Dice Felipe González que el PSOE debe votar "no" a Rajoy en primera vuelta y abstenerse en segunda para dejarlo gobernar, aunque no lo merezca.
Es
verdad que las baladronadas de Podemos sobre la "nueva política" que
iba a barrer la "vieja" han sido eso, baladronadas propias de cazadores
bisoños que venden la piel del oso antes de cazarlo. El resultado de esa
tormenta de verano de la política de Podemos no es una vuelta a la
"vieja política" sino, como se ve, a las prácticas más anquilosadas del
corrupto turnismo del siglo XIX. Y eso es algo inaceptable.
Invocar los
intereses de España, la estabilidad, etc., para justificar la vuelta al
cabildeo más lamentable del bipartidismo no cuela así como así. ¿Puede
alguien que no sea un consumado charlatán de la política justificar que
se vote "no" a un partido y un programa y 48 horas después ese "no" se
convierta en una abstención que equivale a un "sí" vergonzante?
Bien
está que el PSOE no haya sucumbido al ataque de Podemos de ser un
ayudante/cómplice del PP. Pero sería dramático que fuera él mismo quien
demostrara ser tan felón y claudicante como Podemos lo presentaba. Eso
quizá no importa mucho a Felipe González cuya visión de la política
probablemente está ya teñida del tacitismo que suele acompañar a las
canas y las ilusiones perdidas. Pero es esencial para Pedro Sánchez si
no quiere que su esfuerzo regenerador de la socialdemocracia se quiebre
en las covachuelas de los pactos y las alianzas de conveniencia.
La desgraciada intervención de González se hace notar más por ese cinismo resignado de aunque no lo merezca.
Así se termina de dibujar una escena de cambalache entre bambalinas en
la que se trafica con los votos obtenidos, haciéndolos servir para
causas que los votantes jamás aceptarían, por muchas encuestas que
encargue El País.
NO es NO.
NO es NO.
Carme Forcadell como símbolo
A raíz del referéndum informal del 9 de
noviembre de 2014, el gobierno español instó a la Fiscalía a proceder
penalmente contra el entonces presidente Mas y las consejeras Rigau y
Ortega. Como pieza aparte, el diputado Homs en análoga situación. El
viernes, ese mismo gobierno, con el mismo presidente y a la vista de la
aprobación del comienzo del proceso constituyente en Cataluña, pide al
Tribunal Constitucional que proceda contra la presidenta del Parlamento
catalán.
Es
típico de las autoridades desconcertadas, nerviosas e incompetentes
responder precipitadamente, sin prever las consecuencias de sus actos y
hacerlo por la vía de la represión, en virtud de su carácter
autoritario. Desconcierto y nervios provocados por su animadversión a
cualquier votación democrática. No es admisible que la gente en la calle
vote según le parezca o que lo hagan sus representantes o delegados en
las instituciones cuando lo estimen pertinente.
El
estallido de furia de la derecha gobernante a raíz de la votación es
un mecanismo psicológico muy elemental propio de los códigos
disciplinarios de las que Ervin Goffman llama "instituciones cerradas",
como los cuarteles, las cárceles, los hospitales. Ante un
comportamiento colectivo opuesto a las directrices del mando, lo
encargados, los vigilantes, buscan un culpable, una cabeza de turco con
el fin de dar un escarmiento. Singularizan a un solo individuo
para castigarlo en público y de este modo cunda el ejemplo.
Hacer
comprender a estos funcionarios franquistas que un Parlamento
democráticamente elegido no es una institución disciplinaria es
imposible. No valoran la función simbólica de los órganos
representativos porque no sienten respeto por ellos y los tratan como
negociados de la administración a cuyos responsables se puede
expedientar por incumplimiento del deber. No hay más que ver a quién han
puesto al frente del Congreso de los Diputados, una especie de jefa de
negociado que cumple la ley última de Peter de ser promovida al nivel
máximo de su incompetencia.
Quienes
así piensan, deberían proceder contra los órganos colegiados por la vía
política, no la judicial. Una vez aprobada la norma, recurrirla en
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. ¡Ah, no! No hace
falta esperar tanto, se nos dice. La ley de ese tribunal le permite
actuar avant la lettre a instancias del gobierno. De este modo,
el Tribunal pasa a ser una agencia del poder político habiendo
resucitado una especie de control previo de constitucionalidad de las leyes
para lo que guste el ejecutivo. Igualmente autoriza al Tribunal
Constitucional a proceder contra las personas, obligándolas al
cumplimiento de sus decisiones mediante multas, procedimientos de
inhabilitación y, eventualmente, dando traslado a la jurisdicción penal.
Es decir, Carme Forcadell puede tener un futuro judicialmente
proceloso.
Por descontado que todo esto solo sea posible merced a una reforma ad hoc
del año pasado en la citada Ley del TC, impuesta por el rodillo del PP,
no es algo que suscite escrúpulos en la derecha para quien la ley es
materia de obligado cumplimiento para todos menos para sí misma que la
cambia a su antojo y sin consenso siempre que le interesa. En este
contexto se entiende que, cuando la derecha responde al independentismo
que es preciso cumplir la ley razona en función de sus interese; cuando
lo hace la izquierda, no se sabe en función de qué intereses razona, ni
siquiera si razona.
Pero
Carme Forcadell no es una jefa de negociado ni el Parlamento de
Cataluña una subdirección general de un ministerio, sino un órgano
legislativo, representativo y que se considera a sí mismo soberano. Esto
hace que su respuesta a la decisión del TC solo será
ignorarla porque no puede admitir una interferencia de ese calibre en
sus atribuciones.
Mientras Forcadell se atenga al reglamento, lo que el
gobierno central puede hacer es impugnar el reglamento o los actos de la
Cámara y, por supuesto, poner en marcha lo previsto en el art. 155 CE.
Lo demás es abuso de poder por muy amparado que esté formalmente en una
chapuza legal de última hora que nadie acepta. Es decir, de seguir el
Tribunal en sus trece y el Parlamento en los suyos, ya tenemos el primer
conflicto institucional grave en el que choca una legalidad apañada
con un argumento de legitimidad en el que el Parlamento catalán basa su
actuación. Es decir, la política, de la que estos gobernantes no
entienden nada, igual que no entendía Franco.
Por eso escribía ayer Forcadell un artículo en Punt Avui titulado L'hora de la política más o menos con estos argumentos.
Pero
la solidez de la figura de la presidenta no reside solo en sus
argumentos, sino en su valor simbólico. Forcadell representa hoy la
dignidad de un pueblo. El intento del gobierno de reprimirla y
doblegarla es el de reprimir y doblegar el independentismo catalán. Y
esa es la política, un ámbito en el que juega la fuerza moral de las
personas. La ética y la estética de unas convicciones.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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