MURCIA.- La actividad de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la
Criminalidad Organizada no dejó de aumentar en los últimos años y en
2015 este departamento intervenía en un total de 371 procedimientos,
nueve de ellos en la Región de Murcia.
Los expedientes estaban relacionados con delitos económicos de
especial trascendencia, corrupción política o blanqueo de capitales
cometidos por grupos criminales organizados, 144 de los cuales se
investigaban en la Audiencia Nacional. Solo un año antes había 31 causas
menos, un total de 340.
Aumentó, aunque ligeramente, el número de sentencia dictadas por este
tipo de asuntos en el año 2015, al haberse dictado 22 sentencias en
primera instancia, todas ellas condenatorias total o parcialmente, menos
4 absolutorias, frente a las 19 dictadas en el año 2014 en este
sentido. Igualmente incrementó el número de escritos de acusación en el
año 2015 (47) frente a los presentados durante el año 2014 (35).
Más de 2.000 denuncias en anticorrupción
En el Registro de Anticorrupción se presentaron a lo largo de 2015 un
total de 2.405 frente a 2.163 del año 2014, de los que 621
correspondieron a denuncias.
Por su parte, los Fiscales Anticorrupción presentaron un total de 16
querellas o denuncias el año pasado que dieron dado lugar a los
correspondientes procedimientos judiciales, manteniendo la competencia
esta Fiscalía Especial. Se presentaron 47 escritos de acusación que
dieron lugar a otros tantos juicios.
A juicio del departamento dirigido por Antonio Salinas es necesaria
una lucha contra el crimen organizado de forma especializada y
coordinada, y ser "integral", según señaló en la Memoria, que hace suyas
unas declaraciones del fiscal italiano Falcone en las que este advertía
que "la lucha contra la mafia resulta compleja y, además, requiere una
especialización por parte de los órganos del estado encargados de esta
tarea". Incluso, añadió este fiscal, se necesitan importantes
conocimientos sociológicos y antropomorfos.
Delitos perseguidos
Respecto a los delitos que constituyen el objeto de estos
procedimientos, y siempre hablando de 2015, 60 se seguían por estafa o
apropiación indebida, 2 por corrupción en el deporte, 102 por delito
contra la Hacienda Pública, 45 por falsedad en documento, 161 por
delitos contra la Administración Pública, 31 por delito contra la
ordenación del territorio, 15 por delito de fraude de subvenciones, 98
por blanqueo de capitales, 29 por delito societario, 36 por delito de
asociación ilícita y 8 por delitos contra el mercado y los consumidores.
En cuanto a los órganos judiciales que conocen de tales
procedimientos, Anticorrupción hace la siguiente distribución: 144 ante
la Audiencia Nacional, 37 ante juzgados y tribunales de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, 37 de la Comunidad Autónoma de Madrid, 77 en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, 10 de Canarias, 2 en el Principado de
Asturias, 25 en la Comunidad Autónoma Valenciana, 1 en Castilla la
Mancha, 27 en las Islas Baleares (principalmente en Palma de Mallorca), 9
en la Comunidad Autónoma de Murcia y 2 en la de Aragón (Zaragoza).
Comisiones rogatorias
Anticorrupción también observa en su memoria que a lo largo de 2015
se mantuve el número de las Comisiones Rogatorias Pasivas tramitadas por
esta Fiscalía siendo 22 en el año 2014 y 24 en 2015. La procedencia es
primordialmente de países europeos, concretamente Italia, Francia,
Portugal, Suiza, Liechtenstein y Lituania, así como de Bielorrusia (1) y
Colombia (1).
La mayor parte de estas peticiones de auxilio judicial en el
extranjero vino referida a delitos de blanqueo de capitales (13) y
crimen organizado (4). En algunos casos los delitos cometidos son
fraudes fiscales (4) y, en algún caso, delitos de prevaricación y
cohecho.
La mayoría de las Comisiones Rogatorias Pasivas llegaron a Fiscalía
directamente remitidas por la autoridad administrativa o judicial
extranjera competente. En los casos de Andorra, Liechtenstein, Colombia,
Bielorrusia y Suiza se constata que se hacen llegar a través del
Ministerio de Justicia. Además hay tres Comisiones Rogatorias que
llegaron a través de Eurojust (2 de Italia y 1 de Portugal).
Una de las más fructíferas líneas de colaboración durante el año 2015
fue con la autoridad judicial y la Fiscalía andorrana en varias causas
judicializadas que se siguen en la Audiencia Nacional y que tienen como
delito fundamental el Blanqueo de capitales presuntamente cometidos por
lo miembros del 'clan' Pujol, según señala la Memoria de la Fiscalía
General del Estado.
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