MURCIA.-Pedro Antonio Sánchez, presidente del Gobierno murciano, no quiere
que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) deje
sentado si se ajustó o no a la legalidad el proceso de adjudicación y
construcción del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras, un proyecto que
el ahora jefe del Ejecutivo regional acometió cuando era alcalde de
aquella localidad y que hoy lo mantiene en el horizonte de la
investigación judicial sobre ese asunto, revela hoy La Verdad.
Fue la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, quien de oficio -sin que el Ministerio Fiscal ni alguna otra de las partes lo reclamara- requirió el pasado marzo a los especialistas de la IGAE para que analizaran toda la documentación oficial existente sobre la forma en que fue convocado el concurso para redactar el proyecto del Auditorio, sobre cómo se adjudicaron los trabajos y de qué manera y con qué controles se certificaron las obras. Y, una vez examinados los expedientes, para que los especialistas de ese organismo estatal, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se pronunciaran acerca de si los trámites administrativos habían respetado los preceptos legales y en qué grado se habían cumplido.
Todas las partes del proceso confieren gran relevancia a esta prueba, cualquiera que pueda ser la conclusión a la que lleguen los técnicos, ya que puede inclinar la balanza en uno u otro sentido. Una razón por la cual esta diligencia tendría que haber sido acogida de buen grado, a priori, por Pedro Antonio Sánchez y su defensa, toda vez que vienen defendiendo que el expediente sobre esas obras cumplió estrictamente con la legalidad vigente y que, en el peor de los casos, solo se habría incurrido en algún leve error sin la menor relevancia penal.
Pero no ha sido así. La defensa de Pedro Antonio Sánchez, que coordina el abogado Francisco Martínez Escribano, se apresuró en su día a recurrir la providencia de la juez Andreo para tratar de impedir que ese informe llegara a emitirse. Los argumentos legales radicaban en que la orden de la instructora no concretaba acerca de qué documentación habían de pronunciarse los técnicos, no establecía qué parte de las actuaciones se les iba a enviar, no indicaba qué intervención iban a tener las distintas partes del proceso ni, por último, qué capacidad de reclamar más documentación iba a tener la IGAE. Pero, fundamentalmente, rechazaba esa prueba por considerarla «improcedente», toda vez que -se quejaba la defensa de Sánchez- «se está pidiendo un documento que incidirá directamente sobre la calificación jurídica de la tramitación de los expedientes».
La iniciativa legal del equipo jurídico del presidente de la Comunidad no ha tenido éxito, al menos por el momento. La magistrada ha confirmado la oportunidad y necesidad de esa prueba. «En el presente caso nos encontramos con una diligencia acordada en el marco de una investigación donde, entre otras, se están siguiendo actuaciones por delito de prevaricación que determinan, como elementos necesarios para integrar el tipo penal, junto con otros, que concurra una resolución manifiestamente injusta, basada en una actuación contraria al ordenamiento jurídico administrativo», recuerda la instructora. Y eso, en concreto, es lo que le ha encargado a la IGAE: que, «como órgano técnico con especiales conocimientos en la materia», emita un informe para establecer «aquellos aspectos técnico-jurídicos reseñables», partiendo del análisis «de los expedientes que fueron aportados tanto por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras como por la Consejería de Cultura».
Y deja constancia de que, aun en el caso de que «se aprecie por el citado organismo alguna irregularidad», ello no significará de forma automática que se haya cometido un delito de prevaricación, «por cuanto deben concurrir todos y cada uno de los elementos de ese tipo penal».
La resolución de la juez, de cualquier modo, puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Murcia en el plazo de cinco días.
El letrado Martínez Escribano, defensor del presidente, eludió ayer ofrecer explicaciones acerca de las razones por las que trató de impedir que se emitiera ese informe. «Nunca hago comentarios públicos sobre cuestiones judiciales», recordó. Sí confirmó que, pese a que Sánchez no está imputado, como abogado viene ejerciendo su defensa «de manera muy activa», señala La Verdad.
Fue la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, quien de oficio -sin que el Ministerio Fiscal ni alguna otra de las partes lo reclamara- requirió el pasado marzo a los especialistas de la IGAE para que analizaran toda la documentación oficial existente sobre la forma en que fue convocado el concurso para redactar el proyecto del Auditorio, sobre cómo se adjudicaron los trabajos y de qué manera y con qué controles se certificaron las obras. Y, una vez examinados los expedientes, para que los especialistas de ese organismo estatal, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se pronunciaran acerca de si los trámites administrativos habían respetado los preceptos legales y en qué grado se habían cumplido.
Todas las partes del proceso confieren gran relevancia a esta prueba, cualquiera que pueda ser la conclusión a la que lleguen los técnicos, ya que puede inclinar la balanza en uno u otro sentido. Una razón por la cual esta diligencia tendría que haber sido acogida de buen grado, a priori, por Pedro Antonio Sánchez y su defensa, toda vez que vienen defendiendo que el expediente sobre esas obras cumplió estrictamente con la legalidad vigente y que, en el peor de los casos, solo se habría incurrido en algún leve error sin la menor relevancia penal.
Pero no ha sido así. La defensa de Pedro Antonio Sánchez, que coordina el abogado Francisco Martínez Escribano, se apresuró en su día a recurrir la providencia de la juez Andreo para tratar de impedir que ese informe llegara a emitirse. Los argumentos legales radicaban en que la orden de la instructora no concretaba acerca de qué documentación habían de pronunciarse los técnicos, no establecía qué parte de las actuaciones se les iba a enviar, no indicaba qué intervención iban a tener las distintas partes del proceso ni, por último, qué capacidad de reclamar más documentación iba a tener la IGAE. Pero, fundamentalmente, rechazaba esa prueba por considerarla «improcedente», toda vez que -se quejaba la defensa de Sánchez- «se está pidiendo un documento que incidirá directamente sobre la calificación jurídica de la tramitación de los expedientes».
La iniciativa legal del equipo jurídico del presidente de la Comunidad no ha tenido éxito, al menos por el momento. La magistrada ha confirmado la oportunidad y necesidad de esa prueba. «En el presente caso nos encontramos con una diligencia acordada en el marco de una investigación donde, entre otras, se están siguiendo actuaciones por delito de prevaricación que determinan, como elementos necesarios para integrar el tipo penal, junto con otros, que concurra una resolución manifiestamente injusta, basada en una actuación contraria al ordenamiento jurídico administrativo», recuerda la instructora. Y eso, en concreto, es lo que le ha encargado a la IGAE: que, «como órgano técnico con especiales conocimientos en la materia», emita un informe para establecer «aquellos aspectos técnico-jurídicos reseñables», partiendo del análisis «de los expedientes que fueron aportados tanto por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras como por la Consejería de Cultura».
Y deja constancia de que, aun en el caso de que «se aprecie por el citado organismo alguna irregularidad», ello no significará de forma automática que se haya cometido un delito de prevaricación, «por cuanto deben concurrir todos y cada uno de los elementos de ese tipo penal».
La resolución de la juez, de cualquier modo, puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Murcia en el plazo de cinco días.
El letrado Martínez Escribano, defensor del presidente, eludió ayer ofrecer explicaciones acerca de las razones por las que trató de impedir que se emitiera ese informe. «Nunca hago comentarios públicos sobre cuestiones judiciales», recordó. Sí confirmó que, pese a que Sánchez no está imputado, como abogado viene ejerciendo su defensa «de manera muy activa», señala La Verdad.
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