La negociación a varias bandas para asegurar la investidura de Rajoy y
el apoyo parlamentario necesario para formar un Gobierno estable va a
contar con un nuevo interlocutor, no por esperado menos influyente, la
Comisión Europea. La posibilidad de una sanción a España por
incumplimiento de los objetivos de déficit público estás sobre la mesa,
aunque se trata de un dardo envenenado para los críticos de la política
económica gubernamental. No está claro a quien va a beneficiar más, en
la ronda de negociaciones, la presión de Bruselas. En teoría puede
recortarles las alas a todos a la vez.
Las cifras han ido clarificando poco a poco el problema. España se ha
gastado el pasado año unos 10.000 millones de euros más de lo señalado,
en parte porque el gasto se disparó en momentos electorales y en parte
también porque el PP quiso meter alicientes en su campaña electoral, con
una rebaja de impuestos que incluso anticipó a las fechas inicialmente
previstas. Total, más gastos y menos ingresos y, a la postre, más
déficit. Ahora habrá que arreglarlo y la Comisión Europea dice que de
momento no se ven por ninguna parte señales creíbles que permitan
esperar una rectificación del déficit para este año 2016.
En estas circunstancias, la negociación para la investidura o más aún
para gobernar en minoría se presenta peliaguda. Rajoy no tiene desde
luego margen de maniobra alguna para hacer concesiones de gasto que
sirvan de argumento atractivo para sus posibles aliados. Se podría
desplazar el epicentro de los eventuales acuerdos hacia el lado
político, pero en el catálogo de las medidas económicas más demandadas
hay algunas que parecen insoslayables y a las que no parecen renunciar
los partidos político que `podrían darle apoyo de algún tipo a Rajoy.
Uno de los caballos de batalla será con toda probabilidad la tan
manoseada reforma del mercado de trabajo, tema en el que Rajoy no cuenta
en principio con aliados suficientes para sacar adelante la designación
o la investidura.
También se da la circunstancia de que los márgenes para quienes
quieran activar estrategias populistas están seriamente mermados.
Bruselas sólo nos ofrece un horizonte, el de una redoblada austeridad y
el de probables incrementos de la fiscalidad, asunto este último en el
que sí podrían confluir los expertos de Bruselas con algunas de las
ofertas políticas que van a estar negociando con el candidato del PP las
posibilidades de la investidura.
Pero un aumento de la fiscalidad tendrá que ser negociado tarde o
temprano para encontrarle una salida a la financiación de la Seguridad
Social. El aumento del empleo en estos dos últimos años e incluso
aumentos similares en los años de la presente legislatura no serán
suficientes para cubrir el impresionante déficit del sistema de
previsión, por lo que, a más tardar en el año 2018, los aumentos de
impuestos se presentan como ineludibles.
(*) Periodista y economista
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