La confesión de Correa es incompleta y fraudulenta y en consecuencia
su colaboración con la Justicia es muy escasa y se limita a corroborar
cuanto ya estaba en los documentos del famoso ‘pendrive’ de su doble
contabilidad.
Ha dejado claro que cobraba comisiones a empresarios que se repartía
con Bárcenas y el PP, muchas de ellas a través de concursos públicos con
el ministerio de Fomento donde estuvo Paco Álvarez Cascos, supuesto
PAC. Siglas que Correa se niega a identificar y coinciden con el PAC que
aparece en los ‘papeles de Barcenas’ de los sobresueldos a los
principales dirigentes del PP.
De los empresarios beneficiarios de contratos públicos y pagadores de
las comisiones al PP, cómplices del cohecho, Correa tampoco dice nada y
los tapa como ha pretendido ocultar la responsabilidad de sus más
allegados colaboradores.
El tiempo que se investiga afecta directamente a la máxima
responsabilidad de Jose María Aznar como presidente del partido que
-como Felipe Gonzalez en tiempos de Filesa o los GAL o de Jordi Pujol
con el 3% en Cataluña- tenía bajo su mando una organización delictiva
para favorecer electoralmente al PP alterando con ventaja el resultado
electoral, y todo ello con el cohecho y la prevaricación de cargos
públicos de su gobierno.
Naturalmente esperar de Aznar un gesto de arrepentimiento por lo
ocurrido bajo sus mandatos es tan inútil como pretender lo mismo a
propósito de sus mentiras sobre la guerra de Irak o sobre los atentados
terroristas del 11-M en Madrid. Pero todo ello -como sus temerarios
pactos del Majestic con Pujol- aumenta las sombras del paso de Aznar por
el poder y reduce las luces, que las hubo, de su buena gestión en otras
áreas de la política y la economía en sus ocho años de presidente de la
nación.
En el caso de Gürtel la actual dirección o gestora del PSOE califica
como ‘hechos ya conocidos’ las revelaciones de Correa para justificar su
probable abstención en la investidura de Rajoy. El actual presidente en
funciones del Gobierno queda pues al margen del núcleo duro de aquella
trama, porque ascendió a la presidencia del PP a finales de 2014 y se
juzgan los años comprendidos entre 1999 y 2005, aunque Rajoy fue durante
ese tiempo vicesecretario general del PP y vicepresidente de Aznar.
Al fondo de todo ello aparecen negros capítulos de la reciente
Historia de la transición española donde todas las instituciones del
Estado, todas incluso La Corona, el Poder Judicial, el bipartidismo, el
Banco de España, la Guardia Civil (con el episodio de Roldán), etc,
quedaron manchadas por la corrupción al tiempo que aparecían al
descubierto las graves carencias democráticas y la ausencia de los más
elementales controles del sistema político español.
Lo que obliga a provocar un cambio profundo de la política española -ahí
incluida la Constitución- que no va a llegar en esta legislatura
inestable que se acerca -si Rajoy es investido- porque esas reformas de
calado solo las pueden llevar a cabo dirigentes limpios y fuera de toda
sospecha lo que pasa por la renovación del liderazgo del PP y por un
nuevo líder en el PSOE.
(*) Periodista
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