martes, 3 de mayo de 2016

Políticos corruptos del PP en Totana 'se van de rositas' por la condescendencia judicial y fiscal cuatro años después

MURCIA.- El que fuera alcalde de Totana y diputado de la Asamblea Regional de Murcia, Juan Morales, ha obtenido el licenciamiento definitivo de las penas a las que fue condenado en el caso Tótem, de corrupción urbanística tras haber cumplido las penas de prisión que le fueron impuestas por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que fue el encargado de celebrar el juicio dada la condición de aforado de Morales, ha dictado una providencia en la que se acuerda ese licenciamiento definitivo después de que el fiscal no haya opuesto reparo alguno a esa decisión.
El exalcalde de Totana se encontraba en los últimos meses clasificado en el tercer grado, por lo que solo tenía que acudir al centro penitenciario a dormir, y, desde ahora, ha quedado en paz con la Justicia.
La sentencia por la que fue ingresado en prisión fue dictada por el TSJ en febrero de 2012, sin embargo, cuando se le notificó el contenido de la misma y la obligación de entrar en la cárcel no lo hizo de forma voluntaria, por lo que el tribunal dictó orden de busca y de ingreso inmediato en la misma.
Tras estar ocho días en paradero desconocido, finalmente, en junio de aquel mismo año, se presentó en un cuartel de la Guardia Civil, desde el que fue trasladado a la prisión de Campos del Río.
La sentencia, que afectó también a otros diez acusados, fue dictada por la Sala tras el acuerdo de conformidad alcanzado por la fiscalía y las defensas.
Con el reconocimiento de los hechos, Morales admitió que pidió dinero por las promociones inmobiliarias que se llevaron a cabo en su municipio en sus tiempos de alcalde, parte del cual lo envió a Brasil, donde residían los familiares de su compañera sentimental.
La noticia del licenciamente de Morales se ha conocido hoy, el mismo día en que su sucesor en el primer sillón municipal, José Martínez Andreo, ha reconocido ante la Audiencia Provincial de Murcia que actuó ilegalmente en la adjudicación de una obra pública y que presionó al jefe de la policía local para que retirara el atestado incoado contra un amigo tras ser sometido a un control de alcoholemia.
También en este caso el proceso ha concluido con un acuerdo de conformidad entre el fiscal y su defensa, de manera que los ocho años y medio de prisión que aquel pedía inicialmente se han visto reducidos a tres meses al retirar una de las acusaciones y aplicar la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada.

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