MURCIA.- El Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga el caso 'Novo
Carthago', sobre presunta corrupción urbanística en un proyecto que
afectaba a espacios protegidos junto al Mar Menor, desestimó el recurso
de un investigado que solicitó que se recabara el informe de impacto
ambiental de Nueva Condomina.
La petición fue planteada por el que fuera director general de
Calidad Ambiental del gobierno murciano e investigado en el 'caso Novo
Carthago', Antonio Alvarado.
El Juzgado señaló en un auto que la práctica de esa diligencia no es
procedente, ya que el convenio Nueva Condomina, también sometido a
investigación judicial, nada tiene que ver con la causa que se instruye
en el mismo.
La diligencia que se solicitó por Alvarado, según se recoge en esta
resolución judicial, pedía que se dirigiera un oficio a la dirección
general de Medio Ambiente para que remitiera copia íntegra del
procedimiento de evaluación de impacto ambiental de Nueva Condomina.
Con el mismo, pretendía demostrar un presunto trato diferente de la
funcionaria María Jesús Ros, miembro de la Comisión Técnica de Impacto
Ambiental, en ambos asuntos.
Sobre el particular, el Juzgado comenta que "la cuestión de la
posible irregularidad o no de la forma de actuar de la señora Ros en el
procedimiento de impacto ambiental de Nueva Condomina o de otros en los
que haya tenido intervención, no puede dilucidarse en estos autos, por
ser una actuación ajena e independiente a lo acontecido en 'Novo
Carthago'".
Y añade que "el hecho de si acordó no someter a evaluación de impacto
ambiental el expediente de Nueva Condomina en contra de lo dispuesto
por la Comisión Técnica es una cuestión irrelevante para este proceso de
'Novo Carthago', pues la credibilidad de su testimonio en estos autos
no depende de cuál fue su forma de actuar en otros expedientes".
Para el Juzgado, de esa actuación no se desprendería -en contra de lo
que piensa Alvarado- una mayor o menor animadversión con este o con
otros investigados en esta causa.
Por otra parte, señala el auto, no era preciso que reclamara ese
documento por vía judicial, ya que el mismo es de consulta pública.
El testimonio vertido en su día por Ros, que era secretaria de la
citada Comisión Técnica, fue especialmente valorado tanto por el fiscal
Anticorrupción como por el anterior juez instructor, ya que del mismo se
derivarían indicios de las presuntas presiones ejercidas sobre
integrantes de la misma para conseguir el cambio de criterio preciso
para hacer viable urbanísticamente el proyecto.
Esta promoción inmobiliaria, que estaba impulsada por la empresa
Hansa Urbana, preveía la construcción de diez mil viviendas, dos campos
de golf y dos hoteles de lujo sobre terrenos que, parte de ellos,
gozaban de protección medioambiental.
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