Si Rajoy tenía problemas para intentar repetir como presidente del
Gobierno tras las próximas elecciones general del 26-J, por causa de sus
responsabilidades políticas en la corrupción del PP, el escándalo de la
grabación y difusión de una conversación de su ministro de Interior, en
la que se descubre un plan de presunta persecución política contra
varios dirigentes independentistas catalanes en víspera de la ‘consulta
del 9N’, coloca a Rajoy en una posición insostenible para presidir un
Gobierno después de los comicios del próximo domingo.
El dicho popular de ‘hasta el rabo todo es toro’ nos viene al pelo a
la hora de valorar el estallido, en la recta final de la campaña
electoral, de la citada revelación de una conversación del ministro de
Interior Jorge Fernández Díaz con el jefe de la Oficina Anti Fraude de
Cataluña Daniel de Alfonso. Un diálogo pretendidamente secreto donde el
ministro solicita que se investiguen actividades de algunos dirigentes
de ERC, como Oriol Junqueras, o de CDC, Francesc Homs o Felipe Puig, por
si se encuentra algo que los incrimine o desacredite, lo que constituye
un presunto delito de persecución política y prevaricación.
Todo ello, grabación incluida, ocurrió en el despacho del ministro de
Interior en octubre de 2104 a tan solo un mes de la consulta catalana
del 9N sobre la autodeterminación de Cataluña. Naturalmente estos
hechos, que Mariano Rajoy dice desconocer (sic), han estallado como un
obús la campaña electoral donde primeros líderes de la oposición
Sánchez, Iglesias y Rivera han pedido el cese o la dimisión inmediata de
Fernández Díaz, mientras en Cataluña las fuerzas políticas ya han
denunciado ‘guerra sucia’ del Gobierno de España contra el proceso
secesionista.
Para completar el tríptico de este lamentable episodio contrario a
las más elementales normas de la democracia y a la legalidad, Fernández
Díaz dice ser víctima de una ‘conspiración’ electoral y añade que la
conversación revelada es algo normal en sus competencias. Lo que no deja
de ser otro despropósito de quien tiene la obligación primordial de
velar por la seguridad y vida privada de todos los ciudadanos.
El ministro añade que la presunta ‘conspiración’ tiene como objetivo
dañar al PP en la campaña electoral y anuncia una investigación para
averiguar cómo le han podido grabar en su despacho de Interior y quién
ha sido el autor de la filtración en este momento electoral. Dos
cuestiones que revelan una lucha interna en el Ministerio de Interior
entre mandos policiales que están fuera de control.
Veremos el coste o incidencia política que todo esto puede tener en
el cierre de la campaña electoral, en el futuro de Rajoy y en lo que
pueda afectar a la presunta responsabilidad penal de Fernández Díaz.
Pero de momento esta bomba de calculada relojería ha saltado por los
aires y a la espera estamos de ver si su onda expansiva afecta al
resultado de las elecciones que están al llegar.
(*) Periodista
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