MADRID.- La contratación de seguros
agrarios alcanzó máximos históricos en 2015 con un capital asegurado que
superó los 12.000 millones de euros, lo que supone un incremento de
casi un 10% con respecto al ejercicio anterior, según ha constatado el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la
Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA).
El coste neto del seguro, por su parte, se elevó en un 13%, lo
que refleja que no sólo se ha incrementado el capital asegurado, sino
que se han suscrito seguros a un coste más elevado, es decir, que
ofrecen mayores garantías.
El Ministerio ha destacado que estos datos definitivos de
suscripción de seguros agrarios ponen de manifiesto que los agricultores
españoles no sólo mantienen su confianza en el seguro agrario, sino que
han respondido muy positivamente a la evolución favorable del contexto
económico y financiero, con un considerable incremento de la
contratación.
El presupuesto destinado por el Ministerio a la subvención al
seguro agrario que se concede a través de ENESA, tras el ajuste del
ejercicio 2013, se mantuvo estable en los últimos dos ejercicios, y se
ha incrementado en más del 6% en el Plan de Seguros Agrarios Combinados
actualmente vigente, hasta superar los 211 millones de euros.
Los datos provisionales de los primeros meses de 2016 apuntan,
según el Ministerio, a un mantenimiento de esta tendencia favorable.
Entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2016 se han registrado
incrementos con respecto a las cifras del año anterior, tanto en número
de pólizas (2%) como del capital asegurado (19%) y del coste neto (23%).
El Ministerio ha señalado que, desde el punto de vista de la
Administración, las ayudas al seguro agrario constituyen una de las
formas más eficientes de emplear los fondos disponibles, ya que su
carácter público-privado les confiere un efecto multiplicador. Por cada
euro de dinero público que se invierte en subvencionar el Seguro, los
agricultores reciben indemnizaciones por valor de 2,44 euros, que,
además, se tramitan de forma mucho más ágil que las indemnizaciones
públicas directas.
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