MURCIA.- El Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia ha tenido
conocimiento de la presentación en la Asamblea Regional, por parte de
los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos y Ciudadanos – Partido de
la Ciudadanía, de la Proposición de Ley de Modificación de la Ley
9/2004, de 20 de diciembre, de creación de la empresa pública regional
Radiotelevisión de la Región de Murcia.
Sorprende a esta
Corporación que esta iniciativa parlamentaria se haya llevado a cabo sin
solicitar antes la opinión del sector y de sus organizaciones
profesionales, entre ellas una institución de derecho público, como el
Colegio de Periodistas, a quien la ley confiere la representación y
defensa de los intereses generales de la profesión.
El Colegio
recuerda que la modificación propuesta por PSOE y Podemos implica una
ruptura con un modelo que, si bien es cierto que puede ser sometido a
revisión, contó con un amplio consenso en la elaboración del actual
Mandato Marco, que en su momento fue respaldado por las organizaciones
APROMUR, TIMUR, ARTVRM y el propio Colegio, y que no obtuvo ningún voto
en contra en la Asamblea Regional de Murcia, entonces participada por
los grupos PP, PSOE e IU.
Creemos pertinente, por tanto, más aún
cuando nos enfrentamos a decisiones que afectan directamente a la
industria audiovisual de la Región de Murcia y a cientos de
profesionales, que cualquier paso que legítimamente quieran emprender
los grupos políticos, tenga como base la voz de un sector al que, en
estos momentos, no se está teniendo en cuenta.
Consideramos,
igualmente, que los profesionales que actualmente prestan sus servicios
en 7RM, y el propio servicio público, no pueden verse sometidos a un
nuevo periodo de incertidumbre, en el que el mayor de los peligros
vendría generado por una reforma normativa que no fuese capaz de generar
estabilidad, para lo cual se necesita a su vez participación,
transparencia, diálogo y consenso.
Instamos, por todo ello, en
consecuencia, a no dar trámite a la reforma legal sin estos pasos, que
en todo caso deben ser previos, abriendo el debate para que en él
participen los agentes implicados y sus opiniones sean tenidas en
cuenta.
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