MURCIA.- La Comisión de Investigación de la desalinizadora de Escombreras que
preside Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional,
continuó hoy su actividad con las comparecencias públicas de Andrés Santiago
Arnaldos, letrado de la sociedad pública de la Comunidad Autónoma
Desaladora de Escombreras y exsecretario del Ente Público del Agua, y
Diego de Ramón, letrado que denunció a la Fiscalía las irregularidades
detectadas por el Tribunal de Cuentas.
Asimismo, intervinieron tres abogados del Bufete Ariño y Villar, que
asesoró a la Consejería de Agricultura cuando creó el Ente Público del
Agua, si bien estos últimos prefirieron que su comparecencia, que se
realizó por videoconferencia, no sea pública. Sánchez afirmó que estos
testimonios "han sido muy interesantes y, por ello, vamos a pedir que
sean públicos".
Sánchez preguntó a Arnaldos sobre la ausencia de reciprocidad en el
contrato que firma la Comunidad Autónoma con la empresa privada y que
incluso existen cláusulas que, a juicio de muchos expertos, se pueden
calificar como "leoninas". A este respecto, Arnaldos afirmó que "ha
existido la posibilidad de eliminar esas cláusulas desde hace varios
años, pero si te dan lo que pides sin necesidad de pleitos, mejor".
El compareciente reveló que ACS propuso al Gobierno regional que
adquiriera la propiedad de la desalinizadora por unos 114 millones de
euros, que es el precio de coste. Sin embargo, el Gobierno no aceptó
esta oferta, y mantuvo los contratos de arrendamiento, lo que podría
significar que la Comunidad se viera obligada a pagar unos 600 millones
de euros cuando finalicen los contratos. En este sentido, Arnaldos
también se refirió a que ACS ofreció la opción de rebajar las
condiciones del contrato, lo de que de haberse llevado a cabo, hubiera
supuesto que la Comunidad Autónoma se ahorrara unos 200 millones de
euros.
Asimismo, el portavoz de Ciudadanos quiso conocer la opinión de
Arnaldos sobre el crédito avalado por la Comunidad Autónoma para
financiar la planta. A este respecto, el compareciente admitió que
emitió "un informe técnico en contra de la validez de la Comfort
Letter".
Sánchez incidió en que la situación actual en la que se encuentra la
desalinizadora fue fruto del diseño inicial. En este sentido Arnaldos
manifestó que el proyecto de la desalinizadora era autosuficiente y que
se vio afectado por la crisis, "pero no sé si era realista".
Posteriormente intervino el abogado Diego de Ramón, quien afirmó que
"la construcción de la desalinizadora de Escombreras es una trama
piramidal que el Gobierno regional creó para dar soporte legal para la
recalificación de terrenos para la construcción de unas 800.000
viviendas".
A preguntas de Sánchez, De Ramón aseguró que “la trama del Gobierno
de Ramón Luis Valcárcel consistía en cambiar el modelo económico de la
Región por un modelo basado en la construcción. En un principio intentó
construir en Lo Poyo, pero el proyecto invadía la zona protegida y las
instancias judiciales no le dieron la razón. Posteriormente, lo
intentaron con Novo Carthago, pero no había agua para poder llevarlo a
cabo".
En este sentido, De Ramón aseguró que el Ente Público del Agua fue
creado para sortear la legalidad vigente (el articulo 25 de la Ley de
Aguas) y que, según un auto del juez Abadía, el abogado Carlos
Valcárcel, hermano del entonces presidente de la Comunidad Autónoma,
realizó labores de intermediario
Durante el transcurso de la comparecencia de Diego de Ramón los
miembros del Partido Popular abandonaron la comisión, lo que a juicio de
Miguel Sánchez "ha sido una estrategia preconcebida para desviar la
atención y que se hable de su ausencia y no de la declaración de De
Ramón, quien está completamente legitimado para comparecer porque fue la
persona que cursó la denuncia, y, por tanto, la Comisión tenía que
hacerle muchas preguntas".
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