miércoles, 20 de julio de 2016

"Valcárcel y Cerdá actuaron con la desaladora de Escombreras sin tener en cuenta los intereses públicos"

CARTAGENA.- El diputado de Podemos en la Asamblea Regional, Antonio Urbina, presentó este miércoles un informe que contiene el análisis y conclusiones que se derivan de la fase de comparecencias de la Comisión de Investigación relativa a la Desaladora de Escombreras.

Urbina afirmó que entre las conclusiones que contiene el documento se encuentra la de que tanto el expresidente regional, Ramón Luis Valcárcel, como el exconsejero, Antonio Cerdá, actuaron sin tener en cuenta "los intereses públicos" de la Región de Murcia.
Según el parlamentario de Podemos, los principales indicios apuntan a presuntas irregularidades tanto de Valcárcel como de Cerdá en diversos ámbitos. Entre ellos, "la participación en el diseño de un entramado cuyo objetivo es evitar la convocatoria pública para la construcción de una desaladora que debía suministrar agua al Ente Público del Agua. Agua que se iba a utilizar para facilitar los futuros desarrollos urbanísticos de 26 Ayuntamientos evitando así los preceptivos informes de la Confederación Hidrográfica del Segura".
Si bien, como añadió Antonio Urbina, "no acaba ahí la cosa. En todo el proceso se evita acudir a los servicios públicos de asesoría, tales como el Servicio Jurídico o la Intervención General de la CARM. Esta asesoría pública se sustituye por la de empresas privadas a las que se condiciona con muy poco margen de maniobra hacia el establecimiento de una forma legal para el entramado de empresas elegidas o creadas con antelación".
En relación a los contratos que asumen desde el Gobierno regional para hacer pública la empresa Desaladora de Escombreras, tal y como explicó Urbina, se ve que son "claramente leoninos, asimétricos y con falta de reciprocidad. Lo cual ha dado lugar a graves perjuicios financieros para la Comunidad". Entre esos perjuicios, añadió, el que causa la carta aval que la EPA entrega a Banesto, "que obliga a la CARM a asumir riesgos financieros enormes, no respaldados por ninguna garantía relacionada con el futuro suministro de agua a los ayuntamientos".
Como recomendación, en el informe presentado por el diputado del Grupo Parlamentario Podemos, Antonio Urbina, indica que los servicios jurídicos de la CARM "deberían estudiar en profundidad los contratos de 'arrendamiento financiero' y de 'operación y mantenimiento' que vinculan a la sociedad mercantil regional Desaladora de Escombreras S. A. con las empresas privadas Hydromanagement y Tedagua. Tras ese estudio deberían emitir un informe relativo a las posibilidades de denuncia y declaración de invalidez de dichos contratos por abusivos y por falta de reciprocidad".
También aseguró Urbina que los servicios de intervención de la Comunidad podrían realizar un estudio detallado de todas las cantidades ya pagadas por parte de Desaladora de Escombreras S.A. a Hydromanagement y Tedagua, puesto que existen "claros indicios de que lo ya pagado supera el valor inicial (y por tanto también el actual) de la planta desaladora". Estos informes, subrayó, podrían "dar paso a una negociación transparente entre la CARM y el grupo ACS con el objetivo de adelantar la toma de posesión, a coste cero, de la planta desaladora".
Respecto a la viabilidad técnica de la desaladora, el diputado de Podemos, aseguró que "es muy probable que la desaladora sea viable y que pueda alcanzar costes de operación y mantenimiento compatibles con precios para el agua desalada dentro de los márgenes del mercado actual". Aunque, matizó, "es conveniente que la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente lo certifique".
Por último, Antonio Urbina incidió en que "lo más conveniente" es que el caso de la desaladora de Escombreras "sea esclarecido" antes de la tramitación de los presupuestos de la CARM para 2017, "de forma que en el proyecto de Ley de Presupuestos de la sociedad mercantil regional Desaladora de Escombreras S. A. el resultado del ejercicio sea de cero euros, es decir, que no sea necesario transferir cantidad alguna desde la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, a través de Esamur, para cuadrar las cuentas".
Asimismo, Urbina apuntó a que la información sobre las actuaciones de Valcárcel y Cerdá, obtenida durante las comparecencias de la comisión que investiga el caso de la desaladora de Escombreras, debe ser trasladada "tanto a la fiscalía del TSJ como al Tribunal de Cuentas para complementar los expedientes allí abiertos en relación a Desaladora de Escombreras S. A".

El Gobierno defiende a 
los señalados por Podemos

El Gobierno regional se sumó a las declaraciones del Grupo Parlamentario Popular, indicando que si Podemos ya tenía las conclusiones sobre la desaladora de Escombreras "no hacía falta la creación de una Comisión" en la Asamblea Regional.
Así se manifestó la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y al ser preguntada por el informe de Podemos sobre la desaladora de Escombreras, que señala que el expresidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y el exconsejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, diseñaron "el entramado" de la desaladora de Escombreras debido a intereses urbanísticos.

