VALENCIA.- La Generalitat ha denunciado a la patronal de la provincia de Alicante (Coepa)
por fraude en subvenciones, estafa, apropiación indebida e insolvencia
punible en la tramitación de más de 6,82 millones de euros en ayudas y
créditos públicos ingresados desde 2002 para sufragar la construcción de
un centro de formación en prevención de riesgos laborales, según avanza hoy http://valenciaplaza.com.
La
querella, que según informa en el TSJ de la Comunitat se encuentra en
el Juzgado de Instrucción nº 5 de Valencia, se sustenta en la presentación
de facturas duplicadas por parte de la organización empresarial para
justificar las obras, para las que recibió 3,8 millones en subvenciones y
otros 3 millones en forma de crédito del Instituto Valenciano de
Finanzas (IVF) que no ha devuelto.
La
administración sospecha que Coepa pudo utilizar 2 millones para fines
distintos a los que motivaron la subvención, ya que los documentos
aportados para acreditar la construcción y equipamiento del edificio
subvencionado suman 4,77 millones de euros.
Todas las facturas que la patronal de Alicante presentó ante la administración fueron emitidas entre septiembre de 2005 y septiembre de 2010 por la misma empresa: la constructora Hormigones Martínez, S.A., propiedad de Rafael Martínez Berna,
quien fue presidente de Coepa entre julio de 2009 y noviembre de 2011,
momento en el que se vio forzado a dimitir tras una multa de la CNMC por
pactar precios con otras constructoras para repartirse licitaciones
públicas.
El antecesor de Martínez Berna en el cargo fue Modesto Crespo,
que presidió Coepa durante los años en los que se produjo el presunto
fraude denunciado por la Generalitat. Crespo será próximamente juzgado
en la Audiencia Nacional por apropiación indebida y administración
desleal por el cobro ilegal de dietas como presidente de la CAM.
La denuncia, presentada a principios de agosto por la exsecretaria autonómica de Economía, María José Mira
en representación del Servef, surge de un informe interno solicitado
por la delegación territorial de este ente en Alicante a raíz de un
escrito presentado por la confederación de la pequeña empresa de
Alicante (Cepyme Alicante) en el que alertaba a de una serie de posibles irregularidades relacionadas con el mencionado centro de formación.
Al margen de esta denuncia, tal y como publicó Valencia Plaza, la Intervención
de la Generalitat está analizando la información aportada tanto por el
Servef como por el IVF sobre la duplicidad de las facturas de Coepa antes de trasladarla a la Fiscalía.
Cepyme
Alicante, enfrentada con Coepa desde hace años, puso a la
administración valenciana sobre aviso por el incumplimiento de las
condiciones impuestas para disfrutar de 3,82 millones de euros en
subvenciones que el Servef y otros entes públicos como la Dirección
General de Trabajo o el antiguo Sepiva le habían concedido desde 2002.
Algunas de ellas estaban financiadas con fondos europeos.
Tras
comprobar que el centro de formación estaba cerrado desde 2012 y que
por tanto se había roto el compromiso de mantenerlo abierto los diez
años siguientes, el Servef inició un expediente de reintegro para
reclamar la devolución de 1,91 millones de euros en fondos finalistas
para la construcción del centro de formación.
A
ello se une, además, el incumplimiento de la Ley General de
Subvenciones, que impide recibir dos ayudas, ya sea en forma de recursos
o ingresos de entes públicos o privados, para un mismo fin. La
organización se saltó esta prohibición con el crédito de 3 millones que
en junio de 2006 le concedió el IVF para construir el edificio, del que
tampoco informó al Servef tal y como estaba obligada por el convenio.
Más que una infracción administrativa
El
solapamiento de los dos ingresos ya constituye por sí sola una
infracción administrativa que obligaría a Coepa a devolver las
cantidades a la Generalitat, pero las maniobras llevadas a cabo por la
organización empresarial para saltarse le ley son, a juicio de la
administración, constitutivas de hasta cuatro delitos.
Tal
y como se relata en la querella, la presentación de facturas idénticas
para justificar la percepción del préstamo y, al mismo tiempo, las
ayudas de la Conselleria de Economía constituiría un fraude en
subvenciones, ya que la cantidad presuntamente defraudada, 4,77
millones, supera de largo los 120.000 euros a partir de los cuales el
Código Penal contempla penas de prisión de uno a cinco años. La
duplicación de las facturas constituiría, además, un delito de falsedad
documental.
Para los
denunciantes, los hechos adquieren mayor repercusión si se tiene en
cuenta que la patronal alicantina no ha devuelto el crédito de 3
millones que le concedió el IVF, a pesar de que se le flexibilizaron las
condiciones. Considera el Servef que si Coepa hubiera usado las
subvenciones para pagar el crédito no se le podría imputar
irresponsabilidad alguna.
Sin embargo,
la denuncia considera que la diferencia entre los 6,82 millones que la
patronal alicantina ingresó entre las ayudas y el crédito y los 4,77
millones en gastos para construir y equipar el centro que justificó con
facturas duplicadas podrían haber sido destinados a fines desconocidos y
distintos al propósito por el que le fueron concedidos.
Una
diferencia entre lo ingresado y lo efectivamente gastado que supera los
2 millones y que, habida cuenta de los mecanismos presuntamente
seguidos para distraer esos fondos, podría suponer la comisión de los
delitos de estafa y apropiación indebida, señala la denuncia.
Un concurso interesado
A todo lo anterior se suma la decisión de Coepa de acogerse al concurso de acreedores
cuando el IVF, todavía con el PP en la Generalitat, interpuso una
demanda de ejecución con amenaza de embargo de los bienes de la
patronal. Desde la declaración de insolvencia, la organización ha cambiado de presidente y mantiene su pulso con la administración para que acepte quedarse el centro de formación en dación en pago de la deuda, algo a lo que el IVF se opone.
A
juicio de los querellantes, la estrategia de la patronal reduce las
opciones de que la administración pueda recuperar todo o parte de las
subvenciones para las que se cometió la infracción administrativa. En
concreto se refiere a los 1,9 millones de euros del expediente de
reintegro tramitado por el Servef, que está personado en el concurso, y a los 3 millones prestados por el IVF.
Además,
la querella considera que la valoración que la patronal de Alicante
realiza del centro de formación que pretende entregar a la
administración está hinchada. La conclusión se extrae de un informe de
la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) del pasado mes
de mayo en el que cuestiona los 3,92 millones en los que Coepa tasó el
inmueble porque no detalló los cálculos efectuados ni el criterio para
la selección de las muestras.
La
concurrencia de ambas circunstancias lleva al denunciante a considerar
que la conducta de la organización podría ser constitutiva también de un
delito de insolvencia punible.
El
próximo viernes día 29 expira el plazo dado por el juzgado en el que se
tramita el concurso de acreedores de Coepa para que presenta su
propuesta de convenio y el plan de viabilidad.
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