MURCIA.- El secretario general de Podemos Región de Murcia ha afirmado hoy que
Ramón Luis Valcárcel, el expresidente regional, "siempre según la jueza
instructora, sería la cabeza de una trama corrupta que pretendía
enriquecerse a costa de expoliar los recursos naturales de todos los
murcianos y murcianas y vender al mejor postor nuestro territorio".
Óscar Urralburu ha asegurado que las casualidades existen "en los
trucos de magia y los cuentos infantiles" pero que en el caso del
Partido Popular en la Región de Murcia es "muy real que cada vez que
hablamos de corrupción, todos los indicios apuntan al mismo partido".
Lo del caso Novo Carthago es "flagrante" según Urralburu, puesto que
se pone encima de la mesa "que Valcárcel presuntamente recibía mordidas
para la aprobación de ese megalómano proyecto urbanístico y que
provenían de todas las empresas promotoras".
Ante la gravedad del caso, el secretario general de Podemos en Murcia
ha solicitado a la justicia "la mayor celeridad posible porque las
personas de esta Región tenemos derecho a saber qué estuvo haciendo
Ramón Luis Valcárcel durante su etapa como presidente".
Si bien, Óscar Urralburu ha incidido en que Novo Carthago y Valcárcel
son un ejemplo más de "todo lo que tiene que ver con el Partido Popular
últimamente. Un PP del que se habla más con palabras relacionadas con
organizaciones criminales, como trama, mafia, comisiones, fianzas,
mordidas, sobres, etc".
"No son manzanas podridas, es un partido que está imputado", ha
continuado Urralburu, quien ha recordado que ya no es un problema
tampoco de "ex altos cargos, como Valcárcel, Cámara o Bascuñana, es que
tenemos al actual presidente regional con el teléfono pinchado por la
Guardia Civil porque no tuvo reparos en manchar la imagen de la Región
para lavar la suya con la Púnica".
Antecedentes
Antecedentes
La magistrada del 'caso Novo Carthago', Miriam Marín García,
titular del Juzgado nº 2 de los de Murcia, afirma textualmente en dicho
auto, notificado esta semana a las partes personadas en el
procedimiento, que "del conjunto de lo instruido resultan indicios
que apuntan hacia la posibilidad de que, para conseguir la
reclasificación urbanística que era necesaria para el proyecto Novo
Carthago, se entregasen por la promotora Hansa Urbana incentivos
económicos a distintas autoridades con potestad para dar viabilidad a
dicho proyecto, entre ellos, al anterior presidente de la Comunidad, que
podría haber recibido los emolumentos a través de su hija (María
Rosario Valcárcel Cruz) o de su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro, socio de Faromur".
El
auto dictado enumera datos que apuntan a que, tanto desde la
Comunidad Autónoma como desde el Ayuntamiento de Cartagena, se otorgó un
presunto trato ilícito de favor al proyecto urbanístico mencionado, así
como los
indicios de que altos cargos públicos, entre ellos el propio
Valcárcel, pudieron recibir dádivas o recompensas económicas a cambio de
sus gestiones, siempre en el terreno de la especulación más que en el
de las certezas todavía por parte de la jueza instructora en este caso.
Por otra parte, el abogado Diego de Ramón, que representa a la acusación popular, ha solicitado que se impute al expresidente del Gobierno regional por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho. También ha pedido a la jueza requiera de la Agencia Tributaria una investigación que permita conocer el patrimonio que el exjefe del Ejecutivo regional pudiera tener "en España y en el extranjero".
Por otra parte, el abogado Diego de Ramón, que representa a la acusación popular, ha solicitado que se impute al expresidente del Gobierno regional por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho. También ha pedido a la jueza requiera de la Agencia Tributaria una investigación que permita conocer el patrimonio que el exjefe del Ejecutivo regional pudiera tener "en España y en el extranjero".
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