MURCIA.- Diez altos responsables de las cuatro UTE (Unión Temporal de
Empresas) que tienen adjudicados otros tantos tramos para la
construcción de la línea de alta velocidad entre Crevillente y Murcia
acaban de ser llamados por la titular del Juzgado de Instrucción nº 9
de Murcia, Olga Reverte, para comparecer como imputados por el presunto
desvío multimillonario de fondos de Adif (Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias), adelanta hoy La Verdad.
Con estas citaciones, la investigación
del 'caso César' da un nuevo salto cualitativo al entrar de lleno en el
terreno de las grandes empresas adjudicatarias de las obras, después de
que a lo largo de los últimos meses hayan sido detenidos o encartados
quienes estuvieron al frente del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela,
el propietario de la firma subcontratada Obras MariMar SL, los
presuntos administradores de un entramado de empresas 'fantasma que
emitían facturas falsas y, por último, el exjefe de Infraestructuras de
la línea del AVE al Levante, José Luis Martínez Pombo.
La decena de nuevos imputados son directivos de las UTE Acciona
Infraestructuras-Construcciones Villegas, adjudicataria del tramo de 7,3
kilómetros desde Crevillente a San Isidro de Albatera;
Dragados-Constructora Hormigones Martínez- Tecsa (tramo San Isidro de
Albatera-Orihuela, de 9,5 kilómetros); Sacyr-Neopul Sociedad de Estudios
e Construcoes (tramo Orihuela-Colada de la Buena Vida, de 6,7
kilómetros), y Constructora San José (tramo Colada de la Buena
Vida-Murcia, con 7,9 kilómetros). Los investigados son Alberto José
C.G.; David F.G., Juan Luis R.C., Pablo Damián L.G., Alberto D.P.,
Salvador Jorge P.V., Francisco Javier T.C., Donato F.A., Francisco V.G. y
Manuel P.H.. Todos ellos deberán prestar declaración a lo largo del mes
de septiembre.
La imputación tiene su base en las sospechas existentes acerca de su
supuesta participación, o cuando menos connivencia, en el descomunal
desvío de fondos públicos que se produjo entre los años 2011 y 2014 en
la línea del AVE de Crevillente a Murcia.
Los agentes de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil que han llevado
el peso de esta investigación, bautizada 'Operación César', consideran
que no habría sido posible cometer una presunta malversación de más de
17,6 millones sin una cierta aquiescencia de las cuatro grandes
adjudicatarias de esos tramos.
Así lo señala en uno de sus informes el
propio fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, quien afirma que «se
entiende que las cuatro UTE contratistas, Obras MariMar, el Juzgado
Privativo de Aguas de Orihuela y la Comunidad de Regantes San Felipe
Neri, de acuerdo con personal de Adif, han realizado una sobrevaloración
del coste de las obras con la finalidad última de enriquecerse a costa
del dinero público».
El presunto fraude se habría cometido inflando el coste real de las
obras de reparación y reposición de la red de acequias que se veían
afectadas por las obras del AVE, o bien, directamente, emitiendo
facturas falsas por obras que nunca llegaron a realizarse. De esa forma
se habrían desviado al menos 17,6 millones para el enriquecimiento
personal de los implicados en la trama delictiva, aunque la
investigación tiene otras ramas abiertas que permiten ya afirmar que la
cuantía malversada es todavía más voluminosa.
Una de esas vías se dirige a constatar si algunas de las obras de ese
proyecto fueron acometidas incluso antes de que se produjera la
adjudicación formal de las mismas, según fuentes próximas a la
investigación.
Los indicios que apuntan a la posible participación o connivencia de
las cuatro grandes constructoras se refieren al hecho de que todas ellas
subcontrataran los trabajos con la empresa murciana Obras MariMar -uno
de los principales puntales de todo el entramado-, pese a que se trataba
de una pequeña firma sin apenas medios materiales y personales para
acometer esa labor y sin experiencia alguna en esa materia.
Además dieron el visto bueno, uno tras otro, a los expedientes de
gasto que les iba remitiendo Obras Marimar, pese a que los especialistas
que han examinado en estos meses esa documentación consideran que los
costes estaban hinchados de forma bastante evidente. También se trata de
esclarecer si los pagos de cuantiosas cantidades de dinero que se
hicieron a sociedades vinculadas a uno de los principales imputados de
la trama, el ingeniero José Manuel Fernández Pujante, no se corresponden
con trabajos realizados.
Hasta ahora son ya en torno a medio centenar los detenidos e
imputados por su presunta participación en la presunta trama delictiva,
que podrían haber cometido delitos de malversación de caudales públicos,
falsedad documental, contra la hacienda pública y blanqueo de
capitales, siempre según publica hoy La Verdad.
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