MURCIA.- El ingeniero del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela e investigado
en el caso del presunto fraude en las obras del AVE, José Manuel F. P.
aseguró al prestar declaración ante la Guardia Civil que "no conocía los
datos concretos" de unas escrituras firmadas ante notario en las que
transmitía a su esposa y dos hijas un total de 4,6 millones de euros.
Su declaración, que duró casi tres horas y media, ha sido conocida
ahora al levantarse el secreto que pesaba sobre las actuaciones que se
siguen en un Juzgado de Instrucción de Murcia por los delitos de
malversación de caudales públicos, falsedad, estafa y blanqueo de
capitales.
Los agentes que le interrogaron le pusieron de manifiesto que el
mismo día firmó un total de ocho protocolos notariales "mediante los
cuales desvió su patrimonio hacia su familia por varios millones de
euros simulando donaciones, préstamos, venta de sociedades, etc, sin que
mediara pago alguno".
Para el declarante, "no existió desvío alguno, porque parece que se
le da otra intencionalidad, que sí que hizo esas operaciones, pero sin
un ánimo de desvío ni de intentar hurtar esos bienes a la Hacienda
Pública".
La Guardia Civil le comentó entonces que había una contradicción en
esos protocolos, ya que mientras en dos de ellos el declarante y su
esposa exponían que su patrimonio no superaba los 402.678 euros, en
otros tres el matrimonio transfirió un patrimonio mobiliario e
inmobiliario que sumaba 4,6 millones.
En cuanto a lo primero, aseguró que desconocía aquel dato, ya que fue
el empleado de una gestoría con la que suele trabajar y el de la
notaría los que redactaron el texto, sin que él tuviera idea "de por qué
aparece esa cifra".
Respecto a la segunda cifra, de los 4,6 millones de euros, manifestó
"que desconocía ese dato, ya que no recordaba el contenido literal de la
escritura ni recordaba si le fue leída por el notario, que desconocía
los números concretos".
Respecto a la posible participación de su mujer y sus hijas -a las
que se investiga por un presunto delito de blanqueo de capitales- en
esas operaciones, afirmó que "la decisión la tomó él por las posibles
consecuencias de su actividad profesional y los riesgos que se deriven
de las mismas".
Sin embargo, los investigadores sospechan de que la transmisión del
patrimonio pudo deberse a que habría tenido conocimiento de una
investigación puesta en marcha por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT) sobre una sociedad creada por él mismo y su hermano
que trabajó para el Juzgado Privativo de Aguas.
En el transcurso de la declaración, negó haber participado en
operación alguna de emisión de facturas falsas, en contra de lo
declarado con anterioridad por el propietario de la empresa que fue
subcontratada para las obras de reposición de las redes de riego
afectadas por las obras del AVE, Juan O.
También negó tener conocimiento de que su hermano y también imputado
Antonio José F.P. recibiera varios millones de euros por sobrecostes de
los trabajos, como igualmente tiene declarado Juan O.
Los agentes le preguntaron, por otro lado, si fue él quien hizo los
presupuestos y las valoraciones para las obras de reposición de
infraestructuras hidráulicas, que ascendieron a 62 millones de euros, a
lo que respondió que sí fue el autor, aunque no recordaba el montante
total.
También se le preguntó al declarante "si realizó dichos presupuestos y
los valoró con una intención premeditada de sobrevalorarlos con el fin
de realizar las maniobras necesarias para poder lucrarse de forma masiva
tanto él como otras personas con los fondos que libró ADIF con arreglo a
los mismos".
Ante esa interrogante, contestó que no, "que se valoraron con arreglo
a las mediciones y planos de cómo había que hacer las mediciones.
También negó conocer que en un determinado momento se hiciera una
puesta en escena con la colocación de unas tablas solo para tomar unas
fotografías con las que y poder justificar la facturación por un
servicio que no se iba a prestar.
Finalmente, reconoció haber estado en dos ocasiones en Cuenca
invitado a sendas matanzas Organizadas por el exjefe de Infraestructuras
de ADIF para el Levante, José Luis M.P., también investigado en esta
causa, pero añadió que "lo hizo por cortesía".
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