LORCA.- El concejal-portavoz del Grupo Municipal de IU-V en el Ayuntamiento
de Lorca, José García Murcia, salía hoy al paso de las declaraciones
realizadas días atrás por el concejal de Hacienda, Fulgencio Gil, en las
que tras informar que el Ayuntamiento de Lorca ha tenido que "volver a
devolver" otra suma millonaria de dinero (1,1 millones de €) a los
promotores del enésimo convenio urbanístico frustrado en nuestro
municipio, anunciaba una estrategia procesal, la del allanamiento, con
la que en términos generales IU-V está en desacuerdo.
Según García Murcia, IU-V no está a favor del allanamiento del
Ayuntamiento en los pleitos pendientes y en los que puedan venir, ya que
eso implica reconocer a quienes vinieron a especular con el suelo a
través de los convenios "el derecho al reintegro de lo que apostaron en
el casino del suelo en el que convirtieron a Lorca la pasada década". Un
buen empresario, afirma García Murcia, es el que corre con el riesgo y
ventura de su empresa y de su inversión, no el que hace apuestas sólo
para ganar, asegurándose siempre "lo metido", como ya en su día dijera
el alcalde de Lorca.
El concejal de IU-V mantiene que el Ayuntamiento debe agotar por lo
menos la primera instancia y sostener una defensa seria y rigurosa de
los intereses económicos del Ayuntamiento. Además, no todos los
convenios urbanísticos tienen las mismas cláusulas, ni todos acaban con
el mismo Juez.
García Murcia afirma que ahora está de moda "estar contra los
convenios urbanísticos", y que se están apuntando a esta moda todos los
actores políticos de Lorca, pero lo cierto y verdad es que la única
oposición a los convenios que hubo cuando tenía que darse es la que
realizó IU. Entonces nos llamaron de todo, nos dijeron que estábamos
contra el progreso de Lorca, contra el empleo, contra el desarrollo, y
nosotros pusimos encima de la mesa toda una batería de argumentos
urbanísticos, territoriales, ambientales, sociales y económicos que el
tiempo, por desgracia, ha demostrado acertados.
El concejal de IU afirma que el acta fundacional de los convenios
urbanísticos (en Lorca, en la Región de Murcia y en España) hay que
situarla con la entrada en vigor de la Ley del Suelo de Aznar en 1998. A
partir de esa Ley, que declaraba que España entera era urbanizable,
pudieron hacerse planes generales de ordenación urbana como el de Lorca y
pudieron firmarse miles de convenios urbanísticos en todo el país, que
han acabado arruinando a muchos ayuntamientos, entre ellos al nuestro,
que presenta un quebranto económico derivado de estas actuaciones que
hoy paga el pueblo de Lorca cuando lo deberían estar pagando los
responsables políticos que avalaron aquellas actuaciones.
Por último, García Murcia ha afirmado que el gran misterio en torno a
los convenios urbanísticos sigue siendo "qué destino se dio al dinero
recaudado por las arcas municipales". La Ley previene al respecto que
ese dinero debería engrosar el patrimonio municipal del suelo, y no sólo
no consta que ello fuese así, sino que la empresa que durante años
gestionó ese patrimonio (Suvilorsa) está siete años liquidándose y
costando grandes cantidades de dinero al Ayuntamiento.
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