MADRID.- El sindicato de Enfermería Satse alerta de que los centros sanitarios de la Región cerrarán este verano 200 camas, lo que podría dificultará atención sanitaria a los pacientes.
Se cerrarán una 11.0000 camas en toda España,
el 10 por ciento de todas las disponibles en los hospitales del Sistema
Nacional de Salud (SNS), como consecuencia de los recortes "estivales",
que también supondrán menos servicios y profesionales para atender a
los ciudadanos.
Este cierre conllevará un aumento de las listas de espera, tanto médicas como quirúrgicas, más altas de forma precipitada y el "amontonamiento" de pacientes en Urgencias, según denuncia el sindicato, obligando a los profesionales a atenderlos en zonas no habilitadas para ello como los pasillos.
Asimismo, también aumentará el índice de
enfermos desplazados que no son atendidos en la unidad correspondiente a
su patología, y que, por tanto, son vistos por profesionales no
especializados.
Por comunidades, Satse calcula que el mayor cierre
se producirá en Andalucía, con unas 2.600 camas, seguida de Madrid
(1.700), Galicia (1.200), Comunidad Valenciana y País Vasco (ambas unas
1.000), Castilla y León (casi 800), Cataluña (más de 600), Asturias,
Castilla-La Mancha y Aragón (400), Canarias, Extremadura y Murcia (200), Navarra (más de 130), Baleares (más de 120), Cantabria (65) y La Rioja (cerca de 50).
Además
del cierre de camas, los centros hospitalarios cuentan con un menor
número de profesionales al no sustituirse convenientemente a las
personas que se van de vacaciones. La situación varía, según las
comunidades autónomas, pero los porcentajes de contratación de
suplencias en Enfermería van desde el 30 al 75 por ciento.
"Si las
plantillas ya están bajo mínimos, la escasez de sustituciones durante
el verano hace mucho más difícil la atención sanitaria a los ciudadanos,
que si sale adelante es por el esfuerzo de los profesionales", apuntan
desde Satse.
Aunque durante el verano se reduce la actividad
quirúrgica y la presión asistencial, esta disminución "no es ni mucho
menos proporcional a la eliminación de los recursos y servicios que se
establecen desde las administraciones", según denuncia el sindicato, que
lo atribuye "únicamente al deseo de los gestores de ahorrarse dinero
sin preocuparse por la calidad asistencial".
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