También el PP los defiende

El diputado regional, Juan Luis Pedreño (PP), ha lamentado esta mañana que Podemos que se haya saltado el procedimiento de la Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras con la publicación del Informe presentado esta mañana y lo ha tildado "de falta de respeto al resto de miembros y partidos políticos que integran la citada Comisión"
"Con su actuación, Podemos ha juzgado y sentenciado la gestión, puesta en marcha y funcionamiento de la Desaladora de Escombreras con carácter previo y de forma unilateral", ha indicado.Pedreño ha explicado que "se está trabajando de forma intensa y casi exclusivamente en la Comisión de investigación, asimilando mucha información y a un ritmo muy acelerado".
En este sentido se ha referido a que todos los grupos políticos incluido Podemos fijaron el mes de septiembre la próxima reunión "para definir el formato del informe de forma consensuada y a modo de conclusión sobre la comisión de la Desaladora de Escombreras", y es por eso que el diputado 'popular' ha mostrado su sorpresa ante la presentación y emisión del citado informe por parte de Podemos, del que ha afirmado "establece conclusiones que ya existían con anterioridad a la comparecencia de Valcárcel en la Asamblea Regional"
Pedreño considera que el grupo parlamentario "Podemos utilice la comisión con fines exclusivamente políticos, mediáticos y de desgaste, y persecución, sólo para mantener viva la llama durante la época estival", ha indicado. .
"Podemos no ha esperado que se saquen las conclusiones que proceden sobre esta investigación sino que con carácter previo han emitido sus conclusiones a destiempo", ha aseverado Pedreño.
El diputado regional del GPP ha definido como "inquisitorial" la forma de proceder del Podemos al elaborar y presentar dicho informe ya que ha mencionado nombres y apellidos anticipándose de esta forma a la fiscalía y al Tribunal de Cuentas que son los que tienen la última palabra, por tanto, ha reiterado, "sentencian antes que los órganos judiciales competentes, demostrando el verdadero interés que persiguen".

C's expedienta a su portavoz 
por ausentarse de la Asamblea


El liderazgo de Miguel Sánchez como portavoz parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea
Regional pasa por su peor momento desde que comenzó la legislatura hace un año. Cuestionado desde abril por la polémica imputación de gastos electorales a la subvención que recibe su grupo político de los presupuestos regionales y sus pulsos con otros dirigentes naranjas, ahora se enfrenta a dos procedimientos disciplinarios internos por faltas grave y muy grave en el desempeño de su cargo. Esta situación disparó ayer las especulaciones sobre el futuro de Sánchez cuando comience el nuevo curso político en septiembre, avanza hoy La Verdad.
El motivo de ambos expedientes es la ausencia sin justificación a la Junta de Portavoces convocada el pasado día 5 de julio, a las 13.30 y notificada a los cuatro diputados regionales de C's; y su incomparecencia en el hemiciclo durante las dos últimas votaciones del Pleno celebrado el pasado viernes. Este fue el último del ejercicio político y todos los asuntos del orden del día fueron aprobados por mayoría. Es decir, sus votos no eran imprescindibles para asegurar los intereses de Ciudadanos.
En un documento fechado el lunes, al que ha tenido acceso La Verdad, el responsable de disciplina del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Miguel Ángel López-Morell, recuerda a Sánchez que la primera ausencia está considerada como infracción grave en su reglamento interno. Ello supone una amonestación por escrito y una sanción económica que oscila entre los 101 y los 200 euros. La segunda ausencia está considerada como falta muy grave, con sanciones que varían desde los 201 hasta los 500 euros, sin perjuicio de otras consideraciones, advierte López-Morell. Ambas sanciones son de obligada información al comité ejecutivo del partido que preside Albert Rivera.
La situación viene agravada porque Miguel Sánchez ya fue apercibido en junio por una falta leve debido a sendos retrasos a reuniones internas de su grupo. El día 26 de mayo llegó 40 minutos tarde a la cita y el 8 de junio, poco más de media hora.
Además, ya fue amonestado de manera leve por su partido, al igual que sus compañeros Juan José Molina, Luis Fernández y López-Morell, como consecuencia del escándalo de las facturas. La dirección nacional decidió resolver aquella polémica manteniendo a Sánchez como portavoz pero poniendo como jefe del grupo a Molina.
El portavoz parlamentario evitó ayer dar explicaciones a La Verdad sobre los apercibimientos y su situación política tras su primer año en el Parlamento murciano. En su lugar lo hizo el coordinador de los grupos institucionales de Ciudadanos, Antonio Puche, quien confirmó los expedientes a Sánchez debido a unas ausencias que achacó a que este «va muy liado y se le puede olvidar».
Puche restó importancia a la notificación de López-Morell y la enmarcó en el funcionamiento normal del grupo. No obstante, este diario comprobó que ese tipo de sanciones no son habituales en ningún otro partido del arco parlamentario. Ni PP, con 22 diputados, ni PSOE, que tiene 13, han tenido que recurrir en el primer año de legislatura a sus reglamentos internos para sancionar. Tampoco en Podemos. Todas las ausencias de sus componentes estaban justificadas previamente.
«Hemos venido a la política para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, los mismos derechos y las mismas obligaciones. En Ciudadanos no hacemos ningún tipo de distinciones ni entre portavoz ni entre diputados. Tampoco hay una voz que manda y los demás obedecen. No hay nadie por encima de nadie», aseguró Puche.
Además, el dirigente hizo hincapié en que las diferencias internas surgidas cuando el escándalo de las facturas y los pulsos de Sánchez con el coordinador territorial, Mario Gómez, están superados. Ahora, dijo, los cuatro directivos que forman la cúpula del partido en la Región -ellos tres y la delegada, Valle Miguélez- trabajan para afianzar su proyecto.
Puche descartó cualquier posibilidad de un relevo en la portavocía en septiembre, rumor extendido en la Asamblea desde antes del debate sobre el estado de la Región de la pasada semana. «Eso es una tontería. El comité territorial ha elegido a Miguel Sánchez para que sea el portavoz». Puche enmarcó todos esos comentarios en un intento por desestabilizar a Ciudadanos y el proyecto político que intentan consolidar.

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