Según noticias, Rajoy va a la reunión
con Sanchez dispuesto a negociar un centenar, nada menos, de puntos del
acuerdo entre el PSOE y C's que él mismo, junto a Pablo Iglesias,
rechazó en la frustrada investidura del socialista. Algo tan absurdo
solo puede entenderse como resultado del firme propósito de seguir
gobernando con el programa de la oposición. Ya hace falta tener poco
amor propio y mucho al cargo. El de los sobresueldos no quiere irse ni
por prescripción facultativa a vida o muerte. Esta berroqueña voluntad
de permanencia nos da una idea del valor de las débiles y timoratas
peticiones de dimisión que se le hicieron en la legislatura anterior.
Este no se va. Tendrán que echarlo.
Al
parecer, Sánchez está dispuesto a que su interlocutor aclare cuáles son
sus intenciones contando con el NO del PSOE, cuándo piensa presentarse a
la investidura. Es decir, tiene intención de cortar la marrullería del
otro quien, antes de irse, está dispuesto a convocar terceras
elecciones. Por eso dio orden al Tribunal Constitucional de que actuara
contra Carme Forcadell y advirtiera a Carles Puigdemont, para provocar
un aumento de la tensión y la confrontación con Cataluña que justificara
medidas excepcionales, como esa gran coalición con la que sueña como
Moisés con la tierra prometida.
Rajoy
no puede dar una sola señal de regeneración democrática, de
restauración de las instituciones, de voluntad negociadora con Cataluña
porque él es el principal responsable de la degeneración democrática, el
descrédito de las instituciones y la exarcebación del contencioso
territorial en España al punto de la ruptura. Que lo es lo demuestra ese
abyecto afán de gobernar a toda costa, aunque sea con el programa del
adversario. Tamaña carencia de dignidad política no se veía por estas
latitudes desde los tiempos de la bofetada de Calomarde.
NO
es NO. El país necesita otro gobierno con otro presidente y con
urgencia. Uno que sea interlocutor con Europa y con Cataluña con
suficiente respaldo parlamentario. Si no se consigue, mejores son unas
terceras elecciones que una prolongación del mandato de un gobierno
presuntamente corrupto por los cuatro costados, inepto y fracasado, cuyo
único punto fuerte es la desfachatez a la hora de mentir.
Accidentes del trayecto
Una vez más, el Tribunal Constitucional
ha cumplido los deseos del gobierno y ha tomado una decisión en menos de
veinticuatro horas. Pero astutamente no ha respondido a todos los
requerimientos del ejecutivo. Ha suspendido, sí, la decisión del
Parlamento catalán que precisamente se había adoptado en claro
incumplimiento de una prohibición previa del alto órgano del Estado,
pero no se ha dirigido a la presidenta Forcadell, como se le solicitaba.
Suspender un acto que en sí mismo es nulo, según decisión previa de la
autoridad suspensiva, suscita cierta perplejidad. Pero nada más. El
resto de circunstancias que rodean estos hechos suscita más bien
indignación y desconsuelo a partes iguales.
De
aquí a septiembre tiene la presidenta Forcadell para informar sobre el
procedimiento seguido y, es de suponer, para alegar lo que desee. De
aquí a septiembre también podemos encontrarnos en la tercera campaña
electoral y con un grado de enconamiento del conflicto catalán sin par
hasta la fecha. Ahí es donde el tribunal tendrá que actuar por la vía de
la inhabilitación y/o imposición de una multa a Forcadell. Y con un
gobierno en funciones cada vez más claramente interesado en fomentar una
situación de inestabilidad y zozobra en beneficio propio y teniendo un
concepto muy amplio de "beneficio".
La
voluntad de los indepes catalanes es manifiesta. Lo dice Puigdemont:
obedecer, sí, pero al Parlamento de Cataluña, no al Tribunal que
suspende sus decisiones y se arroga la competencia de fiscalizar sus
actos en el momento en que se ponen en marcha. Vistas así las cosas, la
cuestión es saber si con su actuación el Tribunal más que suspender el
proceso independentista no está acelerándolo.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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