Los
astilleros privados españoles han logrado adaptarse
sobradamente, en el año 2015, a los cambios impuestos por el
mercado, diversificando en mayor medida su cartera de pedidos
(con incrementos relevantes en tipos menos habituales, como
dragas y oceanográficos) y situando a España como el tercer país
europeo con mayor número de unidades en cartera en 2015, según un
informe de PYMAR, organización, que aglutina a los pequeños y
medianos astilleros privados más importantes de España.
Pero
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI),
propietaria de los astilleros públicos, acaba de anunciar un
incremento de sus pérdidas del 65,8% sobre el ejercicio anterior,
hasta un total de 151 millones euros, como consecuencia de los
números rojos de los astilleros públicos, Navantia, y de la
compañía minera, Hunosa.
Analistas y observadores no dejan de
señalar la contradicción y fiel reflejo de los males que aquejan al
sector público español, que supone el hecho de que, mientras los
astilleros privados atraviesan un gran momento una vez superada
la crisis del “tax lease”, los astilleros estatales no son capaces
de recuperar unos niveles de competitividad que les permitan
abandonar la senda de perdidas en la que andan sumidos y competir en
los mercados internacionales.
Un ejemplo relevante de lo
señalado fue la incapacidad de los astilleros públicos españoles
de hacerse cargo de la fabricación de las compuertas de la
ampliación del canal Panamá y de cuya construcción se corrió a
cargo de una empresa italiana cuya oferta superaba ampliamente a
la presentada por la firma española.
En la actualidad, según
el informe de PYMAR, los astilleros privados cuentan con una
cartera conjunta de pedidos de 51 unidades, un 24% superior a la
que contaban hace justamente un año, lo que supone 1.282 millones
de euros en pedidos, generadores de siete millones y medio de
horas de carga de trabajo.
En el caso de Hunosa, la minería del
carbón en España se halla inmersa en un proceso de cierre
definitivo del mineral subvencionado, obligado por la Comisión
Europea por considerarlo competencia desleal, y cuya última fase
finaliza en 2018.
Hace escasamente un mes, el Consejo de
Ministros autorizaba una convocatoria de ayudas a la minería por
valor de 25,3 millones de euros. Los principales objetivos que se
persigue con este tipo de convocatorias son cubrir las pérdidas
de las minas incluidas en el Plan de Cierre y contribuir al “cese
ordenado” de las minas de carbón no competitivo.
Post-it
Desde hace más de treinta años, en que se puso en marcha la
reconversión del carbón, se han invertido 24.000 millones en
planes sucesivos para reducir la capacidad de las cuencas mineras y
buscar alternativas para la economía de las comarcas afectadas.
La principal inversión se ha dirigido a reducir las plantillas
de las empresas, que han pasado de 45.000 a sólo 4.000 mineros, un
90% menos. El 48% de las prejubilaciones se han hecho con menos de
44 años y con más de 2.100 euros mensuales, con el requisito de
haber trabajado ocho años en la mina. El coste mediano en el último
plan (2006-2012) fue de 433.000 euros por persona.
(*) Periodista y editor de Tendencias del Dinero
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