Parece como si hubiera un reflujo en el
ánimo, el espíritu independentista catalán. El sábado era Francesc Homs,
del PDC, quien animaba al PSOE a formar un gobierno de izquierda porque
el referéndum catalán ya no sería una condición inexcusable, cosa que
comentó Palinuro en su post sobre el giro copernicano.
Quiso entenderlo como una maniobra táctica y ver su punto bueno, esto
es, el hecho de que, de formarse un gobierno de izquierdas, el país
podría perder de vista esta pesadilla de corruptos y presuntos
malhechores que lo está esquilmando hace más de cuatro años.
Pero, a lo largo del fin de semana han seguido alzándose voces en un sentido coincidente. Xavier Domènech, el portavoz de Barcelona En Comú,
mantiene la exigencia del referéndum pero es puramente formal porque
sigue jugando la baza de un imaginario cambio en España en favor de un
Estado plurinacional. Algo parecido sostienen los dirigentes de QWERTY
en el Parlament y, por último, todos los candidatos a dirigir Podem
afirman que no son partidarios de la independencia de Cataluña.
Bueno
es que las cosas se aclaren y, suponiendo que la oferta de Homs sea a
título personal o de contenido exclusivamente táctico, conviene
aquilatar las consecuencias de los distintos planteamientos de las
últimas horas. Si el contenido es exclusivamente táctico, es de suponer
que la oferta al PSOE no será en detrimento de la hoja de ruta de Junts pel Sí que, en su momento, planteará el Referéndum o la Declaración Unilateral de Independencia, según vengan dadas las cosas.
Dado
que la finalidad táctica no es segura del todo y que las fuerzas
catalanas del profuso mundo del 15M, los desahucios, Podemos, etc.
reniegan de la independencia como del maligno, no está de más que los
indepes recuerden que solamente cuentan con sus fuerzas para llevar
adelante la hoja de ruta y evitar nuevas elecciones. Eso quiere decir
que, a la hora de votar sobre la cuestión de confianza en Puigdemont, la
CUP no tiene margen de maniobra.
Si vota en contra, habrá elecciones
anticipadas que probablemente dejarán malos resultados para su
candidatura y el independentismo en general. Si vota a favor, se abrirá
una posibilidad única, la de construir la República Catalana, única
forma de seguir adelante en la afirmación de la nación catalana y de
contribuir a la regeneración (traumática, pero seguramente eficaz) de
España como República.
80 aniversario del golpe de Estado
protagonizado por un militar perjuro y felón que desembocó en tres años
de cruenta guerra civil. Tras la guerra, el mismo militar y sus
cómplices instauraron un régimen genocida, de terror, dedicado al
exterminio de todos quienes no fueran sus partidarios. Aquel régimen de
delincuentes erigió un remedo de Estado y ordenamiento jurídico que
acabó siendo reconocido por la vía de hecho por los demás países.
Durante
toda la dictadura España siguió siendo un régimen de hecho, pero no de
derecho. Y así sigue a día de hoy porque, mientras no se reconozca el
delito cometido hace hoy 80 años, no se haga justicia con los
responsables y no se resarza a las víctimas, en puridad del concepto, no
podrá hablarse de Estado de derecho. Ni 40 ni 400 años de ejercicio del
poder pueden convertir a una banda de criminales y asesinos en un
gobierno respetable de gentes honradas.
Y
ese es el problema que sigue impidiendo la plena homologación de España
con las naciones civilizadas y democráticas. Un país en el que sigue
habiendo más de cien mil personas asesinadas y enterradas en fosas
comunes a las que no se ha hecho justicia es un país enfermo, que no
puede mirar a su pasado ni puede encontrar paz en el presente.
Durante
los cuatro años de gobierno de los neofranquistas del PP, se ha
paralizado el tímido e insuficiente intento de hacer justicia de la Ley
de la Memoria Histórica. Una prueba obvia de que los herederos
biológicos e ideológicos de los criminales de julio de 1936 siguen en
sus trece y pretenden que el país olvide su deber de conciencia para con
las víctimas del genocidio franquista.
La
verdad es que, en esta lamentable actitud de olvido participa desde el
comienzo la izquierda, que debiera ser quien presionara sin descanso
para que se haga justicia al más inhumano, más cruel y despiadado
episodio de la historia de España. El error comenzó con la propuesta de
"reconciliación nacional" que hicieron los comunistas en el exilio en
los años 60. Los franquistas entendieron el mensaje y, durante la
transición, engañaron a todo el mundo con una ley de amnistía que
también los amnistiaba a ellos y una izquierda ingenua acabó aceptando
como justa una ley de punto final. Pero que una ley inicua sea aceptada
como justa no la hace menos inicua.
Y
los torturados, asesinados, los exiliados, los niños robados, las
gentes expoliadas, quedaron en el olvido, al margen de toda justicia.
La corrupción fundamental sobre la que estaba erigida la dictadura de
Franco, esto es, la conversión de la delincuencia y la ilegalidad en
legalidad y viceversa ha llegado al día de hoy porque la transición
cambió una "constitución" irrisoria por otra que ha acabado siendo tan
irrisoria como la anterior, pero no cambió en absoluto el conjunto del
ordenamiento jurídico. Y es aquel ordenamiento jurídico de la dictadura,
perverso y degenerado, en el que, al modo de Orwell, la ilegalidad era
la legalidad, el delincuente, inocente y el crimen una virtud, el que
explica por qué la corrupción es un fenómeno endémico en España: porque
es herencia del régimen de Franco, contrario a todo principio de
derecho.
Pero,
como sucedía en el mundo griego, como sucede en Antígona, si los
muertos no son honrados, los vivos no conocerán la paz. Por mucho que
estos franquistas del gobierno, esta banda de presuntos malhechores y
corruptos, trate de evitar que se haga justicia a la víctimas y los
victimarios ocupen el lugar de deshonra e infamia que les corresponde,
la justicia acabará imponiéndose. Mientras tanto, España seguirá siendo
un país enfermo.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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