MADRID.- El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publica este sábado la Orden Ministerial por la que se regulan las
operaciones de cierre del ejercicio 2016 relativas al presupuesto de
gastos y operaciones no presupuestarias, según la cual a partir del
próximo miércoles, día 20, no se podrán iniciar nuevos gastos.
El Gobierno se comprometió ante Bruselas a adelantar el cierre del
ejercicio de 2016 a julio, cuando lo habitual suele ser en noviembre,
como una de las medidas para evitar la multa por el déficit excesivo y
lograr el objetivo de situar el déficit público por debajo del 3% el
próximo año.
Según el nuevo calendario, la Administración del Estado no podrá
iniciar nuevos gastos a partir del próximo miércoles e, iniciado el
procedimiento de gasto, será el 29 de julio la fecha límite en que la
Administración podrá remitir a la Intervención para su fiscalización los
compromisos de gasto con un tercero.
Esta limitación no afectará a los gastos que se deriven del
cumplimiento de normas legales o reglamentarias como, por ejemplo, el
caso de pensiones o prestaciones por desempleo. Quedan excluídos,
igualmente, aquellos que sean autorizados o aprobados por Consejo de
Ministros, así como los gastos de personal o deuda pública, entre otros.
El adelanto en la fecha máxima en que la Administración puede
iniciar y comprometer gastos no afectará al pago de los compromisos ya
asumidos hasta la fecha, que podrán realizarse hasta el 30 de diciembre.
De esta forma, no se generarán facturas pendientes de pago, ya que
actúa sobre las fases iniciales del gasto, impidiendo que surjan
compromisos o que se realicen prestaciones de los cuales pudieran
derivarse posteriormente deudas para la Administración.
En concreto, la Orden Ministerial regula las operaciones de cierre
del ejercicio 2016 relativas a la contabilidad del presupuesto de
gastos y operaciones no presupuestarias tanto en la Administración
General del Estado, como en los Organismos Autónomos del Estado,
Agencias Estatales y otros Organismos públicos.
Con este adelanto en la fecha de cierre presupuestario, cuatro
meses antes de lo habitual, el Ejecutivo pretende limitar el gasto
público de todas las Administraciones Públicas en los próximos meses
para "conseguir unos ahorros que pueden ser decisivos para cumplir con
los Objetivos de Estabilidad".
En esta misma línea, el Gobierno ya aprobó el pasado mes de abril
un acuerdo de no disponibilidad de créditos en el Presupuesto del Estado
para 2016 por importe de 2.000 millones de euros.
Igualmente, España se ha comprometido ante Bruselas a llevar a
cabo otras medidas complementarias para tratar de reducir al máximo la
multa por la desviación de los objetivos de 2015 --con un déficit del
5,1% en lugar del 4,2% reclamado-- entre las que se incluyen también una
reforma del Impuesto de Sociedades con un impacto presupuestario
estimado de 6.000 millones de euros en 2016.
Esta medida se complementará con la puesta en marcha de medidas
adicionales para luchar contra el fraude fiscal (1.000 millones de
euros), que serán aprobadas mediante Real Decreto cuando se constituya
el nuevo Gobierno.
Según el Ejecutivo en funciones, se trata de un "esfuerzo
adicional" de control del gasto público en su ámbito de actuación, de
modo que los distintos Ministerios no incurran en gastos que no son
prioritarios y servirá para seguir avanzando en la consolidación fiscal.
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