MURCIA.- El asesor de varias empresas que habrían emitido, presuntamente,
facturas falsas por importe de siete millones de euros por trabajos no
realizados en las obras del AVE del Levante reconoció al declarar como
detenido ante la Guardia Civil que llegó a "percatarse" de que las
mismas no tenían la actividad que sus promotores le habían dicho
inicialmente.
Así se recoge en el acta de la declaración prestada por C.F.M.,
también investigado en esta causa que dirige un Juzgado de Instrucción
de Murcia.
Los agentes le preguntaron por qué gestionó estas empresas que
facturaron la citada cantidad a la sociedad subcontratada para realizar
las obras del tramo del AVE comprendido entre Crevillente y
Murcia "cuando ninguna de ellas tenía actividad conocida ni trabajadores
suficiente ni facturas de gastos" y se podía sospechar de la emisión de
facturas falsas.
El declarante manifestó que "cuando un cliente va a su despacho,
puede hacer dos cosas:o seguir trabajando o dejar de hacerlo; si no
sigue trabajando, no cobra, y si le sigue trabajando tiene la esperanza
de cobrar, por lo que continuó unos meses, hasta que se cansó".
Señaló también en respuesta a la misma pregunta que "que en algunas
ocasiones preguntó a J.F.N. -promotor, presuntamente, de la creación de
esas empresas- qué pasaba con esos trabajos, y este le aseguraba que los
hacía".
Los agentes de la benemérita quisieron saber entonces por qué en los
archivos informáticos de su asesoría -ubicada en una pedanía de Murcia-
no constaba información de esas empresas, su facturación y los trámites
realizados por su oficina, ni tampoco las facturas por los trabajos
prestados por la asesoría a las mismas.
El declarante señaló entonces que "cuando las empresas se van, el
espacio físico lo ocupa con otras, y que no existían facturas de la
asesoría porque no las cobraba y tampoco sabía dónde se encontraba la
factura relativa a la provisión de fondos".
Y añadió que "no emitió ninguna factura porque pensaba que no las iba a cobrar y no quería cargar con el IVA de la misma".
A lo largo del interrogatorio se le preguntó también sobre cómo
explicaba que hubiera declarado el alta de una de las sociedades
sospechosas de la presunta emisión de facturas falsas cuando su
propietario y único socio ya había fallecido.
Sobre este extremo, aseguró que no recordaba quién le había dado la
orden de que declarara el inicio de actividad de esa empresa, aunque
suponía que habría sido la apoderada de la misma, F.N., hija de J.F.N.
En cuanto a la mecánica seguida para la emisión de las facturas
presuntamente falsas, reveló que las extendía por indicación de J.F.N.,
que acudía a la asesoría provisto incluso de los sellos de las empresas y
de un tampón, indicándole el número de orden que debía poner en las
mismas.
La operación César investiga un presunto fraude al Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que podría superar los 17 millones
de euros, y que se habría cometido con el sobrecoste en las facturas o
con la emisión de otras que no se correspondían con trabajos realmente
desarrollados.
La causa judicial se tramita por los delitos de falsedad,
malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y pertenencia a
organización criminal.
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