CARTAGENA.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Navarro, ha valorado las comparecencias en la Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras del interventor general y del jefe de los Servicios Jurídicos como muy positivas para esclarecer los hechos que rodean la gestión de esta planta.
Navarro destacó, en primer lugar, que el hecho de que se recurriera a
gabinetes privados para que informaran sobre las relaciones
contractuales, sin contar con los Servicios Jurídicos y la Intervención
de la Comunidad deja claro que "fue para sortear los cauces legales y la
normativa que regula la Ley de Contratos de las Administraciones
públicas".
Por otro lado, en opinión del diputado, sorprende que entre los años
2006 a 2015 el Gobierno regional no solicitara ningún informe ni a la
Intervención General ni a los Servicios Jurídicos y que hasta 2015, con
el Gobierno de Garre, no se solicitaran los informes del 30 de abril y
del 18 de mayo a la Intervención General y, posteriormente, en junio de
2015, otro informe al jefe de los Servicios Jurídicos.
Navarro señaló que fue tras el informe especial de la Intervención de
31 de julio de 2015, "donde se apreciaron indicios de responsabilidad
contable", cuando se solicitó por parte de la Intervención la apertura
de un expediente y el nombramiento de un instructor, viéndose forzada la
Comunidad Autónoma a enviar estos informes al Tribunal de Cuentas, que
ha abierto diligencias "por posible responsabilidad contable de
alcance".
A preguntas del Grupo Parlamentario Socialista, el interventor
general ha señalado que la Comunidad ha pagado hasta el 31 de diciembre
de 2015 por desaladora de Escombreras un total de 94 millones de euros,
además de la deuda pendiente de pago de 28 millones de euros a
Hidromanagement y 14 millones a Tedagua. "Según nos consta, durante el
año 2016, la Comunidad no ha efectuado ningún pago a ninguna de estas
dos empresas".
El diputado socialista añadió que "sorprende" que teniendo la
Comunidad unos Servicios Jurídicos propios, con profesionales altamente
competentes, recurra a equipos jurídicos externos (abogado y
procurador), que según la información facilitada por el propio jefe de
los Servicios Jurídicos en su comparecencia de hoy, la minuta del
procurador asciende a 318.000 euros; mientras que según los documentos
que maneja la Comisión, la minuta del abogado podría ascender
apróximadamente a 678.500 euros, "un millón de euros más sumados al
fiasco económico que representa todo el entramado relacionado con
desaladora de Escombreras".
Por último, Jesús Navarro indicó que ante la posibilidad de la compra
por parte de la Comunidad de esta planta desaladora (posibilidad que
apuntaba el interventor general como salida a la actual situación de la
misma) el Grupo Parlamentario Socialista estará vigilante para que antes
de cualquier acuerdo de compra se den todas las garantías, a fin de que
esta operación no sea lesiva para los intereses generales y para el
buen y normal funcionamiento de la planta, avalado por un informe
técnico y una auditoria independiente.
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