MADRID.- El Gobierno debería haber destinado a mejorar el dominio público
hidráulico más de 600 millones de euros entre 2015 y este 2016, como
resultado de la aplicación del Canon hidroeléctrico, pero en las cuentas
de la inversión del Estado central en materia de aguas no hay rastro de
ellos. Y ni los ministerios de Agricultura y Hacienda, ni las
confederaciones hidrográficas, ni otros organismos públicos consultados
indican donde se están aplicando. En el sector del agua se da por
sentado que, sencillamente, no se han presupuestado, publica hoy http://www.eleconomista.es.
La Ley
15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética
estableció varios tributos con la finalidad de atajar el déficit de
tarifa eléctrica. Con uno de ellos, denominado Canon por utilización de
las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las
demarcaciones intercomunitarias, aplicado sobre los ingresos por la
venta de la electricidad de las centrales hidroeléctricas, se pensaban
recaudar 300 millones anuales.
Sin embargo, la cartera que en aquel momento dirigía José Manuel
Soria no tuvo en cuenta dos cosas importantes: la primera, que sólo
podía aplicarlo en las cuencas que dependen del Estado central -no así
en las internas de las comunidades autónomas, que son de su exclusiva
competencia-, razón por lo que la recaudación se ha reducido hasta poco
más de 200 millones al año, según la producción hidroeléctrica de cada
ejercicio.
Un tributo finalista
Y la segunda, mucho más
importante, que la imposición ambiental suele exigir que estos tributos
sean finalistas. Y en el caso del agua no hay discusión posible: los
gravámenes que se apliquen sobre el agua deben tener el agua como
destino de lo recaudado.
El sector del agua, que ha experimentado una fortísima reducción de
inversión pública desde que estalló la crisis y que denuncia
permanentemente el déficit que sufre -según la Planificación Hidrológica
recién aprobada sólo se recupera alrededor del 60% de los costes-,
montó en cólera cuando supo las intenciones de Industria, y así lo hizo
saber en el Consejo Nacional del Agua.
El asunto anduvo bloqueado hasta que el Consejo de Estado lo aclaró a
finales de 2014: el planteamiento de Industria era ilegal; los ingresos
debían destinarse a la protección y mejora del dominio público
hidráulico, esto es, las aguas continentales, los ríos, lagos y riberas.
La solución encontrada al embrollo, tal y como recoge el Real Decreto
198/2015, que regula la aplicación del Canon, fue que los Presupuestos
Generales del Estado destinaran a dichas actuaciones de protección y
mejora del dominio público hidráulico "y las masas de agua afectadas por
los aprovechamientos hidroeléctricos", "al menos un importe igual a la
cantidad recaudada" y destinada a financiar el sistema eléctrico.
Además,
la citada Ley establecía que los impuestos que creaba tendrían carácter
retroactivo, aplicándose desde 2013, de modo que durante el primer año
en que el Canon tuvo efecto, el pasado 2015, los fondos disponibles
sumaban lo recaudado en 2013 y 2014, más de 400 millones; la cantidad
exacta no está en los Presupuestos de 2015, en los que el Canon no
figura.
Sí llega al sistema eléctrico
Ahora bien, el hecho es que
Hacienda, con tardanza, está librando los fondos destinados al sistema
eléctrico, pero no ocurre así con la partida para el agua.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia elabora
mensualmente las liquidaciones del sistema eléctrico y en la última de
2015 figura que ya han llegado 13,4 millones procedentes del Canon,
cifra muy inferior a la estimada por el organismo para el ejercicio,
curiosamente de sólo 240,2 millones de euros.
En el caso del agua, a falta de un regulador que verifique las cuentas, hay que buscar en las inversiones de la Administración.
En el electoral 2015, los Presupuestos reflejan un incremento de la
inversión en agua de 118 millones, cuando debería haber sido de más de
400 millones. Este año -imprevistamente electoral- los Presupuestos
indican que se prevé recaudar 209 millones con el Canon, pero la
inversión destinada al agua se reduce en 333 millones. La conclusión
para el sector del agua es clara: esos fondos no están.
La Administración, por su parte, calla. elEconomista ha preguntado
reiteradamente a los Ministerios de Agricultura y Hacienda, así como a
la mayoría de las confederaciones hidrográficas y otros organismos sin
obtener respuesta. A lo sumo, alguna Confederación explica que ellas
desconocen el origen de lo que les presupuesta la cartera dirigida por
Isabel García Tejerina.
El Canon se aplica sobre el valor económico de la energía producida y
el tipo es del 22%, que se reduce un 90% para las centrales con menos
de 50 MW y los bombeos. Las confederaciones hidrográficas se encargan de
recaudarlo y obtienen directamente un 2% de los ingresos.
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