazas que estaban vacantes por excedencia o ascenso. "Nuestro Gobierno lo descartó porque los técnicos advirtieron que era ilegal, pero ahora, con las mismas leyes y los mismos técnicos, hay un gobierno nuevo que sí las ha hecho y tendrá que explica cómo".
"Estas cosas sólo pueden pasar en un Ayuntamiento en el que se hace lo que dice el jefe porque lo contrario puede llevar a una persecución en el puesto de trabajo y a ser desacreditado públicamente".

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