MURCIA/CARTAGENA.- El abogado Juan Francisco Pérez Avilés, que representa los intereses
de Izquierda Unida y de los concejales socialistas Ana Belén Castejón y
Juan Pedro Torralba en el caso Novo Carthago, anunció, según publica La Verdad, que remitirá al Alto
Tribunal el auto dictado la semana pasada por la juez murciana Miriam
Marín.
En dicho auto expresamente afirma la magistrada que existen múltiples indicios de
que la supuesta recalificación ilegal de los terrenos de Novo Carthago
solo fue posible merced «a la actuación coordinada entre el Ayuntamiento
de Cartagena, la Consejería de Medio Ambiente -a cuyo frente estuvieron
los imputados Antonio Cerdá y Francisco Marqués- y la Consejería de
Obras Públicas y Ordenación del Territorio», que estaba presidida por el
también imputado Joaquín Bascuñana.
En la resolución dictada por la instructora de la pieza nuclear del
'caso Novo Carthago' en Murcia también se resalta el papel desempeñado
por el exalcalde socialista de Cartagena y amigo íntimo de Pilar
Barreiro, José Antonio Alonso, quien cobró 1,6 millones de euros como
intermediario en la compraventa de los terrenos de Novo Carthago.
Más
todavía, la juez apunta a que la intervención de Alonso fue mucho más
allá de mediar en la transacción, pues se sospecha que fue quien ofreció
garantías de que los terrenos iban a ser recalificados a pesar de que
una parte de ellos estaba afectada por una especial protección
ambiental.
La manera en que Alonso percibió el pago de esos 1,6 millones
de euros, a lo largo de varios años, hace sospechar que los desembolsos
por parte de la promotora se le iban haciendo conforme el proyecto
urbanístico iba superando los diversos trámites administrativos.
Aunque el magistrado José Ramón Soriano ordenó días atrás el archivo
de los cargos contra Pilar Barreiro, al estimar que no aparecen indicios
de delito en su actuación, esa decisión ha sido recurrida por las
acusaciones particulares y está pendiente de que se pronuncie al
respecto la Sala de lo Penal.
El letrado Pérez Avilés explicó que este lunes remitirá el auto de la
juez Marín al Tribunal Supremo, aduciendo que se trata de «hechos
sobrevenidos», con la intención de que el contenido de la resolución
sirva para apuntalar las sospechas que existían contra Barreiro y se
revoque el sobreseimiento.
El representante de la acusación particular hizo también un
llamamiento a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que, a la vista de
los nuevos datos conocidos, «cambie su postura sobre la exalcaldesa de
Cartagena y defienda que debe seguir siendo investigada, en coherencia
además con la posición de sus compañeros de la Fiscalía Superior de
Murcia, que han dedicado cientos de horas de trabajo a este asunto», siempre según La Verdad.
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