Cuando vamos a cumplir cuarenta y cinco días desde el 20 de junio,
cuando todavía están pendientes los grupos parlamentarios de
distribuirse los pupitres del Congreso -los niños lo resuelven el primer
día de clase-, Albert Rivera ha tenido una idea y le otorgará su apoyo a
la investidura de Rajoy si pone su firma en el documento de las seis
condiciones.
Previamente Maroto, de guardia esta semana en Génova, lanza el mensaje de que el PP “está dispuesto a ofrecer a todo”
al líder de Ciudadanos. La negociación, en política o fuera de la
política es la búsqueda de puntos de acuerdo intermedios y no parece
razonable que la cuota menor reclame todo el precio de la transacción.
Al menos no se hace así en las democracias avanzadas de Europa cuando es
necesario acordar una coalición.
Pero estamos en el lenguaje de la ocultación y la ambivalencia. El
partido bisagra, Ciudadanos, practica el escapismo y el escaparatismo,
con una retórica que a los ciudadanos reales produce hastío y
aburrimiento.
Las condiciones que propone-impone Rivera, según dice para la
regeneración, responden al pasado y a un estado de opinión ya
descontado: hoy por hoy no hay político que resista la presión social en
su escaño o en su cargo tras ser imputado, hoy investigado. Y con la
limitación de mandatos, a qué se refiere Rivera: a los cargos en el
partido, a la condición de diputados y senadores -algunos tienen más
trienios que el Tato- o a los cargos en los Gobiernos.
La supresión o reducción de los aforamientos también es una vieja
demanda que se impone por la pura lógica y debería quedar reducida a los
miembros de los gobiernos en relación con hechos realizados y acuerdos
adoptados en el ejercicio de sus cargos, a fin de evitar querellas
vacías y de pura finalidad política.
Carece sin duda de sentido el suplicatorio previo exigido para
investigar a diputados y senadores y el aforamiento de acompañamiento
ante el Tribunal Supremo. Y es un exceso el privilegio concedido a
diputados de las Comunidades Autónomas que solo pueden ser juzgados por
los Tribunales Superiores de Justicia.
El principio del juez ordinario y la no alteración de la competencia
legal procesal, constituyen normas básicas de la justicia en un Estado
de Derecho.
Por mucho que lo adorne y hay que reconocer a Rivera una cierta
capacidad para llenar con casi nada el espacio de la comunicación, hay
que afirmar que el esfuerzo intelectual e imaginativo de Ciudadanos es
bastante corto y lo único que tiene sentido es la reforma de la Ley
Orgánica de Régimen Electoral General. Una reforma que si quiere ser
real y profunda exige una previa reforma constitucional, ya que los
artículos 68 y 69 de la Constitución disponen para el Congreso un
sistema de representación proporcional, sin decantarse por la aplicación
de la ley D’Hont o otro sistema proporcional puro y fijan la provincia
como circunscripción electoral. La composición del Senado y su sistema
electoral también tiene sustento constitucional.
Por tanto, o reforma constitucional que tiene sus mayorías,
procedimientos y tiempos o un simple maquillaje que sustituya el actual
sistema ideado por el belga Victor D’Hont en 1878, por un modelo
alternativo que respete la proporcionalidad.
Albert Rivera, donde ha metido el estoque hasta el corvejón es en el
punto la Comisión de investigación Bárcenas o, literalmente, de la
financiación ilegal del Partido Popular. Un herida no cerrada, en sede
judicial, de la prehistoria política y que Ciudadanos en sintonía con el
PSOE no quiere que cicatrice.
A estas alturas y con unas actuaciones sumariales que desembocaran en
los próximos juicios de los casos Bárcenas y Gürtel, en los que habrá
leña, morbo y primeras planas, Ciudadanos pretende azuzar el fuego con
una Comisión que será tan inoperante como la de los ERE en el Parlamento
andaluz.
Si no ha sido posible hacerle a Rajoy una moción de censura por el
PSOE y C’s en la investidura tras las elecciones, no hay que perder la
oportunidad de recrearla en la Comisión de Investigación y recordarle
que no es decente y tiene que salir de la política.
La impresión de toda esta estrategia es que seguimos en el juego que
solo busca el objetivo de cortar la cabeza política de Rajoy o dilatar
el proceso de investidura para que los juicios de la Gürtel y del caso
Bárcenas entren en carga y disparen el mecanismo de eyección del líder
popular.
Lo evidente es que una investidura sin una agenda política concertada
de contenido económico fundamentalmente y que además pueda contemplar
también una reforma institucional con contenido constitucional en el
cierre de la legislatura -que incluya la cuestión electoral, la
territorial y los ajustes que eliminen para el futuro la situación
actual de bloqueo político – no es sino una investidura en vacío y un
viaje a ninguna parte.
El país de la política vive al ritmo del mes agosto y la situación
sigue reflejando una incapacidad de concertación real para gobernar sin
mayoría.
Como sucede con la distribución de escaños en el Congreso, este país continúa en pre-escolar.
(*) Abogado y Registrador de la Propiedad
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