Ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel
García-Margallo que la Constitución impide ‘borbonear’ al Rey. No es
verdad porque no existe semejante precepto ni alusión al ‘borboneo’ y
buena prueba la tiene el señor ministro en el Rey ‘emérito’ don Juan
Carlos I que hizo cuanto quiso de su manto un sayo y por doquier.
Hacía semejante comentario el inagotable García-Margallo a propósito
de unas imprudentes declaraciones de Albert Rivera donde anunciaba que
le pedirá al Rey Felipe VI, en el encuentro previsto para el jueves, que
‘presione’ a Pedro Sánchez a fin de que el PSOE decida abstenerse en la
investidura de Rajoy y de esa manera se pueda formar gobierno y evitar
terceras elecciones.
El joven Rivera deambula errático por el campo de la política y
debería saber que la presión mas eficaz para que el PSOE se abstenga
sería que C’S votara a favor de Rajoy en lugar de abstenerse, lo que
constituye un error y una finta fallida porque con voto o abstención
Rivera se habrá puesto del lado de Rajoy, como se puso de lado de
Sánchez durante la anterior legislatura pero en aquel caso votando a
favor del PSOE.
Es verdad que en esa pasada legislatura las consultas del Rey con los
líderes políticos no fueron acertadas y los resultados están ahí tras
las segundas elecciones del 26-J. Se detectó en esa ronda del monarca un
error de partida como fue que don Felipe VI propusiera a Rajoy que
acudiera al Congreso de los Diputados a someterse a la investidura solo
por ser el ganador de los comicios del 20-D y aún a sabiendas que
carecía de los apoyos necesarios para salir airoso.
El error del Rey partía de la propaganda lanzada por el PSOE según la
cual el ganador de las elecciones debía presentarse a la investidura
tuviera o no los apoyos necesarios, lo que es absolutamente falso y no
figura –como el ‘borboneo’- en ninguna ley ni en la Constitución.
No en vano de igual manera que en el régimen parlamentario español el
partido ganador de las elecciones no es necesariamente quien debe
gobernar si no tiene una mayoría de diputados suficientes, el ganador de
las elecciones tampoco tiene por qué presentarse a la investidura si
carece de votos para salir elegido. Por ello el Rey Felipe VI se
equivocó al proponer a Rajoy y, en consecuencia, obligó a Rajoy a
‘declinar’ la propuesta real quedando ambos en evidencia.
De manera que está claro que la función del Rey en el proceso para la
investidura de presidente y formación del nuevo gobierno tiene que ser
la de explorar la pretensiones de los líderes políticos y evaluar si
alguno de ellos está en condiciones de concitar los apoyos suficientes
para ser elegido por el Congreso de los Diputados para que el Rey lo
proponga como candidato a la investidura.
Lo que no puede hacer el monarca es presentar a Rajoy solo porque
ganó las elecciones del 26-J, ni tampoco a ningún otro que no acredite
de manera fehaciente tener los apoyos necesarios. Y decimos acreditar
fehacientemente porque en la pasada legislatura Pedro Sánchez dijo al
Rey -y al Comité Federal de su partido- que él tenía los apoyos y no era
cierto como se demostró.
También es cierto que, precisamente por ese planteamiento erróneo del
Rey de proponer de candidato al ganador de las elecciones del 20-D, se
detectaron ciertas tensiones en la segunda visita de Rajoy al Rey. De la
misma manera que, imaginamos que por simpatía generacional, el monarca
propuso a Sánchez a la investidura sin previamente saber a ciencia
cierta que tenía los apoyos de los que presumía. Aunque en este caso
algo tuvo que ver el anuncio que Iglesias le hizo al monarca de su
disposición para formar gobierno con el PSOE. Otra falsedad porque el
líder de Podemos ya tenia en la cabeza el pacto con IU para alcanzar el
‘sorpasso’ al PSOE en la repetición electoral.
Las presuntas presiones del Rey a los líderes políticos no son tales
por el simple hecho de que nadie estaría obligado a aceptarlas, ni
podría el Rey imponer su criterio. Ahora bien, que el monarca intente
llevar al ánimo de los dirigentes políticos la necesidad de que España
tenga un gobierno fuerte y estable no solo forma parte de su función
sino que es la obligación del Jefe del Estado en la clara defensa del
interés nacional y a sabiendas que la última palabra la tendrán los
líderes políticos que acuden a la consulta real.
(*) Periodista
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