CARTAGENA.- La comisión que investiga la desaladora de Escombreras llega
a su fin. La última reunión será el 2 de noviembre para debatir las
conclusiones a las que llegó cada grupo parlamentario tras meses de
comparecencias en la Asamblea Regional.
El portavoz de la comisión Miguel Sánchez explicó que en la
reunión de este martes se acordó dar dos plazos. Uno para que los grupos
que aún no hayan registrado sus conclusiones en la Cámara las
presenten, este plazo acaba el 18 de octubre; y otro para fijar la
última reunión, que será el 2 de noviembre.
En ella los parlamentarios deberán tratar de "unificar"
todas sus conclusiones para elaborar un documento que pueda salir por
unanimidad cuando vaya a Pleno, como es el sentir de la mayoría de los
integrantes de la comisión.
El socialista Jesús Navarro informó de que su grupo preparó
este verano un borrador con las conclusiones que son "contundentes". En
ellas figuran responsabilidades políticas de responsables del entramado
de esta infraestructura como es el Consejo de Gobierno o de los miembros
del Consejo de Administración del Ente Público del Agua (EPA).
"También habrá otras penales que tendrán que dirimir los
jueces y hay indicios de responsabilidad contable", señaló. Además de
eso, advirtió de que a su grupo le "preocupa" la situación de la
desaladora con constantes paradas técnicas y que hasta el momento solo
haya alcanzado a producir el 50% de la capacidad que tiene.
Recordó que antes de comprarla hay que solicitar un informe
técnico independiente que valore la situación de la misma y exigen que
Tedagua cumpla con su palabra y readmita a los trabajadores despedidos.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, Juan Luis Pedreño,
manifestó que algunas de las conclusiones que redactaron "coinciden" con
las que ya presentó Podemos.
En este sentido destacó que es "interesante" que a partir de
ahora sean "transparentes" las negociaciones que se lleven a cabo para
conseguir el proyecto de la desaladora "que se diseñó de una forma
perfecta sea rentable y superemos la situación de crisis". Finalmente
duda sobre si sería partidario o no de que el informe que emita la
Asamblea se remita a la Fiscalía como quieren otros grupos de la
oposición.
Por parte de Podemos, Antonio Urbina recordó que en julio ya
presentaron unas conclusiones preliminares en las que manifiestan las
relaciones existentes entre empresas privadas del Grupo Cobra y empresas
del grupo de Florentino Pérez que "ponen de relieve los problemas de
sostenibilidad financiera de la desaladora".
Consideran que si esto se solventara, la Comunidad
recuperaría 500 millones de euros de compromisos de pago en el futuro y
exigen solucionar problemas técnicos como los relacionados con la toma
de agua del puerto o los bastidores que no funcionan para que se pueda
tomar agua a un "precio razonable para la agricultura".
No hay comentarios:
Publicar un comentario