MURCIA.- La investigación del derribo de la guardería municipal de La Paz,
cuya orden fue adoptada de forma unánime por la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento en 2007, obligará a tomar declaración, en calidad de
imputados (investigados), a la actual concejal de Comercio, Organización
y Relaciones Institucionales, Maruja Pelegrín, y a los exediles Antonio
Castillo (Vivienda, Transporte y Comercio) y Joaquín Moya-Angeler
(Economía y Hacienda), según avanza hoy el diario 'La Verdad'.
Los tres han sido citados a declarar por el
Juzgado de Instrucción nº 1 de Murcia para el 30 de junio, a las 10.30
horas, y deberán comparecer asistidos de abogado para responder sobre
las cuestiones que se les formulen con relación a las resoluciones del
25 de julio y del 24 de octubre de 2007 que avalaron el traslado y la
posterior demolición de la guardería del barrio de La Paz. Deberán hacerlo ante la juez Ana Isabel Navarro por haber sido integrantes de
las Juntas de Gobierno, y por participar y votar favorablemente a los
dos acuerdos.
En el caso de Adela Martínez-Cachá, entonces concejal de Medio
Ambiente y Calidad Urbana y actualmente consejera de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente, la providencia de la magistrada Navarro hace constar
que la Consejería de Presidencia ha acreditado la condición de aforada
de Martínez-Cachá, por ser miembro del Consejo de Gobierno, por lo que
no se pronuncia sobre ella. Una vez que la juez acabe la instrucción
deberá estimar si se inhibe en favor del Tribunal Superior de Justicia
(TSJ).
Pelegrín, Castillo y Moya-Angeler se suman a la lista de imputados en
este caso, encabezada por el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara,
los exconcejales Pilar Megía (Educación y Personal), Francisco Porto
(Presidencia, responsable entonces del Patronato de Escuelas Infantiles)
y Fernando Berberena (Urbanismo), que ya fueron citados a declarar.
Además, está imputado en el caso el funcionario municipal José Antonio
Peñaranda, responsable del servicio de Escuelas Infantiles, y el
promotor José López Rejas, que era el gestor del proyecto para la
reconstrucción del polígono de La Paz. En el solar municipal de la
avenida Pablo VI donde estaba la guardería estaba previsto que se
levantara un edificio para albergar a familias del proyecto de
rehabilitación de La Paz.
El caso de la guardería de La Paz ha dado muchos tumbos en la Ciudad
de la Justicia. La asociación Nuevo Barrio, que representa a residentes y
propietarios del barrio de La Paz, junto con el Foro Social de la
Región, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de la Escuela
Infantil de La Paz y el sindicato Sterm, presentaron una denuncia
acusando de prevaricación al Ayuntamiento de Murcia y a cuantos
participaron en el traslado y derribo de la instalación municipal por
considerarlo «injusto».
La querella que dio origen a la causa se
presentó en 2007 y fue objeto de un primer auto de sobreseimiento el 25
de marzo de 2013, tras prestar declaración a tres exconcejales y un
funcionario. La magistrada consideró que no era necesario reclamar
nuevos testimonios y que los hechos no constituían infracción penal
alguna. Pero los denunciantes recurrieron. Hasta tres veces se ha
cerrado y reabierto la causa, tras estimar la Audiencia Provincial las
peticiones de levantar el sobreseimiento libre y el archivo como
reclamaron tanto el Ministerio Fiscal como Nuevo Barrio, que
consideraron que debían declarar todos los miembros de la Junta de
Gobierno, incluido el alcalde, para conocer las circunstancias que
rodearon aquella polémica decisión, que hoy, tras una década, aún colea.
Nadie se hace responsable
En el último Pleno, la semana pasada, la Corporación acordó, con la
abstención de Ciudadanos, destinar un crédito de 850.000 euros para el
proyecto de construcción de una nueva guardería que sustituya a la
derribada, pero no se hará en La Paz, como piden los vecinos, sino en
una parcela municipal en la calle Telegrafista Mathe, junto a los
barracones provisionales -así se dijo cuando se llevó a los alumnos a la
avenida Juana Jugán en módulos prefabricados-.
Por los juzgados han pasado como testigos con relación a este caso el
exjefe de la Oficina Técnica de Arquitectura, Antonio González-Serna,
cuyo departamento redactó el proyecto de demolición, y el exdirector de
gabinete de Cámara y hoy edil de Hacienda, Eduardo Martínez-Oliva.
Para el derribo de la guardería no se exigió aval a la mercantil de
López Rejas. El arquitecto González Serna dijo que la orden de hacer el
proyecto y la demolición vino de Alcaldía. Cámara declaró ante la
magistrada que él no dio instrucciones expresas, ya que había unos
expedientes tramitados de acuerdo a la ley. Berberena afirmó no saber
que se iba a tirar la guardería, e ignoraba lo que se iba a hacer en el
solar, desvinculándolo del plan de Rejas.
El abogado de Nuevo Barrio, José Manuel Muñoz Ortín, señaló que
lo lógico es que declaren todos los miembros de la Junta de Gobierno
porque hasta ahora ninguno de los señalados ha asumido ningún tipo de
responsabilidad. Ortín sostiene que el traslado y la demolición nunca se
debió producir, «y que ahora quiera construirse una nueva guardería es
la justificación del descalabro por una actuación incorrecta e
indebida». Nuevo Barrio quiere que el nuevo edificio se levante en el
mismo lugar que ocupó la otra escuela. El derribo supuso un desembolso
municipal de 104.000 euros.
En la visita que hizo al barrio la Patrona de Murcia, la Virgen de la
Fuensanta, en marzo de 2015, los vecinos plantaron una pancarta junto
al hoyo que ocupó la infraestructura y que tantas veces han pedido que
se limpie y que sea de nuevo recuperado: «Madre, este es nuestro dolor».
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