MURCIA.- El Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia que investiga el 'caso Novo
Carthago', de presunta construcción en una promoción urbanística sobre
terrenos protegidos junto al Mar Menor, desestimó el recurso presentado
por el exdirector general de Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma,
Antonio Alvarado.
Para el Juzgado, lo que se investiga en este caso no es quién ideó la
modificación urbanística para hacer viable el proyecto promovido por la
empresa Hansa Urbana, "sino quién utilizó la misma para tratar de
revestir de cobertura legal el propósito que se perseguía de conferir a
los espacios protegidos la consideración de sistemas generales de
espacios libres susceptibles de aprovechamiento urbanístico".
En su recurso, Alvarado solicitó que fuese revocada una providencia
del anterior instructor por la que se le denegó la solicitud que había
planteado de recabar diversa documentación a la Asamblea Regional.
En concreto, pidió el envío de todo lo referido a los debates tenidos
en la Asamblea Regional previos a la aprobación en 2004 de la ley de
modificación de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, con inclusión
de los debates en Comisión y en el Pleno, así como los informes
jurídicos y dictámenes que pudieran existir, así como el origen de la
proposición de ley.
El recurrente sostuvo en su apelación que esa documentación era
necesaria para determinar si se le podía atribuir a él o a otra persona
la autoría sobre la modificación de la Ley del Suelo que permitió
considerar los espacios naturales como sistemas generales.
El auto dice que el juez instructor, en este caso Miriam Marín García, "ha de rechazar la práctica de
pruebas o diligencias de investigación que sean impertinentes, inútiles,
dilatorias o intranscendentes a lo que es la fase de instrucción".
"En el presente caso -dice la resolución judicial-, la diligencia que
se solicita no se considera necesaria, ni útil, pues no consta que se
le haya imputado la autoría de la modificación de la Ley del Suelo de la
Región de Murcia".
Y añade que en los informes del fiscal lo que se considera es que
Alvarado "fue uno de los principales responsables de la forzada
interpretación por la que se extiende la calificación de sistemas
generales a los espacios naturales protegidos, más allá de lo autorizado
por dicha reforma". El auto indica que con la interpretación que se
hizo lo que se pretendía "era conseguir el objetivo finalmente
pretendido: el de autorizar el campo de golf de Novo Carthago, que era
inviable desde su inicio, al estar proyectado sobre un espacio de enorme
riqueza medioambiental, reconocido y protegido incluso a nivel
europeo".
Se reactiva el caso
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Mirian Marín García, ha retomado la investigación sobre el 'caso Novo Carthago' de supuesta corrupción urbanística, que ha permanecido prácticamente parado un año por diversas razones, entre las que se cuentan dos periodos de ausencia de esta magistrada por sendas bajas laborales, recuerda hoy 'La Verdad'.
La resolución de dos de los más de veinte recursos que tiene pendientes de responder supone, en la práctica, que esas diligencias se han visto reactivadas tras el largo parón. Y es previsible que en las próximas semanas se empiecen a producir decisiones al respecto, pues el juzgado disfruta en estos momentos de un juez de apoyo, lo que va a permitir a esta magistrada centrar sus esfuerzos en este asunto de supuesta corrupción y en otro par de causas relevantes, como el de los ruidos generados por los locales de ocio en la calle Pérez Casas.
Uno de los recursos que acaba de resolver se refiere a la petición que había realizado el promotor de Novo Carthago, Rafael Galea, para que fuera anulado el último auto dictado por Manuel Abadía, magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, por el que preimputó por este asunto al expresidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel.
La juez Marín rechaza ese argumento recordando que no fue hasta el día 4 de marzo de 2015 cuando la dimisión de Cerdá se hizo oficial, con su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).
Igualmente, la instructora rechaza el planteamiento del promotor de que varios de los delitos que se investigan habrían prescrito y sostiene, en sentido contrario, que además de no ser el momento procesal de plantearlo, tampoco han variado las circunstancias que llevaron al TSJ a investigar este asunto.
Entre las diligencias que quedaron pendientes de practicar cuando el TSJ perdió la competencia sobre este caso destaca la toma de declaración a la hija mayor de Ramón Luis Valcárcel, como imputada en un presunto cohecho, ante las sospechas de que pudo ser enchufada en un despacho jurídico de Sevilla del que Galea era el principal cliente.
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