La Fiscalía abre una investigación para aclarar la concesión del agua a 'Acciona' por Bernabé en La Unión el año 2012

LA UNIÓN.- La Fiscalía Superior de la Región ha abierto «diligencias de investigación» tras la denuncia presentada por un vecino de La Unión, Pedro Barrionuevo Valero, en relación a la elaboración y adjudicación a la compañía Acciona del contrato de gestión de suministro de agua potable y alcantarillado en agosto de 2012, por un período de 25 años, siendo alcalde Francisco Bernabé, hoy diputado electo a Cortes. 

En concreto, el denunciante menciona «un supuesto delito de corrupción» cometido entonces por «el gobierno municipal (PP), los componentes de la mesa de contratación y el jefe de infraestructural municipal del Ayuntamiento», según publica hoy La Verdad.

En el escrito, acompaña un informe del Tribunal de Cuentas de 2014, en el que se concluye que el procedimiento «debió declararse desierto», habida cuenta del «incumplimiento, por el único licitador, Acciona, de varios puntos del pliego de condiciones, que incluso se calificaron con un cero». Así como «unos criterios de adjudicación imprecisos y genéricos, dependientes de un juicio de valor, contrarios a la transparencia y la publicidad de los procedimientos de contratación». 

Además, el denunciante subraya que «nunca se aportaron datos concretos que justificaran la rescisión del anterior contrato de suministro, que costó al Ayuntamiento 912.478 euros, sin que tampoco se especificara los cálculos para esa cuantificación». La denuncia, por otro lado, alude a que «en La Unión rigen las tarifas del agua más caras de España», y al hecho de que «las obras relacionadas con el servicio de agua y alcantarillado no se licitan en concurrencia pública, sino que se las adjudica el propio concesionario».
Barrionuevo aseguró que el único fin que le ha movido a la denuncia es «que se haga justicia con esta situación tan escandalosa, y que, llegado el caso, corra el que tenga que correr».

Desde el PP, su portavoz municipal, Verónica Vegas, aseguró que los hechos denunciados «ya fueron investigados, estudiados y archivados en 2015 por el Tribunal de Cuentas», como organismo competente para la fiscalización de los contratos municipales. Y apuntó que «dicha decisión contó con el informe favorable de la Fiscalía que realiza sus funciones ante dicho órgano jurisdiccional».
Según Vegas, «el expediente se tramitó y gestionó bajo la supervisión directa, y con el visto bueno expreso de los funcionarios responsables de los servicios técnicos, jurídicos y económicos del Ayuntamiento, cuya labor, independencia y honestidad siempre ha sido ejemplar en todo momento».
También dijo del denunciante que posee «un historial récord de denuncias archivadas, pues a lo largo de la última década se ha dedicado a formular decenas de denuncias contra el anterior equipo de gobierno del PP». Algunas de ellas, destacó, «las interpuestas por permitir el sonido de las campanas de las iglesias, el de las sirenas de las ambulancias o el del ladrido de los perros, sin que prosperara ni una sola».
Por su parte, el alcalde, Pedro López Milán (PSOE), dijo desconocer la presentación de esta denuncia, aunque, agregó que «si la Fiscalía pide cualquier información o documentación, se entregará con toda diligencia».
Al margen de esta iniciativa judicial, durante los últimos años, la Plataforma Unionenses por lo Público viene luchando por que se anule la concesión a Acciona sin necesidad de abonar el lucro cesante y permitir, a renglón seguido, que el Ayuntamiento preste directamente el servicio.