SEVILLA.- Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía
Aplicada (Fedea), cree que Murcia, Valencia y Andalucía son, "con
diferencia", las comunidades más perjudicadas por el actual sistema de
financiación autonómica, que beneficia más a las forales del País Vasco y
Navarra.
De la Fuente participó este miércoles en Sevilla en una reunión del
Observatorio Económico de Andalucía (OEA) en la que se analizó el
documento elaborado por Fedea sobre un nuevo sistema de financiación
autonómica.
En este debate se enfrentaron los defensores de que el nuevo sistema
de financiación se base en el principio de ordinalidad, que limita las
aportaciones de las comunidades más ricas, y el de solidaridad, que
prima la ayuda a las comunidades de menor renta.
Los expertos catalanes Anna Balletbó, presidenta de la Fundación Olof
Palme, y Francésc Granell, catedrático de Economía de la Universidad de
Barcelona, advirtieron de que la, en su opinión, deficiente
financiación de Cataluña alimenta el independentismo catalán.
"Desde Cataluña no nos inquietan las reivindicaciones de Canarias,
una región insular y ultraperiférica, pero sí el chollo de Navarra y del
País Vasco, porque estamos tolerando un Panamá dentro del territorio
nacional", enfatizó Granell.
También sostuvo que la actual financiación autonómica determina que
convivan en España "veinte millones de habitantes en zonas donantes
frente a veinticinco millones en zonas beneficiarias".
El profesor de Economía de la Universidad de Sevilla y exdiputado del
PSOE, Luis Ángel Rojo, replicó que la financiación autonómica se debe
de basar en el principio de igualdad "porque los territorios no pagan;
pagan los ciudadanos".
Los expertos sí coincidieron en la urgencia de abolir el modelo de
financiación actual, que consideran "excesivamente complicado y poco
transparente", genera una financiación por habitante "arbitraria y
desigual" y desincentiva la responsabilidad fiscal de las autonomías,
con el consiguiente aumento del déficit autonómico.
También coincidieron en que cualquier nuevo modelo debe basarse en
recomendaciones de un comité de expertos y se ha de implementar mediante
una transición "suave", de al menos un lustro, para evitar rupturas en
el funcionamiento de las autonomías.
También hubo unanimidad en pedir la eliminación del Fondo de Liquidez
Autonómica (FLA), porque merma la autonomía financiera de las
comunidades autónomas, e incluso algunos expertos han abogado por una
condonación "parcial y asimétrica" de su devolución a las comunidades
autónomas.
Otra coincidencia fue la demanda de que País Vasco y Navarra aumenten
sus aportaciones a la financiación general del Estado, aunque se
mantenga el "anacrónico" concierto foral, porque actualmente reciben una
financiación por habitante que duplica la media del resto de España.
La mayoría de los intervinientes aconsejaron que aunque el nuevo
modelo deberá ser aprobado por las Cortes Generales, su elaboración debe
de contar con la participación de las comunidades autónomas.
También abogaron por que se delimiten "claramente" las necesidades financieras de la Administración central y de las autonomías.
Otra recomendación fue que cualquier sistema de solidaridad
interregional evite "la indolencia" de las comunidades receptoras
mediante estímulos a aquellas que más avancen en la convergencia.
Rogelio Velasco, catedrático de Análisis Económico de la Universidad
de Granada y profesor del Instituto de Empresa, defendió el copago que,
en su opinión, es una medida "progresista", como se demuestra en países
nórdicos y defendió la competencia fiscal entre comunidades autónomas
porque mejora su disciplina presupuestaria.
Para el profesor y economista malagueño Joaquín Aurioles, Andalucía y
otras comunidades autónomas jamás van a aceptar una financiación por
habitante inferior a la media e insistió en que el principio de
solidaridad "prevalece" sobre el de ordinalidad.
Antonio López, presidente Cámara de Cuentas de Andalucía, advirtió de
que la situación financiera de las comunidades autónomas "se está
deteriorando por la falta de recursos ordinarios" y les obliga a
financiar con endeudamiento su gasto corriente "porque hay una
insuficiencia financiera clara".
También destacó que el sistema de liquidaciones a cuenta descuadra la
financiación de las comunidades autónomas, como ha ocurrido con
Andalucía, que debe de afrontar una devolución de 3.795 millones.
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