Ritajoy / Ramón Cotarelo *

Valencia es un pozo sin fondo de corrupción. El caso de Rita Barberá (inocente, inocentísima, mientras no se demuestre lo contrario) es el penúltimo de una serie de otros poblados de personajes tan pintorescos y ridículos como la exalcaldesa valenciana; gentes como Camps, Fabra, Blasco, Cotino, Rus, Castedo, Grau, Costa, Alperi, Johnson, etc., etc. 

Todos presuntamente pringados en una multiplicidad de contratas, recalificaciones, basuras, ayuda oficial al desarrollo, mordidas, comisiones, y todo tipo de chanchullos y componendas para enriquecerse personalmente al tiempo que se financiaba ilegalmente el partido y se ganaban elecciones con tongo. Llamar partido político a un manojo de sinvergüenzas y mangantes es una de las ironías de este delirio de corrupción de la derecha española.

Incidentalmente, quizá esté aquí la explicación de aquel hecho que a todos llenaba de pasmo: cuanto más gorrinos eran los gobernantes valencianos de modo público y notorio, más votos obtenían. A saber cuánto habrán gastado estos mendas en sobornar al personal, comprar votos y engañar a los electores. Quizá sea la parte valenciana de una situación que también se da en toda España: parece como si, cuanto más roban los gobernantes, más granujas y embusteros son, más votos consiguen.

El emblema, desde luego, es Barberá que ha pasado de ser la Jefa, la reina indiscutible de Valencia durante veintitantos años a ser una sombra huidiza, escondida, vergonzante, que trata de escapar de la acción de la justicia y no dar cuenta de sus presuntas fechorías a lo largo de los años. El episodio en sí es casi de circo: una hortera, estridente, chabacana, literalmente insoportable, malversaba caudales públicos a mansalva, enchufaba a quien le daba la gana por cantidades astronómicas, se daba un vidorro de vicio a costa -y mucha costa- del contribuyente, blanqueaba dineros, se los quedaba y se enriquecía sin tasa. Todo eso presunto, cómo no. 

Dice esta mujer en un insólito escrito con membrete de su partido en el que anuncia su baja del partido del membrete, que no abandona su escaño porque eso sería admitir su culpabilidad. Pero precisamente lo que indica su culpabilidad es que se parapete en su acta para entorpecer la acción de la justicia. Y para cobrar dos mil y pico de euros más de los contribuyentes. Porque somos los contribuyentes, los saqueados durante años al parecer por esta sanguijuela, quienes ahora costeamos su blindaje.

Blindaje que le proporcionó el PP en su momento, cuando saltó de la alcaldía y del que se preocupó personalmente el de los sobresueldos. Con tanta eficacia como carencia de principios, Rajoy no solo la blindó, sino que la metió en la Diputación Permanente para que siguiera blindada cuando no había Parlamento por estar en periodo electoral. 

Y esto es un elemento decisivo. El editorial de El País de hoy, El silencio de Rajoy, insta al Sobresueldos a no esconderse, como hace siempre, y a dar explicaciones del comportamiento presuntamente facineroso de esa señora a la que él dedicó elogios sin cuento durante años mientras ella se lo llevaba presuntamente crudo durante esos mismos años. Que Rajoy hable de este asunto es practicamente imposible y que lo haga sin mentir, una quimera. Rajoy no puede exonerar a Rita porque él mismo es Rita, como es Bárcenas, Fabra, Camps, Matas, Baltar, y el conjunto de sinvergüenzas y presuntos ladrones a los que ha prestado su apoyo y llenado de ditirambos en años pasados.

Dice un periodista de talante reaccionario que a Rajoy no ha podido probársele personalmente delito alguno. Una falacia. Rajoy es políticamente (y ya se verá y penalmente) responsable de una multiplicidad de delitos, una culpabilidad por incumplimiento de su deber de vigilar que esas descaradas estafas, robos y expolios, no se produjeran. Rajoy es el principal responsable político de este lodazal de corrupción en que se ha convertido la política española. Es también el único responsable del bloqueo político en España.

Tendría que haber dimitido apenas comenzado ese mandato que ha sido un  desastre y un atentado contra la dignidad de los españoles. Y su marcha y desaparición de la escena pública, requisito indispensable para que pueda haber una regeneración democrática creíble.

No va a haber sitio

En las cárceles. No va a haber sitio en las cárceles para enchironar a los independentistas cuando los tribunales españoles, obedeciendo el mandato del gobierno, empiecen a condenarlos a docenas. Esa es la marcha que lleva el asunto de la investigación a Mas, Rigau, Ortega y Homs, y el posible encausamiento de otro puñado de dirigentes democráticamente electos por mayorías dispuestas a respaldarlos en la calle. Falta absoluta de entendimiento, de negociación, de diálogo.

En los años de plomo solía enunciarse la teoría general de que carecía de sentido y era rotundamente repudiable todo recurso a la violencia. Una vez se depusieran las armas se vería que en una democracia como la española cabe hablar de todo pacíficamente. Era mentira por partida doble: en primer lugar, hay muchos que no quieren el cese de la violencia y tratan de impedirlo como sea. En segundo término, tampoco es cierto que sin violencia, en democracia, quepa hablar de todo. Hay temas prohibidos, por ejemplo, el de las ambiciones de liberación de los pueblos.

El proceso independentista catalán plantea una contradicción entre la legitimidad y la legalidad, entre una aspiración política y una represión judicial. Frente a la legítima aspiración política del derecho de la nación catalana a la autodeterminación, el Estado y, desde luego, el gobierno del PP, contraponen el estricto cumplimiento de la ley. Esta, sin embargo, es injusta en el trato a Cataluña, a la que obliga a someterse a la tiranía de la mayoría. Pero, además, su misma invocación también es injusta, incluso inicua. 

La ley que el gobierno invoca para aplicar en Cataluña es la que él mismo ha venido cambiando unilateralmente y gracias a su mayoría absoluta hasta ahora cuando le ha dado la gana, lo cual le resta toda legitimidad. La última muestra, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para convertir a este en un órgano más político de lo que ya es, prácticamente, un brazo ejecutor de la política del gobierno. Se exige así que los independentistas catalanes se ajusten a una ley que es la ley del embudo.

Estamos a las puertas de una escalada del conflicto. En Cataluña, el gobierno anuncia ya una actitud de desobediencia a las instituciones españolas. En Madrid no hay gobierno sino un grupo de amigos en rebeldía frente al control del Parlamento, en realidad, un gobierno tiránico cuya actitud frente a Cataluña ha sido siempre, y sigue siéndolo, de cerrada hostilidad. Este callejón sin salida a que ha condenado al país la ineptitud de un gobierno de la derecha, desprestigiado por su arbitrariedad y por su corrupción, acabará propiciando un intervención directa o indirecta de las instituciones europeas y, quizá, de la comunidad internacional. 

A este respecto es sumamente de lamentar que el PSOE, el eje mismo de la izquierda, haya hecho suya la visión autoritaria y antidemocrática de la derecha. No solamente es una dejación de los principios, sino algo inútil porque, como demuestra la historia, es imposible contener los anhelos de libertad de un pueblo.  

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED