MULA.-
La fiscal del caso ha solicitado hoy una multa «mínima» de tres euros por día durante un
mes (unos 90 euros en total) para cinco activistas de la Plataforma
Antideshaucios (PAH) que el pasado 14 de junio participaron en la 'toma'
de una sucursal de Cajamar para solicitar la
condonación de deuda para una afectada por una orden de desahucio en
Bullas, según informó posteriormente su portavoz, el sacerdote Joaquín Sánchez.
Los
activistas fueron denunciados por la entidad almeriense y hoy han acudido al juicio
que se celebraba en Mula por un presunto delito de coacciones. La defensa pide la absolución por considerar que nunca incumplieron la ley ni usurparon la oficina bancaria.
En un principio la dirección de Cajamar se comprometió con la familia a
clausurar la hipoteca con la dación en pago y que la familia abandonaría
de inmediato y voluntariamente la vivienda. Pero la entidad bancaria no cumplió al exigir, además, un pago de 70.000 euros y que la familia siguiera apareciendo como morosa.
Según Sánchez, «en ningún momento intentamos molestar a nadie. Entendíamos que teníamos
que esperar a que se llegara a un acuerdo para que la familia pudiera
dejar la hipoteca con una dación en pago de la vivienda, para que
pudieran reiniciar su vida con dignidad» , a lo que añade que
«moralmente y por decencia, no podíamos dejar solos a esta pobre
familia, teníamos que acompañarles en su dolor y sufrimiento, y que más
allá de la ley está el hacer el bien al prójimo, por lo que nos
mantuvimos en la oficina bancaria».
Cerca de un centenar de miembros de la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) se han presentado, a las puertas del juzgado de Mula al
grito de 'Si se puede', para mostrar su apoyo a los cinco activistas, el sacerdote entre ellos.
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