ALICANTE.- La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de prisión para el
empresario Ángel Fenoll, los exalcaldes de Orihuela del PP, José Manuel
Medina y Mónica Lorente y siete exconcejales, por amañar, supuestamente,
un contrato de basuras y cometer, entre otros, un delito electoral.
Para el empresario demanda 37 años y 8 meses, para el exalcalde
Medina 12 años y para su compañera de partido, Lorente, otros 8
años de privación de libertad, según el escrito de calificación de 148
folios.
La petición del fiscal también se dirige contra otros 24 sospechosos y
ha sido presentada ante el juzgado de Primera Instancia nº 3 de Orihuela, una vez cerrada la investigación que originó el
denominado caso Brugal.
El ministerio público acusa a los procesados de una amplia gama de
delitos que van desde la prevaricación, el fraude, el cohecho y las
coacciones hasta la extorsión, el tráfico de influencias y la revelación
y uso de información privilegiada.
Este asunto de las basuras de Orihuela dio origen a una investigación
que, bajo la denominación de caso Brugal, se fue dilatando en el tiempo
por la aparición de numerosos indicios de delito, que a su vez dieron
pie a una veintena de piezas separadas.
Entre ellas las relativas al plan comarcal de Residuos de la Vega
Baja, donde está investigado (antiguamente imputado) el expresidente de
la Diputación, José Joaquín Ripoll, del PP; del Plan General de Alicante,
donde también figuran los exalcaldes populares Sonia Castedo y Luis
Díaz Alperi; y del plan urbanístico de Rabasa, con la misma Castedo. En
varias de ellas figura también el conocido constructor alicantino
Enrique Ortiz.
En el caso de la contrata municipal de Orihuela sobre la recogida de
basuras, las irregularidades relatadas por Anticorrupción comenzaron a
principios de la pasada década, desde que el consistorio aprobó el
pliego de condiciones y presentó la oferta una UTE formada por Colsur,
empresa de Fenoll, y Necso Entrecanales.
Dicha documentación se presentó "en un baúl lacrado" pero éste
"apareció despegado" cuando los ordenanzas fueron a trasladarlo, por lo
que "volvieron a cerrar la tapa", pero ese imprevisto no impidió que la
licitación del contrato continuara.
La fiscalía atribuye delitos de fraude, cohecho y prevaricación,
entre otros, a los que fueran alcaldes oriolanos Medina y Lorente, así
como a los entonces concejales, también del PP, Manuel Abadía, Ginés
Sánchez, Antonio Rodríguez Murcia, Antonio Lidón, Pedro Mazón, José
Manuel Cotillas, así como a Jesús Ferrández, del Centro Liberal.
También acusa en su escrito y pide penas de cárcel para tres
funcionarios municipales, entre ellos el exinterventor municipal José
Manuel Espinosa, y un numeroso grupo de familiares de Fenoll y
trabajadores de sus empresas.
Anticorrupción entiende que el industrial oriolano, pieza central del
caso Brugal, y su entorno incurrieron en un delito de asociación
ilícita al conformar una trama mafiosa que no dudó en tratar de
extorsionar a cargos públicos con la amenaza de revelar grabaciones con
información relevante para "doblegar su voluntad".
Así lo hicieron presuntamente con la candidata del PSPV-PSOE a la
alcaldía, Antonia Moreno, en las elecciones de 2007, o el del Centro
Liberal Renovador (CLR), el ya fallecido Joaquín Ezcurra.
Siempre, según el escrito de la Fiscalía, "guiado por el propósito de
compensar las ayudas prestadas hasta el momento por los miembros de las
formaciones políticas que habían servido sus intereses, así como con la
finalidad de conseguir la formación en Orihuela de un Gobierno
municipal proclive", Fenoll financió al PP y al Partido Socialdemócrata
"fuera de los cauces legales".
Concretamente, aportó dinero para una nueva sede del PP en la costa
oriolana y también corrió con los gastos de material publicitario para
la campaña de 2007, mientras que también movilizó a personas para actos
de la alcaldable Lorente, entre otras actuaciones.
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