MADRID.- Varios vocales del Consejo General del Poder Judicial, críticos con
el presidente Carlos Lesmes, denunciaron que este órgano incumplió
la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el nombramiento de Miguel
Pascual del Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Murcia, ya que no lo cesó tras el fallo del alto tribunal.
La mayoría del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no solo
desoyó supuestamente al Supremo en este aspecto concreto, al no cesar a
Riquelme después de que su nombramiento fuera anulado, sino que además
habría vuelto a hacerlo cuando ratificó su designación, ya que no tuvo
en cuenta las indicaciones del Alto Tribunal, afirman los citados
vocales.
En concreto, aseveran, la sentencia que anuló el nombramiento exigió
que la decisión sobre la presidencia del TSJ de Murcia estuviera
respaldada por fundamentos objetivos, pero el órgano de gobierno de los
jueces se limitó a buscar las razones que mejor podían mantener a
Riquelme en el puesto.
Algo en lo que habrían incurrido «a falta de una justificación
razonada y razonable, lo que constituye una muestra clara de
arbitrariedad que da lugar a una auténtica desviación de poder».
Estos durísimos reproches se formulan en dos votos particulares de la
magistrada del Supremo y vocal progresista del CGPJ Clara Martínez de
Careaga, que están apoyados en ambos casos por otros cuatro vocales
(Roser Bach, Victoria Cinto, Concepción Sáez y Enrique Lucas).
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló
el pasado 4 de abril el nombramiento de Pasqual del Riquelme, que había
sido impugnado por otra aspirante al cargo, la magistrada de la
Audiencia Provincial de Murcia Pilar Alonso Saura, que estaba 1.160
puestos por delante de su compañero en el escalafón judicial.
La resolución obligaba a razonar y a fundamentar objetivamente las
razones de la designación del presidente del TSJ de Murcia, fuera quien
fuera el elegido.
Casi dos meses más tarde, el Pleno del CGPJ acordó por mayoría volver
a nombrar al magistrado Miguel Pasqual del Riquelme presidente del
Tribunal Superior de Justicia de la Región, lo que habría hecho -según
señaló el propio órgano- con «una amplia y detallada motivación, tal y
como exigió el Tribunal Supremo».
Pero en opinión de la vocal progresista Careaga, lo que hizo en
realidad el CGPJ fue cesar a Pasqual del Riquelme y volverlo a nombrar
de manera consecutiva, por lo que en su voto particular califica esta
actuación de «cumplimiento ficticio» del fallo del alto tribunal.
En el otro voto particular vinculado al mismo asunto, Clara Martínez
de Careaga insiste en que tampoco se ha escuchado al Supremo en el fondo
del asunto, pues la sentencia que anulaba el nombramiento señalaba la
existencia de nueve criterios en la convocatoria a los que debía darse
respuesta fundada.
Sin embargo, y dado que la capacidad de la candidata Pilar Alonso
estaba acreditada como superior en ocho sobre nueve de esos aspectos,
que además serían los más importantes por referirse a los méritos
jurisdiccionales, se habría optado por silenciarlos en este segundo
nombramiento. Así, dice Careaga, la «profusa» argumentación se limita a
extenderse en el noveno de los posibles méritos, en el que destaca
Pasqual del Riquelme según criterios subjetivos, por tratarse de
habilidades de gestión discutibles.
«Este absoluto desconocimiento de los méritos jurisprudenciales que
se aprecia en la profusa argumentación de la mayoría», obedece a que
atender a ellos «llevaría necesariamente a tener que nombrar a la
candidata no deseada», denuncia.
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