CARTAGENA.- La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) asegura que la
sentencia del Tribunal Supremo ratificando la decisión del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia que anulaba el Plan General Municipal de
Cartagena "desacredita a los responsables de Urbanismo del Ayuntamiento
costero y a su alcalde, y brindan una nueva oportunidad para un modelo
de desarrollo más respetuoso con el medio ambiente y las personas".
Añadió que el alcalde de Cartagena se negó a aceptar las sucesivas
peticiones de ANSE para reiniciar el Plan General, y llegó a
calificarlas de "capricho", nombrando como director general de Urbanismo
a quien fuera máximo responsable del Plan General fallido durante
varios gobiernos anteriores, "a pesar de las enormes deficiencias del
mismo".
La Asociación pidió por escrito y en entrevista con el alcalde de
Cartagena, José López, que el Ayuntamiento no recurriera la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ), sino que elaborase un nuevo Plan con una
nueva exposición pública.
La organización recuerda que el TSJ anuló la aprobación definitiva
del plan urbanístico, de diciembre de 2011, por las "graves deficiencias
de fondo del documento que ordena los usos del suelo en el municipio de
Cartagena", y obligaba a "revisar en profundidad" el documento.
Para ANSE, esa sentencia "no debió de ser recurrida", tal y como hizo
el Consistorio, y debió de haber aprovechado la "nueva oportunidad a
todos los cartageneros para plantear un modelo territorial, un nuevo
PGOU, que apostase por la sostenibilidad ambiental, económica y social".
La organización defendió que se elaborase ese nuevo plan con "un
mayor diálogo y participación a nivel político y ciudadano", y con "un
mayor respeto y cumplimiento de las normas que protegen los recursos y
derechos".
El plan anulado por el TSJ, "rebajó la protección del suelo en la
ribera sur del Mar Menor consolidando el desarrollo urbanístico de Novo
Carthago, incluyó suelos urbanos en Cala Reona y bosque de Atamaría, no
aportó información cartográfica fundamental sobre hábitats naturales,
riesgos ambientales e infraestructura diversas, y no incluyó suelos
protegidos fuera de los que estaba obligada por la normativa europea y
autonómica".
"Todas estas y otras muchas deficiencias fueron informadas
negativamente por la misma Dirección General de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma", y fueron expuestas en las alegaciones presentadas
por ANSE, según recordó la organización en comunicado de prensa.
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