Cámara declarará el 8 de noviembre ante el juez por el viaje en 'jet' a Estambul

MURCIA/MADRID.- El Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga el denominado 'caso Umbra' citó a declarar este viernes en calidad de imputados -ahora investigados- al exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara, el promotor ilicitano Ramón Salvado Águeda y el exdirector de la Gerencia de Urbanismo Alberto Guerra por un presunto delito de cohecho por el magistrado instructor de las diligencias previas en la pieza separada del 'caso Umbra' denominada 'Teatro Circo'. Cámara y Guerra han sido citados para declarar el ocho de noviembre, y Salvador Águeda para el día diez.

Esta parte investiga sobre la presunta corrupción urbanística en la expansión norte de la ciudad. En concreto, el magistrado llama a Miguel Ángel Cámara por un viaje en jet privado a Estambul (Turquía), realizado en compañía de uno de los mayores promotores del municipio, Ramón Salvador Águeda, que igualmente ha sido citado para declarar en la misma condición de investigación.

El Juzgado sospecha que ese viaje de varios días en el que participó Cámara pudo ser "un posible regalo" por presuntos favores urbanísticos, por lo que el magistrado David Castillejos ordena a la Guardia Civil que investigue todo lo relativo al viaje y quién pagó el importe.

Otro de los investigados en esta nueva pieza sobre presunta corrupción será el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, en su caso, por tres relojes de lujo que pudo comprar a bajo precio y, en especial, sobre una reunión en un yate de Salvador Águeda que estaba anclado en el puerto de Denia (Alicante) y en el que se les veía cuando jugaban una partida de dominó.

Finalmente, la resolución judicial investiga también al exgerente de Urbanismo del consistorio murciano Alberto Guerra, que deberá declarar sobre las cacerías organizadas en España y en África y sobre quién las costeó.

Anticorrupción recurre el permiso penitenciario concedido a Roca

 

La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que presentará un recurso de apelación contra la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional de conceder un permiso penitenciario al principal condenado en el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, que lleva más de diez años en prisión.

La decisión del Ministerio Público se basa, entre otros aspectos, en que el exasesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) no ha satisfecho aún 53 millones de euros que fue condenado a devolver en esta causa.
El pasado martes, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional concedió el permiso penitenciario a Roca argumentando que éste ha cumplido “en exceso” la mitad de la condena, que tiene un “excelente” comportamiento, que ha iniciado el pago de las responsabilidades y que “ha asumido la actividad delictiva y pedido perdón especialmente a la ciudad de Marbella y sus ciudadanos”.