Escribo esta nota horas antes del “debate a cuatro” que emitirán en
directo la mayor parte de las cadenas de televisión, como acontecimiento
político de la temporada. No van a faltar comentaristas del debate así
que, como todo exceso puedo dañar, prefiero dedicar este espacio a otras
noticias de la jornada, que me parece de tanto o más interés y
trascendencia.
No adivino lo que dará de sí el debate, sospecho que no
mucho, más allá de la retórica y la liturgia que le acompaña. Así como
el reparto de audiencias por las televisiones, que nos proporcionará un
bue ranking de influencia política de cada cadena. El debate está
demasiado encorsetado y planteado como única confrontación de los
cabezas de cartel electoral, un debate que queda muy lejos del modelo
norteamericano que se utiliza siempre como ejemplo de exigencia y
dificultad para los candidatos.
A lo largo de la mañana centenar y medio de personas interesadas por
la educación convocadas por José Antonio Marina y su proyecto de
“pactoeducativo” al que viene dedicando un denodado y generoso esfuerza.
Para quienes estén interesados en la iniciativa pueden consultar su
desarrollo en http://www.joseantoniomarina.net/proyecto/pacto-educativo/
La comunidad educativa en sus distintas expresiones se ha interesado
en el proyecto y ha hecho aportaciones de interés al mismo, tal y como
quedó acreditado a lo largo del debate de ayer. También ha merecido un
rechazo airado de algunas organizaciones encabezadas por CCOO y
secundada por podemos, Izquierda Unida, PSOE (con dudas) que han
calificado de “ilegítima” la iniciativa del “pacto educativo”, curioso
concepto que parece indicar que solo ellos están legitimados para opinar
y proponer, una visión, cuando menos, aristocrática o dictatorial.
El avance de propuesta del “pacto educativo” parte de la premisa de que estamos, no solo en España, en una “emergencia educativa” y que la velocidad del cambio social obliga a la comunidad educativa y a la sociedad en general a plantearse como construir una “sociedad del aprendizaje”.
Punto de partida del “pacto educativo” es el acuerdo constitucional
plasmado en el art. 27 de la Constitución, cuyo punto 1º (tiene diez)
reza: “Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad
de enseñanza” Pocas palabras con mucho fuste, como también el resto del
texto del artículo.
Lo que el “pacto educativo” aporta es un trabajo riguroso de
información y argumentación sobre los planes de reforma educativa y su
evaluación y desempeño. Propone también una metodología de trabajo, y un
calendario. Un documento con unos antecedentes, luego unas propuestas y
alternativas y finalmente u programa de negociación y gestión del
pacto. También resume los puntos de coincidencia sobre los que existen
consensos, y los puntos conflictivos sobre los que hay que trabajar.
Unos listados nada arbitrarios ni caprichosos, que pueden ser decisivos
para el discurrir posible del pacto.
Finalmente proponen un plazo de
seis meses, más que razonable y suficiente, para elaborar la ley o leyes
que deben sustentar el acuerdo político y hasta dos años para concluir
el proceso legislativo, con voluntad de permanencia, para una
generación. La hoja de ruta que proponen señala que la LONCE debe ser
una ley de transición mientras se elabora la nueva ley consensuada; su
derogación solo produce vacío y confusión, debe morir por la vigencia de
otra ley.
Una iniciativa que ha ganado audiencia y apoyo con el paso de los
días, que como dijo uno de los participantes “ya somos demasiados como
para que no nos hagan casos”.
(*) Periodista
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