miércoles, 25 de mayo de 2016

El PP abandona la comisión parlamentaria de la desaladora por las acusaciones de Diego de Ramón sobre Valcárcel

CARTAGENA.- El Partido Popular ha abandonado hoy la comisión parlamentaria regional que investiga la desaladora de Escombreras ante las acusaciones del abogado Diego de Ramón contra el expresidente regional, Ramón Luis Valcárcel. "Pido a la Policía que detenga a los responsables de esta maquinación", ha dicho el letrado compareciente, como "responsables indiciarios".

El PP ha abandonado la comisión de la desaladora porque el abogado «no tiene nada que ver con la gestión o diseño de la desaladora, salvo emitir juicios de valor sin aportar documentación».
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez, ha dicho que la comparecencia ha sido "un espectáculo bochornoso" porque "De Ramón ha venido a acusar al Partido Popular y al presidente Valcárcel, a quien ha mencionado hasta 62 veces durante sus intervenciones".
El diputado del PP, Juan Luis Pedreño, ha mostrado también su disconformidad con la comparecencia del letrado, al que ha reprochado que no haya presentado ninguna prueba. "Usted tiene algo personal contra la familia de Valcárcel", ha dicho.
El letrado le ha respondido que la mayor parte de los 15.000 folios acumulados desde que la Fiscalía inició la investigación que ahora está siguiendo el Juzgado de Instrucción nº 5 de los de Murcia, los ha presentado él.
Diego de Ramón, el abogado que presentó la primera denuncia en la Fiscalía y que ha dado lugar a la investigación judicial sobre la desaladora de Escombreras, ha asegurado ante la comisión investigadora de la Asamblea Regional que el fraude urbanístico en la Región asciende a "medio billón de euros".
Ha precisado que solo los terrenos adquiridos por Hansa Urbana para construir la urbanización Novo Carthago, junto al Mar Menor, han costado 800 millones".
De Ramón culpa de "la trama" al expresidente regional Ramón Luis Valcárcel. "Es la trama de Murcia, la trama de Valcárcel", ha reiterado.
Recuerda que "la desaladora ha dado cobertura a la recalificación de 180 millones de metros cuadrados, con 800.000 viviendas, que habrían elevado la población regional a cinco millones de habitantes".
Diego de Ramón ha dicho que el auto del magistrado Manuel Abadía sobre la investigación de Novo Carthago, en el que se recoge un fragmento de una conversación atribuida a Carlos Valcárcel, hermano del expresidente regional, confirmaría la conexión de la desaladora con las recalificaciones urbanísticas que han aprobado los ayuntamientos adheridos a los convenios con el Ente Público del Agua. "No lo digo yo, lo dice el auto del juez", reitera.
Según De Ramón, todos los contratos que rodean la gestión de la desaladora se enmarcan en una "conspiración, la de la trama de Murcia, la de la trama de Ramón Luis Valcárcel" que, además de hacer negocios urbanísticos, ocasionó con ellos graves perjuicios a entidades financieras, "principalmente la CAM".
En su opinión, si el Ejecutivo regional hubiera querido garantizar el agua habría negociado los convenios con la Administración General del Estado para obtenerla de las plantas que ya estaban en funcionamiento o en construcción en las provincias de Murcia y Alicante.
El parlamentario ha precisado que cualquier información expuesta ante la comisión que ponga en evidencia la existencia de posibles delitos será enviada a la Fiscalía.
También ha considerado De Ramón que la Intervención y los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma no hicieron nada hasta que Valcárcel salió del Gobierno, en 2014.
Al terminar ha entregado a la comisión investigadora un informe de quince folios, que no se le ha permitido leer durante su comparecencia, y expresado que busca la verdad por razones de conciencia y espíritu democrático. 

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