VALLADOLID.- La Fiscalía de Valladolid ha presentado denuncia contra el exdiputado y exdirigente del PP, el murciano Vicente Martínez Pujalte
por los delitos de falsedad y cohecho presuntamente cometidos mientras
era parlamentario, al simular pagos de diferentes empresas, entre ellos
la vallisoletana Collosa, por trabajos inexistentes mientras ocupaba el
escaño.
La denuncia, según una información de El País, se dirige también contra la exsenadora vallisoletana Ana Torme,
Alejandro Llorente Múñoz, Alejandro Ballestero de Diego (exdiputado del
PP), Juan Antonio Mora Barrero y María del Mar Benito Vega, todos ellos
relacionados con empresas que presuntamente pagaron a Pujalte, a través
de la empresa Sirga XXI Consultores.
Los hechos han sido
investigados por la propia fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez
Jerez, a lo largo del último año, tras lo cual acordó presentar la
citada denuncia que fue turnada al Juzgado de Instrucción nº 5 de la
capital, que finalmente ha decidido inhibirse y remitir la misma al
juez decano de Madrid para turnarla al juzgado que corresponda.
Pujalte y Torme eran dueños al 50% de Sirga XXI Consultores,
creada mientras eran diputados, hasta que en 2011 la parlamentaria le
vendió su participación. A esa sociedad se hicieron los pagos de la
constructora.
Pujalte recibió pagos regulares de la constructora
Collosa, que contrataba con la administración pública, mientras ocupaba
un escaño en el Congreso. En las elecciones generales del pasado mes de
diciembre, ya no concurrió en las listas del PP, tras haberse publicado
la información sobre esos pagos.
La denuncia detalla los ingresos
del despacho entre 2008 y 2014, procedentes de la constructora y de
otras empresas de diferentes sectores.
La
teórica razón de esos pagos era asesoramiento, pero la Fiscalía asegura
que "no se aportan los informes que hubieran podido realizar" y que "el asesoramiento era verbal".
A la vez, la empresa Collosa recibió en esos años, entre 2006 y 2013,
ingresos por contratos con la Junta de Castilla y León por importe total
de 134,4 millones de euros.
Otra empresa, Marcenado Economistas,
paga a la empresa de Pujalte incluso antes de que ésta se haya
constituido legalmente. Esta empresa es de Ricardo Romero de Tejada,
vinculado al PP por haber sido secretario general del partido en Madrid.
También le paga Scardovi, la empresa de Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Aristegui, exdiputados del PP investigados en la Audiencia Nacional.
Le
pagan también la Confederación Empresarial de Madrid, la Confederación
Regional Empresarial de Extremadura y el Consejo Económico y Social de
Extremadura, Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres, entre otros. La
primera aporta una fotocopia de un libro y la segunda "estudios
incompletos".
De la Cámara de Comercio cobró mientras era ponente de la Ley de Cámaras en el Congreso, según se recuerda en el escrito.
"No se aporta el contrato que pudiera sustentar la prestación de servicios",
concluye el escrito de la Fiscalía para todos esos casos y habla del
"carácter simulado en su integridad de las facturas cuyo importe ha
recibido" la empresa de Pujalte.
"En el caso de Corporación
Llorente Muñoz el contrato es previo a la existencia de la sociedad
Sirga XXI, no existe ni un solo informe ni dictamen, es una sociedad con
un importante volumen de negocio que tiene numerosos asesores y
especialistas, muchos de ellos coincidentes con la clase de
asesoramiento que dice recibir de Martínez-Pujalte", añade.
Concluye
que puede ser un delito continuado de falsedad en documento mercantil
de los artículos 390 y 392 del Código Penal y de cohecho continuado de
los artículos 426, 422 y 424, al tratarse, presumiblemente, de
"documentos simulados creados ad hoc para encubrir unos pagos por
servicios inexistentes".
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